Un juez federal declaró durante una audiencia el 7 de mayo que pedirá al gobierno más información sobre los términos del acuerdo con el gobierno de El Salvador, bajo el cual decenas de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos están detenidos en una megacárcel.
El juez de distrito James E. Boasberg también cuestionó si el presidente Donald Trump fue sincero cuando dijo el mes pasado que podía lograr el regreso de un hombre deportado con solo llamar al presidente de El Salvador.
Boasberg dijo que necesitaba más información para determinar si el gobierno de EE.UU. mantiene lo que se llama “custodia constructiva” sobre los aproximadamente ciento cuarenta hombres deportados a El Salvador en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que significaría que podría traerlos de regreso si él lo ordenara.
El gobierno, que deportó a los hombres como parte de una ofensiva contra presuntos pandilleros, ha argumentado que no puede obtener la custodia de los deportados, quienes están actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, en el país centroamericano.
Boasberg se refirió a declaraciones recientes de Trump en una entrevista con ABC News, en la que el presidente dijo que “podía” traer de regreso a Estados Unidos al ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García, de 29 años, con solo llamar al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Abrego García fue encarcelado en El Salvador hace casi siete semanas.
Las autoridades estadounidenses afirman que es un inmigrante ilegal y presunto miembro de la pandilla MS-13. Su familia y sus abogados han negado esas acusaciones.
“Si fuera el caballero que ustedes dicen que es, lo haría. Pero no lo es”, dijo Trump a ABC News. “Yo no soy quien toma esta decisión… Si yo fuera el tipo de presidente que solo quiere hacer cualquier cosa, probablemente lo dejaría donde está”.
Juez cuestiona declaraciones de Trump
Boasberg le preguntó al abogado del gobierno, Abishek Kambli, si las declaraciones de Trump eran verdaderas.“¿No dijo el presidente la semana pasada que podía lograr el regreso del señor Abrego García con solo levantar el teléfono y pedirle al presidente de El Salvador que lo liberara?”, dijo Boasberg. “Entonces, ¿el presidente no está diciendo la verdad?”
Kambli respondió que esas y otras declaraciones públicas de funcionarios de la administración Trump sobre la relación con El Salvador carecían de “matices”.
El abogado se negó a proporcionar a Boasberg información sobre el acuerdo entre la administración y el presidente de El Salvador.
Tras los vuelos de deportación en marzo, la Corte Suprema falló por unanimidad que Trump podía usar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra del siglo dieciocho, para deportar a presuntos pandilleros. Sin embargo, el máximo tribunal del país estableció que los deportados deben tener la oportunidad adecuada de impugnar su expulsión ante un tribunal.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los venezolanos, ha solicitado a Boasberg que ordene a Trump facilitar su regreso, argumentando que no se les dio esa oportunidad.
Boasberg no emitió un fallo inmediato sobre la solicitud de la ACLU, pero dijo que el grupo probablemente había demostrado que Estados Unidos seguía siendo, en última instancia, responsable del encarcelamiento de los inmigrantes ilegales a pesar de que están detenidos en El Salvador.
Aunque reconoció que los hombres deportados en los vuelos de marzo no pudieron impugnar su expulsión, Kambli argumentó que Boasberg no puede concluir que Estados Unidos aún tiene custodia de ellos.
Si el gobierno de EE.UU. solicitara el regreso de los hombres, Kambli dijo, “El Salvador puede decir: ‘No’”.
The Epoch Times contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios adicionales.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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