Un grupo de fiscales generales demócratas consiguió el 19 de junio una sentencia favorable de un juez federal de Rhode Island para bloquear temporalmente el plan de la Administración Trump de retener las subvenciones para transporte a los estados que se nieguen a acatar sus políticas de inmigración.
Dos días antes, a raíz de los recientes disturbios contra la inmigración en Los Ángeles, en los que se produjeron saqueos, destrucción de propiedad privada y obstaculización física a los funcionarios de inmigración, el secretario del Departamento de Transporte (DOT), Sean Duffy, dijo en X: «El @USDOT NO financiará a los actores estatales rebeldes que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Y a las ciudades que se queden de brazos cruzados mientras los alborotadores destruyen la infraestructura de transporte, tampoco esperen ni un centavo del DOT. Cumplan la ley o pierdan la financiación».
Su publicación en X se dio en respuesta a la publicación del presidente Donald Trump en Truth Social ese mismo día, en la que decía que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debían «hacer todo lo que estuviera en su mano para lograr el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia».
«Para lograrlo, debemos ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de extranjeros ilegales», escribió el presidente.
«Quiero que el ICE, la Patrulla Fronteriza y nuestros grandes y patriotas agentes del orden se centren en nuestros barrios marginales, plagados de delincuencia y asesinatos, y en aquellos lugares donde las ciudades santuario desempeñan un papel tan importante».
Los fiscales generales demócratas presentaron una demanda el 13 de mayo por la política de recorte de fondos anunciada por Duffy en abril.
Argumentaron que la Administración estaba intentando retener ilegalmente fondos federales para forzar el cumplimiento de requisitos. También argumentaron que Duffy no tenía autoridad para imponer tales condiciones a los fondos ya asignados por el Congreso para ayudar a los estados a mantener carreteras, puentes, autopistas y otros proyectos.
«Está tratando estos fondos, que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración y todo que ver con la seguridad de nuestras comunidades, como moneda de cambio. Pero esto no es un juego», dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una declaración anterior.
El juez federal de distrito John McConnell, en Providence, Rhode Island, concedió la solicitud de la coalición para una orden judicial que impide que la política del Departamento de Transporte entre en vigor, al considerar que era probable que prosperaran al menos algunas de sus alegaciones.
Mientras tanto, la administración argumentó que la retención de fondos era discrecional por parte de Duffy y que las condiciones debían mantenerse, ya que no hay nada de malo en exigir a los estados que cumplan la ley federal.
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar sus comentarios.
Aldgra Fredly y Naveen Athrappully contribuyeron a este artículo.
Con información de Reuters
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