La presidenta peruana Dina Boluarte fue destituida el viernes después que el Congreso la declarara "moralmente incapacitada" tras una serie de escándalos.
El 10 de octubre, los bloques políticos presentaron mociones para destituir a Boluarte por "incapacidad moral". Su mandato debía terminar el 28 de julio de 2026.
Boluarte, de 63 años, tenía bajos índices de aprobación tras las acusaciones de que se había beneficiado ilícitamente de su cargo y era responsable de la represión letal de las protestas.
Según las cifras de Ipsos Perú en enero, ella tenía un 5 % de intención de voto.
Según la Agencia EFE, la agencia de noticias internacional estatal española, la presidenta se negó a asistir a la cámara y no salió del Palacio de Gobierno en todo el día hasta que se completó la destitución.
Según la agencia, horas más tarde, Boluarte se despidió "con un mensaje a la nación, que fue cortado por todos los canales de televisión que lo retransmitían, incluida la estatal TV Perú y en el que aceptaba su destitución".
El presidente del Parlamento, José Jeri, tomó posesión como séptimo presidente de Perú desde 2016.
Culpó a Boluarte de los problemas que afectan al país, como el aumento de la delincuencia. En marzo, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la capital, Lima y desplegó soldados en las calles para ayudar a sofocar la reciente oleada de violencia.
"El principal enemigo está ahí fuera, en las calles: las bandas criminales", dijo Jeri. "Debemos declarar la guerra al crimen".
Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 después que su predecesor, el presidente Pedro Castillo, bajo cuyo mandato había ejercido como vicepresidenta, fuera destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso.
Castillo se encuentra actualmente en prisión y se enfrenta a 34 años de cárcel si es declarado culpable de los cargos de "rebelión", abuso de autoridad y alteración del orden público.
El gobierno de Boluarte se vio sacudido por una crisis política alimentada por un escándalo relacionado con relojes de lujo.
En marzo de 2024, un programa de televisión llamado "La Encerrona" destacó que Boluarte llevaba un reloj Rolex que valía hasta 14,000 dólares en Perú. Otros programas de televisión mencionaron posteriormente al menos otros dos Rolex. Esto dio lugar a una investigación.
En abril, agentes de policía armados derribaron la puerta principal de la casa de Boluarte con un ariete en busca de relojes Rolex.
La redada supuso la primera vez en la historia de Perú, que la policía entraba por la fuerza en la casa de un presidente en ejercicio.
Ella ha negado las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
En julio, decidió duplicar su salario.
El salario del presidente se había fijado anteriormente en 15,600 soles (4400 dólares), un nivel introducido en 2006 cuando el entonces presidente Alan García lo redujo de 42,000 soles. Luego lo aumentó a 35,568 soles (10,067 dólares), unas 30 veces más que el salario mínimo de Perú.
Según los Informes sobre Prácticas de Derechos Humanos por Países de 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no hubo problemas significativos en materia de derechos humanos en el país.
Dijo que había informes creíbles de graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra periodistas y la censura, así como la violencia contra líderes sindicales.
El informe indica que los fiscales avanzaron en las investigaciones sobre 50 civiles presuntamente asesinados por las fuerzas de seguridad entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 durante protestas políticas.
Señalaba que, en los primeros nueve meses de 2024, los fiscales formalizaron acusaciones contra 35 oficiales militares y un agente de policía por responsabilidad directa o indirecta en 10 muertes en Ayacucho en diciembre de 2022 y contra 198 oficiales de policía y militares por la muerte o lesiones graves de 317 ciudadanos.
En julio de 2024, el Congreso de Perú rechazó la solicitud del fiscal general de levantar la inmunidad de Boluarte para que pudiera ser investigada por su presunta participación en las muertes ocurridas durante las protestas de 2022-2023.
Boluarte negó tener conocimiento de la situación sobre el terreno durante su testimonio oficial.
También se enfrentó a una investigación por abandonar su cargo después de someterse a una operación secreta de rinoplastia sin informar al Congreso de que cedería temporalmente sus funciones como jefa de Estado.
Boluarte también negó esa acusación.
Con información de Reuters y Associated Press.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
