La organización Amnistía Internacional (AI) llamó al Estado mexicano a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y señaló que en al menos 14 estados del país, autoridades respondieron a protestas pacíficas con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y discursos que buscan deslegitimar las causas que las originan.
En un comunicado emitido este jueves, AI apuntó que se observó una "tendencia preocupante de represión y estigmatización de la protesta social" al tiempo que recordó que la protesta pacífica "es una forma legítima de exigir justicia cuando otras vías no han funcionado".
Precisó la actuación policial "no está guiada por estándares internacionales", lo que deriva en violaciones graves de derechos humanos y también señaló que esta represión afecta de "manera desproporcionada" a personas de pueblos originarios, personas racializadas, mujeres y colectivas feministas y personas buscadoras y estudiantes
La organización expresó que "particularmente en los últimos meses", en algunas protestas se presentaron prácticas represivas por parte de cuerpos policiales y "un discurso estigmatizante de la protesta social" por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan.
"Esta situación ocurrió este año en al menos 14 estados del país, lo que afecta de manera importante el derecho de las personas a la reunión o protesta pacífica, que es una forma de llamar la atención sobre hechos violatorios de derechos humanos", apuntó AI.
En lo que va del año, precisó, la represión de las protestas sociales se observó en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
"La represión de reuniones o manifestaciones pacíficas tiene otra peculiaridad y es que va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos", añadió.
La organización citó entre los ejemplos emblemáticos las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia o la del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
AI recordó que "la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos" y cuando ese derecho está en juego, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar, sin discriminación, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Por lo anteriormente expuesto, AI llamó al Estado mexicano, que incluye al Ejecutivo Federal y a los estados y municipios a "abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra manifestantes o manifestaciones", a revisar los marcos legislativos para que se apeguen a los estándares internacionales de derechos humanos y a modificar aquellos que son usados para criminalizar la protesta.
El llamado, agregó, incluye revisar la Ley de Uso de la Fuerza; garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y que el uso de la fuerza sea solo en casos excepcionales y configurados por el derecho internacional de los derechos humanos, y bajo los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
Además de abstenerse de usar indebidamente el sistema de justicia para criminalizar la protesta, crear o revisar los protocolos existentes de intervención policial en manifestaciones y crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil.
