Un juez federal ordenó suspender temporalmente el intento del gobierno de Trump de imponer que las organizaciones que reciben fondos para atender la violencia doméstica no promuevan la ideología de género, el aborto electivo y la diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En su orden del 10 de octubre, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Rhode Island, Melissa DuBose, dijo que las condiciones de la administración probablemente violaban la Constitución, así como la prohibición de acciones arbitrarias y caprichosas establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Dijo que la administración no logró articular una explicación satisfactoria para sus nuevas condiciones y no consideró el daño que su decisión tendría sobre las organizaciones y las poblaciones a las que sirven.
Dubose también dijo que las condiciones eran lo suficientemente vagas como para que probablemente violaran la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución. “Las frases ‘promover la ideología de género’ y ‘promover el aborto electivo’ ocultan el significado como muñecas rusas apiladas una dentro de otra”, escribió Dubose.
Su orden se aplica a las subvenciones provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
“Sin una medida cautelar preliminar, los demandantes enfrentarán un daño irreparable que interrumpirá los servicios vitales para las víctimas de falta de vivienda y de violencia doméstica y sexual”, dijo DuBose.
Su orden se dirigía a las condiciones que hacían referencia a múltiples órdenes ejecutivas, incluida una centrada en el género y otra en el aborto. Esta última, firmada por el presidente Donald Trump en enero, se enfocaba en hacer cumplir la Enmienda Hyde, que impide la financiación federal para la mayoría de los abortos.
La otra orden instruía a las agencias a “tomar todas las medidas necesarias, según lo permita la ley, para poner fin a la financiación federal de la ideología de género”. Decía que “la ‘ideología de género’ reemplaza la categoría biológica de sexo con un concepto cambiante de identidad de género autoevaluada, permitiendo la afirmación falsa de que los hombres pueden identificarse como mujeres y, por lo tanto, convertirse en mujeres, y viceversa, y exigiendo que todas las instituciones de la sociedad consideren esta afirmación falsa como verdadera”.
El Departamento de Justicia había argumentado que la Constitución le permitía condicionar los fondos y que había informado adecuadamente a las organizaciones que presentaron la demanda.
“La Primera Enmienda permite al Gobierno establecer condiciones de gasto para el uso de sus fondos”, dijo el departamento en agosto.
Aunque DuBose reconoció que el gobierno no está obligado a subvencionar ciertas actividades, sugirió que la administración Trump fue demasiado lejos al imponer condiciones que iban más allá de lo establecido por el Congreso en la ley.
“La naturaleza categórica y expansiva de las condiciones impugnadas indica que los demandados negarán la financiación federal a toda una clase de programas únicamente por su punto de vista”, dijo. “No cabe duda de que, en este caso, la financiación federal se está utilizando como incentivo.”
La orden de la jueza fue el último acontecimiento dentro de un grupo de demandas que impugnan los intentos de la administración de establecer condiciones adicionales sobre quién recibe subvenciones relacionadas con la violencia doméstica. En agosto, otro juez en Rhode Island bloqueó condiciones similares en las subvenciones del Departamento de Justicia.
La administración había argumentado que tenía la discreción para imponer ciertas condiciones y que el tribunal carecía de jurisdicción para conocer el caso.
Más específicamente, el Departamento de Justicia señaló una ley conocida como la Ley Tucker, que otorga al Tribunal de Reclamaciones Federales de EE. UU. jurisdicción sobre disputas contractuales y monetarias con el gobierno federal.
En los diversos desafíos a la agenda de Trump, la administración ha invocado repetidamente la Ley Tucker para argumentar que las demandas se presentaron en el tribunal equivocado. En uno de esos casos, la Corte Suprema suspendió temporalmente el bloqueo impuesto por un tribunal inferior al intento de la administración de congelar las subvenciones del Departamento de Educación.
En agosto, el Departamento de Justicia sugirió que DuBose debía seguir el ejemplo de la Corte Suprema.
DuBose dijo que tenía jurisdicción porque el caso trataba sobre las condiciones de las subvenciones y no sobre pagos perdidos. Su razonamiento reflejó el del otro juez de Rhode Island que falló sobre las subvenciones del Departamento de Justicia.
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