El 19 de septiembre, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema una orden de emergencia que le permitiera revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 300,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
La solicitud de emergencia en el caso Noem contra la Alianza Nacional TPS se dirigió a la jueza Elena Kagan, que se encarga de las apelaciones de emergencia relacionadas con California.
El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros acontecimientos extraordinarios permanecer en Estados Unidos. Este estatus permite al gobierno federal desarrollar una vía para la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes que cumplan los requisitos y no puedan regresar a sus países de origen de forma segura. El Congreso aprobó una ley por la que se creaba este estatus en 1990.
La solicitud de emergencia del gobierno se refiere a la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la designación del TPS para los venezolanos con respecto a aquellos que se convirtieron en beneficiarios del TPS en octubre de 2023, según la solicitud.
La solicitud se presentó después de que el juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, dictaminara el 5 de septiembre que la decisión de Noem de revocar el TPS a 600,000 inmigrantes venezolanos y 500,000 haitianos era ilegal.
Chen dijo que Noem no debió revocar la condición de los titulares del TPS, "enviándolos de vuelta a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen".
"La decisión del secretario de revocar el TPS no solo no tiene precedentes en cuanto a la forma y la rapidez con que se tomó, sino que también [viola] la ley", dijo.
El juez dictaminó que, al cancelar las designaciones del TPS que emitió la administración Biden, las acciones de Noem fueron "arbitrarias y caprichosas, por lo que deben ser anuladas en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo".
La Ley de Procedimiento Administrativo es una ley federal promulgada en 1946 que rige los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El difunto senador estadounidense Pat McCarran (D-Nev.) dijo que la ley era "una carta de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos están controlados o regulados de una forma u otra por agencias del gobierno federal".
El juez dijo que la administración Trump puso fin al TPS "en un plazo sin precedentes". Su proceso de toma de decisiones fue "muy truncado y condensado, ya que se llevó a cabo en un breve período de tiempo (en el caso de Venezuela, solo unos días) y, al parecer, sin consultar a las agencias pertinentes".
El 17 de septiembre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos denegó la solicitud del gobierno federal de suspender la sentencia de Chen mientras se examina la apelación del gobierno contra la decisión.
"Anular y poner fin al estatus TPS de Venezuela sumió el futuro de estos ciudadanos venezolanos en el caos y los expuso a un riesgo sustancial de expulsión indebida, separación de sus familias y pérdida de empleo", dice la sentencia.
"El Congreso no contempló tal resultado y nos negamos a tomar la medida extraordinaria de suspender la orden de la corte de distrito, tal y como solicitan los demandados del gobierno".
El fiscal general D. John Sauer dijo en la nueva solicitud que la corte de distrito se equivocó al determinar que tenía autoridad para revisar la revocación de la designación TPS por parte de Noem y rechazar su autoridad para realizar la revocación.
Sauer señaló que el 19 de mayo la Corte Suprema aprobó en una solicitud previa la petición del Gobierno federal de retirar el TPS a los venezolanos en Estados Unidos. En una breve orden judicial, la alta corte suspendió la orden anterior de Chen, de 31 de marzo, que consideraba que Noem carecía de autoridad para cancelar la designación del TPS.
Dado que la Corte Suprema ya determinó en mayo que las medidas de Noem relativas a la designación del TPS para Venezuela debían seguir en vigor mientras continuaba el litigio en este caso, la corte "debería restablecer la suspensión hasta que se resuelva el fondo del asunto".
La ley que creó el TPS "excluye claramente la revisión judicial" de las acciones de Noem, dijo Sauer.
El demandado, National TPS Alliance, presentó un escrito de oposición el 19 de septiembre contra la solicitud de suspensión de la sentencia de Chen del 5 de septiembre.
Suspender la orden de Chen sería perjudicial, según el escrito.
"La orden de la corte de distrito lleva ya diez días en vigor, durante los cuales los titulares venezolanos del TPS volvieron a sus puestos de trabajo, conservaron sus permisos de conducir, consiguieron la libertad tras su detención por inmigración y, en general, están disfrutado de las ventajas del estatus TPS".
Cualquier dificultad que pueda experimentar el gobierno "se ve ampliamente compensada por el grave perjuicio irreparable —incluido el encarcelamiento ilegal en virtud de las leyes de inmigración y la deportación a un país considerado inseguro por el Departamento de Estado— que sufrirían [los titulares del TPS]", dice en el escrito.
La jueza Kagan o el pleno de la Corte Suprema podrían pronunciarse sobre la solicitud en cualquier momento.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
