El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) va a cancelar USD 60 millones en subvenciones federales a la Universidad de Harvard, en la última escalada de los esfuerzos de la Administración Trump para presionar a la universidad de la Ivy League para que cambie su política.
En una publicación en X el lunes, el HHS dijo que la decisión de revocar varias subvenciones plurianuales se debe a la «continua falta de respuesta de la universidad al acoso antisemita y la discriminación racial».
«En la Administración Trump no se tolerará la discriminación en los campus», reza la publicación. «Los fondos federales deben apoyar a las instituciones que protegen a todos los estudiantes».
El HHS respondió a una solicitud de comentarios remitiéndose a un informe de The Daily Caller, en el que se afirmaba que la cancelación se debía a fondos relacionados con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Harvard no respondió a una solicitud de comentarios. El presidente de Harvard, Alan Garber, mantuvo que la universidad «dedicó esfuerzos considerables» para abordar el antisemitismo en el campus desde los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la respuesta de Israel en Gaza, que desencadenaron una ola de protestas en todo Estados Unidos.
El anuncio del HHS se produce tras dos recortes mucho mayores por parte de la administración Trump y eleva el importe total de los fondos federales cancelados o congelados en Harvard a más de USD 2.7 mil millones en los últimos dos meses. La administración también está tratando de revocar la exención fiscal de Harvard.
Las crecientes tensiones entre Harvard y la administración Trump se centraron inicialmente en el antisemitismo en el campus, pero desde entonces se amplió para incluir cuestiones como el sesgo ideológico y el compromiso de Harvard con los objetivos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que según la administración contravienen las leyes federales contra la discriminación.
En una carta fechada el 11 de abril, la Administración acusó a Harvard de no «cumplir con las condiciones intelectuales y de derechos civiles que justifican la inversión federal». La carta esbozaba una serie de exigencias radicales, entre ellas el cierre de todas las oficinas de DEI, la revisión del proceso de admisión internacional para descartar a los solicitantes considerados «hostiles a los valores estadounidenses» o «partidarios del terrorismo o el antisemitismo», y la realización de una auditoría externa del profesorado, el alumnado y la dirección para evaluar la «diversidad de puntos de vista».
La administración también pidió una auditoría de programas específicos, entre los que destaca el Centro de Estudios de Oriente Medio, que supuestamente «alimentan el acoso antisemita o reflejan una captura ideológica». La auditoría tendría que identificar a cualquier miembro del profesorado que «discriminara a estudiantes judíos o israelíes» o «incitado a los estudiantes a violar las normas de Harvard» en las protestas del campus.
El 16 de abril, Harvard hizo públicas tanto la carta de la administración como la respuesta de Garber, en la que rechazaba categóricamente las condiciones propuestas y afirmaba que la universidad «no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales».
El 14 de abril, la administración anunció que congelaba USD 2.2 mil millones en subvenciones federales plurianuales a Harvard.
El 13 de mayo, la administración dijo que revocaría otros USD 450 millones en subvenciones federales a Harvard, alegando que la universidad no «abordó la discriminación racial generalizada y el acoso antisemita que azota su campus». La decisión también se vinculó a las acusaciones de que la Harvard Law Review, una publicación dirigida por estudiantes, discriminaba a los solicitantes blancos en la selección de artículos y miembros del consejo editorial.
Harvard presentó una demanda federal contra la congelación de los fondos, en la que solicita a la corte que suspenda y declare ilegal la suspensión de USD 2.2 mil millones, así como cualquier futura congelación impuesta en base a lo que describe como «condiciones inconstitucionales».
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