El 21 de agosto, la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, apeló una sentencia dictada por un juez federal que detenía la ampliación del centro de detención de inmigrantes ilegales "Alligator Alcatraz" en los Everglades.
La apelación se produce tras la sentencia de la jueza estadounidense Kathleen Williams, el 21 de agosto, a favor de los grupos ecologistas que habían presentado una demanda contra las instalaciones, alegando que ponen en peligro los Everglades y su fauna.
La sentencia exige al estado que deje de enviar detenidos al centro y prohíbe nuevas construcciones en el mismo. También ordena que se desmantelen algunos aspectos de las instalaciones a medida que los detenidos actuales sean trasladados a otros lugares.
En respuesta, DeSantis dijo en una rueda de prensa el 22 de agosto que el estado sigue comprometido con su misión de expulsar a los inmigrantes ilegales, a pesar de la orden de la jueza sobre el uso del centro de detención.
El gobernador afirmó que la sentencia del juez era esperada y que su oficina "respondería en consecuencia".
"Este es un juez que no iba a ser imparcial. Esto estaba predeterminado", afirmó. "Esto no nos va a disuadir. Vamos a seguir trabajando en las deportaciones, avanzando en esa misión".
DeSantis calificó Alligator Alcatraz de éxito, citando la creciente demanda de instalaciones similares. El estado tiene previsto abrir un segundo centro de detención en el condado de Baker. Dijo que la nueva instalación, que se llamará "Deportation Depot", tendrá capacidad para albergar hasta 2000 detenidos.
"Esta misión es importante. O tienes un país o no lo tienes. Hay personas en este país a las que el sistema actual ya ha ordenado expulsar y, sin embargo, la administración anterior no quiso hacer nada al respecto", afirmó.
El estado presentó un aviso de apelación ante el Undécimo Circuito el 21 de agosto.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró el día X que la apelación se presentó "a las pocas horas" de la sentencia. La instalación "sigue operativa" para apoyar los esfuerzos del estado en materia de inmigración, añadió.
En la orden, Williams exigió a las autoridades que retiraran "todos los generadores, gas, alcantarillado y otros residuos y recipientes de residuos que se instalaron para apoyar este proyecto" en un plazo de 60 días. También deben retirarse algunas vallas y la iluminación adicional que ya se había instalado.
El juez afirmó que la decisión estaba motivada por el deseo de alinearse con la legislación medioambiental de Florida que protege los Everglades, en peligro de extinción.
Durante varios años, "todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinnúmero de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades", escribió Williams. "Esta orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas".
Con información de Joseph Lord.
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