El 13 de junio, un juez federal ordenó al gobierno de Trump restituir a tres miembros de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), argumentando que la Constitución permite limitar la facultad del presidente para destituirlos.
En un dictamen de 31 páginas, el juez federal de distrito Matthew Maddox declaró que el gobierno de Trump destituyó de forma improcedente a los comisionados y que el gobierno debería proporcionarles los recursos necesarios para que cumplan con sus funciones.
La comisión se enfoca en la prevención de lesiones asociadas con productos de consumo mediante la emisión de normas obligatorias, entre otras medidas. También puede realizar investigaciones administrativas y tiene la facultad de emitir y hacer cumplir citaciones.
Los comisionados despedidos, cada uno nombrado por el presidente Joe Biden, presentaron una demanda, alegando que el presidente Donald Trump violó la ley federal al destituirlos sin causa justificada. En respuesta, el Departamento de Justicia afirmó que el Congreso restringió inconstitucionalmente la facultad del presidente para despedir a sus subordinados.
En los últimos meses se han librado batallas legales similares en relación con otras agencias cuyos miembros fueron despedidos por Trump. En conjunto, estas batallas plantean interrogantes sobre el alcance del poder presidencial y el papel del Congreso para proteger a los burócratas de la destitución.
Gran parte del debate gira en torno a una decisión de la Corte Suprema de 1935 conocida como el "Humphrey's Executor". En ese caso, la corte sostuvo que el presidente Franklin Delano Roosevelt despidió indebidamente a un ex miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC), a la que el Congreso intentó proteger de forma similar a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
La corte señaló que la FTC era un organismo multinominal que desempeñaba funciones "cuasijudiciales" o "cuasilegislativas", en lugar de simplemente ejercer algún tipo de función ejecutiva. En su dictamen del 13 de junio, Maddox afirmó que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor "se asemeja a la FTC de 1935 tanto en estructura como en función, y por lo tanto, cumple los requisitos para la excepción del Ejecutor Humphrey" a la facultad de destitución del presidente.
El gobierno señaló otra decisión mucho más reciente de la Corte Suprema, conocida como Seila Law contra la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). En ese caso, la Corte Suprema dictaminó que el director único de la oficina estaba protegido de una manera que violaba la Constitución. A diferencia de la estructura multinominal de la FTC, la CFPB tenía un director único que ejercía mayor poder ejecutivo, según dictaminó la corte en 2020.
El Departamento de Justicia sostuvo en un documento judicial que el Artículo II de la Constitución, que describe la autoridad del presidente, solo permitía dos excepciones limitadas a la facultad del presidente para destituir a funcionarios como los comisionados. Una de ellas se aplicó a través del Albacea de Humphreys, según el Departamento de Justicia, pero no se aplicó a los comisionados que presentaron la demanda.
Entre otras cosas, indicó que la comisión "ejerce un poder ejecutivo significativo" y era diferente de la FTC de 1935. Más específicamente, destacó la "amplia autoridad normativa" de la comisión, que incluía la prohibición de ciertos productos de consumo por considerarlos peligrosos.
"De hecho, el amplio alcance de la autoridad regulatoria de la CPSC, que incluye la facultad de promulgar normas de seguridad para productos de consumo que afectan a decenas de miles de ellos, confirma que la Comisión ejerce un poder ejecutivo significativo", declaró el Departamento de Justicia.
Si bien la Corte Suprema no emite aún un fallo definitivo sobre las destituciones de altos funcionarios por parte de Trump, el departamento señaló cómo la Corte Suprema había permitido temporalmente a Trump destituir a miembros de otras dos agencias. Esos casos involucraron a la Junta Nacional de Relaciones Laborales y a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito. Una orden de la Corte Suprema del 22 de mayo suspendió los fallos de cortes inferiores contra Trump en esos casos mientras se desarrollaban los procesos de apelación.
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