Una juez federal de Massachusetts ordenó el miércoles a la administración Trump que reanudara la tramitación de las solicitudes de los extranjeros que viven en Estados Unidos en virtud de los programas de libertad condicional humanitaria de la era Biden y que solicitan permisos de trabajo o un estatus migratorio más permanente.
Al dictar su orden, la juez dde la Corte de Distrito Indira Talwani coincidió con la administración Trump en que el secretario de Seguridad Nacional tiene amplia discreción para dirigir la política de inmigración.
Sin embargo, rechazó la afirmación de que la suspensión de los programas de libertad condicional entraba en esa amplia discreción y escribió que, "su conclusión de que las acciones del secretario están totalmente protegidas del control judicial es incorrecta".
La juez estuvo de acuerdo con dos organizaciones que demandaron a la administración Trump—Justice Action Center y Human Rights First—y afirmó que probablemente triunfarán en lo sustantivo de su argumento de que cualquier suspensión de los programas era arbitraria y caprichosa.
Talwani también dijo que no conviene al interés público que cientos de miles de inmigrantes pierdan su estatus legal en Estados Unidos.
“Ests Corte enfatiza, como lo hizo en su orden anterior, que no conviene al interés público fabricar una circunstancia en la que cientos de miles de individuos, a lo largo de varios meses, se vuelvan indocumentados en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, escribió Talwani en su orden.
La decisión de Talwani concede un respiro a miles de beneficiarios de programas de libertad condicional humanitaria, entre ellos Uniting for Ukraine, Operation Allies Welcome, Central American Minors Parole, Family Reunification Parole, Military Parole in Place y el proceso disponible para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos conocido como CHNV humanitarian parole.
En virtud de esos programas, se concedió a personas procedentes de Afganistán, América Latina y Ucrania un permiso de dos años para vivir en el país por motivos humanitarios o de interés público.
La administración Trump ha tratado de poner fin al programa de permisos, argumentando que la administración Biden lo utilizó indebidamente para "permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país a 1,5 millones de migrantes".
En agosto de 2024, la administración Biden suspendió el programa de libertad condicional después de que las autoridades descubrieran información fraudulenta en miles de formularios de solicitud presentados por los patrocinadores.
Tras asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump puso fin al servicio de la aplicación CBP One, que se creó bajo la administración anterior para permitir a los migrantes fuera de Estados Unidos programar citas en los puertos de entrada del país.
Tras la orden de Trump, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió una directiva que puso fin a lo que describió como "el abuso generalizado de la libertad condicional humanitaria", devolviendo el programa a un sistema de casos individuales.
Posteriormente, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejaron de tramitar nuevas solicitudes de libertad condicional.
En su fallo, Talwani afirmó que la ley federal sigue exigiendo a los organismos dependientes del DHS que sigan un largo proceso para conceder o denegar la libertad condicional y otras medidas de alivio migratorio.
Una de las órdenes de la administración Trump "no ofrece una explicación razonada de su decisión y, por lo tanto, no hay base para sugerir que dicha medida sea ‘coherente con las leyes, reglamentos y órdenes judiciales aplicables’”, escribió.
Otra directiva que ordenaba examinar determinados programas de libertad condicional para determinar si se ajustaban estrictamente a la ley era “confusa” y "no incluía ninguna conclusión de que los programas de libertad condicional no se ajustaran estrictamente" a la ley, afirmó.
Grupo de derechos humanos celebra el fallo
Anwen Hughes, directora de estrategia jurídica para programas de refugiados de Human Rights First, acogió con satisfacción la decisión. Afirmó que el fallo “reafirma lo que siempre hemos sabido: nuestro gobierno tiene la obligación legal de respetar los derechos de todos los beneficiarios de la libertad condicional humanitaria y de los estadounidenses que los han acogido en sus comunidades”.“Nos complace que la corte haya reconocido nuevamente, con justicia, el daño que las decisiones arbitrarias del gobierno han causado a personas inocentes, y compartimos la esperanza de la juez de que el gobierno cumpla esta orden y reanude de inmediato la adjudicación de las solicitudes de alivio de nuestros clientes”, agregó.
El mes pasado, Talwani impidió que la Administración Trump revocara el estatus de libertad condicional de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La administración solicitó a la Corte Suprema que suspenda su decisión, argumentando que impide al poder ejecutivo "ejercer su autoridad discrecional sobre un aspecto clave de la política de inmigración y exterior de la nación y frustra el mandato expreso del Congreso de que esa decisión corresponde al secretario, no a los tribunales".
The Epoch Times contactó al Departamento de Seguridad Nacional para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
Con información de Aldgra Fredly.
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