Un juez federal dictaminó el viernes que la administración Trump debe facilitar el regreso de un inmigrante ilegal de Guatemala que fue deportado a México en febrero, después de que el gobierno admitiera un error en sus declaraciones judiciales sobre su caso.
El guatemalteco, identificado como O.C.G. en los documentos judiciales, abandonó su país en marzo de 2024 y entró en Estados Unidos sin autorización previa para solicitar asilo. Fue enviado de vuelta a Guatemala y, dos meses después, O.C.G. intentó volver a entrar en Estados Unidos a través de México.
Según los documentos judiciales, O.C.G. fue violado y retenido como rehén a cambio de un rescate mientras se encontraba en México— una experiencia que más tarde reveló a un juez de inmigración estadounidense durante un procedimiento de suspensión de expulsión.
Posteriormente, el juez dictaminó que O.C.G. no debía ser devuelto a Guatemala debido a su temor a ser perseguido. Dos días después de que se le concediera la suspensión de la expulsión, fue subido a un autobús con destino a México sin que se le diera la oportunidad de hablar con su abogado, según los documentos judiciales.
Al llegar a México, se le dio a O.C.G. la opción de permanecer detenido mientras solicitaba asilo en México o era devuelto a Guatemala. Eligió regresar a Guatemala, donde permanece desde entonces, según los documentos judiciales.
El juez federal Brian Murphy dijo que los abogados del gobierno inicialmente afirmaron que O.C.G. expresó verbalmente que no temía ser enviado a México, citando datos registrados por los funcionarios de inmigración.
Más tarde, los abogados admitieron que no podían identificar a ningún funcionario de inmigración que respaldara esa afirmación.
«Nadie sugirió nunca que O.C.G. represente ningún tipo de amenaza para la seguridad», afirmó Murphy en una orden de 14 páginas. «En general, este caso no presenta hechos especiales ni circunstancias legales, solo el horror banal de un hombre que fue subido injustamente a un autobús y enviado de vuelta a un país donde, según se afirma, acababa de ser violado y secuestrado».
Murphy reconoció que pueden cometerse errores, pero afirmó que «los acontecimientos que llevaron a esta decisión son preocupantes».
«La corte recibió información falsa, en la que se basó en dos ocasiones, en detrimento de una parte que corría el riesgo de sufrir un daño grave e irreparable», declaró. Murphy ordenó la presentación de pruebas, incluidas las declaraciones de las personas implicadas en la facilitación de la información falsa y las entradas de datos relacionadas.
Trina Realmuto, abogada de O.C.G. en la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, dijo que su equipo legal estaba «eufórico» por la decisión de Murphy y que trabajaría para facilitar un plan de retorno.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.
La decisión se produjo pocos días después de que Murphy dictaminara el 21 de mayo que la administración Trump violó su orden anterior que obligaba a los funcionarios a mantener bajo custodia a los inmigrantes ilegales deportados a Sudán del Sur mientras la corte determina la legalidad de su expulsión.
En otro caso, el gobierno afirmó que por error deportó a Kilmar Abrego García, un inmigrante ilegal salvadoreño y presunto miembro de la banda criminal MS-13, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, a su país de origen en marzo, a pesar de una orden que le protegía de ser expulsado a El Salvador.
La Corte Suprema ordenó a la administración que facilitara su regreso a Estados Unidos. La administración afirmó que carece de autoridad para devolverlo porque ahora se encuentra bajo la custodia de las autoridades salvadoreñas.
Con información de Reuters y Jacob Burg.
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