El 2 de octubre, un juez federal se recusó del juicio de Oregón sobre el plan del presidente Donald Trump de federalizar las tropas de la Guardia Nacional de Oregón para hacer frente a los disturbios civiles fuera de las instalaciones federales de inmigración en Portland.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, presentó una demanda contra la administración Trump el 28 de septiembre después de que el presidente dijera que enviaría tropas para defender las instalaciones de inmigración en Portland de los "terroristas nacionales" . El estado está pidiendo a la corte federal de distrito que declare ilegal el despliegue y lo bloquee, alegando que Trump estaba exagerando la amenaza de las protestas para justificar el control de las tropas de la Guardia Nacional estatal.
El 28 de septiembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorándum dirigido a los mandos de la Guardia Nacional de Oregón en el que solicitaba que 200 miembros del servicio fueran trasladados temporalmente al servicio federal, tal y como permite el título 10 del Código de Estados Unidos.
"200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón serán llamados al servicio federal con efecto inmediato por un período de 60 días", dijo el memorándum de Hegseth.
El juez federal de distrito Michael Simon se recusó del caso horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentara documentos ante la corte en los que se afirmaba que la esposa de Simon, la diputada Suzanne Bonamici (D-Ore.), había criticado públicamente el plan del presidente.
En una conferencia de prensa con la gobernadora de Oregón, Tina Kotek (demócrata), Bonamici dijo que el plan de Trump de tomar el control de las tropas de la Guardia Nacional era un "grave abuso de poder" y que "ningún militar es bienvenido ni necesario aquí", según el DOJ.
El departamento dijo que "el papel único, tanto fáctico como legal y político, que ha desempeñado la esposa del juez Simon en los acontecimientos centrales de esta demanda puede crear una apariencia de parcialidad".
El Departamento de Justicia afirmó que no estaba argumentando que Simon "comparta necesariamente las opiniones de su esposa", sino que otro juez podría estar en mejor posición para asumir el caso sin suscitar dudas sobre un posible sesgo.
Simon emitió una orden el 2 de octubre en la que afirmaba que se recusaba a sí mismo, aunque, en su opinión, la recusación no es necesaria según la ley federal ni el Código de Conducta de los Jueces de Estados Unidos.
El juez dijo que aceptaba retirarse del caso "porque es necesario que esta demanda se centre en las cuestiones constitucionales y legales de importancia crítica presentadas por las partes".
Simon dijo que el secretario de la corte le notificó que el caso había sido reasignado aleatoriamente a la jueza federal de distrito Karin J. Immergut, quien continuará con la audiencia del caso a las 10 a. m. del 3 de octubre.
La Casa Blanca declaró a principios de esta semana que Trump está legalmente autorizado a actuar, citando los meses de violentos disturbios fuera de las instalaciones federales de inmigración en Portland.
"El presidente Trump está utilizando su autoridad legal para ordenar a la Guardia Nacional que proteja los bienes y el personal federal en Portland tras meses de violentos disturbios en los que los agentes han sido agredidos y acosados por manifestantes de izquierda", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a The Epoch Times.
"Las acciones legales del presidente harán que Portland sea más segura".
Desde que regresó a la presidencia en enero, las decisiones de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades como la capital del país, Los Ángeles y Memphis, Tennessee, también se han enfrentado a impugnaciones legales.
Con información de Reuters y Melanie Sun
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