El 1 de agosto, un juez federal rechazó la solicitud de 16 estados de impedir que la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) pusiera fin a la financiación de la investigación concedida a universidades para proyectos relacionados con la diversidad.
La sentencia se deriva de una demanda presentada por 16 estados gobernados por demócratas que solicitaban una medida cautelar para bloquear la aplicación de la directiva prioritaria de la NSF que suspendía la financiación de proyectos destinados a aumentar la participación de las minorías en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).
En un dictamen de 78 páginas, el juez federal de distrito John Cronan denegó la medida cautelar, señalando que el caso implica reclamaciones monetarias y, por lo tanto, es competencia de la Corte Federal de Reclamaciones.
Cronan determinó que los demandantes no demostraron que la directiva de la NSF fuera contraria a sus obligaciones legales imperativas, según la sentencia de la corte.
El juez también afirmó que la directiva de la NSF, según sus términos, no exige a la agencia que deje de apoyar proyectos destinados a aumentar la participación de las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad en los campos STEM, citando las pruebas presentadas por los demandantes.
Por ejemplo, la Universidad del Norte de Colorado declaró que la financiación de la NSF apoyaba nueve de sus programas destinados específicamente a promover la participación de las minorías en los campos STEM. De ellos, solo uno vio interrumpida su financiación tras el cambio de política de la agencia, según la orden judicial.
"Por el contrario, el expediente deja claro que, en virtud de la Directiva de Prioridades, la NSF sigue financiando muchos proyectos que promueven los objetivos del Congreso reflejados en la Ley de la NSF", declaró Cronan.
La NSF publicó sus prioridades actualizadas el 18 de abril, afirmando que los esfuerzos para ampliar la participación en los campos STEM "tienen como objetivo crear oportunidades para todos los estadounidenses en todas partes" y "no deben dar preferencia a algunos grupos en detrimento de otros, ni excluir directa o indirectamente a individuos o grupos".
"Los proyectos de investigación con un impacto más limitado a subgrupos de personas basados en clases o características protegidas no cumplen las prioridades de la NSF", afirma la directiva.
Poco después de la publicación de la directiva, la agencia canceló varias subvenciones que, según afirmaba, no se ajustaban a sus prioridades actuales, muchas de las cuales se encuentran en los estados de los demandantes, según la sentencia.
The Epoch Times se puso en contacto con los demandantes y con la NSF para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Los estados presentaron la demanda judicial el 28 de mayo, alegando que las acciones de la NSF violan las leyes, en particular la separación constitucional de poderes, y "ponen en peligro el liderazgo mundial de Estados Unidos en STEM".
La segunda política de la NSF impugnada en la demanda es el anuncio de la agencia, el 2 de mayo, que limitaría los costos indirectos de los proyectos de investigación al 15 por ciento. Dichos costos incluyen los gastos relacionados con el espacio de laboratorio, el funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de las investigaciones sensibles.
Entre los demandantes se encuentran los estados de Nueva York, Hawái, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Massachusetts.
Con información de Naveen Athrappully.
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