Un guatemalteco que fue deportado a México tras entrar en Estados Unidos el año pasado fue devuelto al país el 4 de junio, tras una orden de un juez federal que consideró que la deportación violaba sus derechos.
El hombre, identificado en los documentos judiciales como O.C.G., había dicho a las autoridades de inmigración que temía ser perseguido en México, donde presuntamente había sido violado y secuestrado anteriormente, según los documentos presentados por su equipo legal.
El 23 de mayo, el juez federal Brian Murphy, de Boston, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que devolviera a O.C.G. después de que el Departamento de Justicia reconociera que su afirmación anterior —que no había expresado temor a ser enviado a México— era incorrecta.
La sentencia de Murphy forma parte de una demanda colectiva más amplia presentada por O.C.G. y otros demandantes que impugnan la política del Gobierno de Estados Unidos de expulsar a los no ciudadanos a países distintos del suyo sin tener en cuenta previamente sus problemas de seguridad. La orden judicial bloquea actualmente estas deportaciones sin audiencia previa.
Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración que representa a O.C.G., dijo que su cliente llegó a California en un vuelo comercial y ahora se encuentra bajo custodia del ICE, y que estaba siendo trasladado a un centro de detención en Arizona.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, dijo que «la Administración Trump está comprometida a devolver nuestro sistema de asilo a su intención original».
«El sistema de asilo de Estados Unidos nunca tuvo la intención de ser utilizado como un programa de amnistía de facto o como una tarjeta para salir libremente de la deportación», dijo.
«La persona en cuestión era un extranjero en situación irregular al que se le concedió la suspensión de la expulsión a Guatemala. En su lugar, fue trasladado a México, una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo. Sin embargo, este juez federal activista nos ordenó que lo trajéramos de vuelta para que pudiera tener la oportunidad de demostrar por qué se le debe conceder el asilo en un país con el que no tiene ningún vínculo previo».
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, la Casa Blanca se hizo eco de las preocupaciones del DHS.
«El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump, no a jueces locales al azar con su propia agenda liberal, para dirigir el país», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. «Estos jueces no elegidos no tienen derecho a impedir que la Administración Trump ejerza su legítimo control sobre la política de inmigración y la política de seguridad nacional».
O.C.G. huyó de Guatemala en 2024, según su equipo legal, tras recibir amenazas de muerte debido a su orientación sexual. Entró en Estados Unidos a través de México en mayo de ese año.
En febrero, un juez de inmigración determinó que no debía ser devuelto a Guatemala. Dos días después, las autoridades lo subieron a un autobús con destino a México, según documentos judiciales. Una vez allí, le dijeron que podía esperar en detención para solicitar asilo en México o regresar a Guatemala. Eligió lo segundo y desde entonces se encuentra en paradero desconocido, según sus abogados.
O.C.G. es el primer demandante conocido en el caso que ha sido devuelto a Estados Unidos tras ser deportado.
En un incidente separado citado por los defensores, un inmigrante ilegal y presunto miembro de una banda que residía en Maryland, Kilmar Abrego García, fue deportado a El Salvador en marzo a pesar de una orden judicial que bloqueaba su expulsión. No ha sido devuelto.
El Departamento de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que levante la orden judicial nacional del juez Murphy, argumentando que interfiere con la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional para deportar a personas a terceros países. En un escrito judicial presentado el 27 de mayo, el Departamento de Justicia afirmó que el tribunal había impuesto procedimientos «onerosos» que van más allá de lo que exige la ley y que las normas estaban «causando estragos» en el proceso de expulsión.
La administración afirmó que muchas de las personas afectadas, incluidas algunas destinadas a ser expulsadas a Sudán del Sur, tenían órdenes definitivas de expulsión y condenas penales. Argumentó que la Constitución no exige al DHS proporcionar un proceso adicional más allá de lo que ya se ha concedido en los procedimientos de inmigración y penales.
Murphy declaró que la orden judicial garantizaría que los inmigrantes ilegales tengan una oportunidad justa de alegar temor a la persecución, la tortura o la muerte antes de ser enviados a países donde pueden correr peligro.
Sam Dorman, Aldgra Fredly, Melanie Sun y Reuters contribuyeron a este informe.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
