Eliminan 123 contratos gubernamentales derrochadores de más de USD 5000 millones, según DOGE

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) rescindió 123 “contratos innecesarios” en los últimos cinco días, con un valor máximo de 5300 millones de dólares y un ahorro de 4200 millones, según anunció el DOGE en una publicación del 16 de agosto en X.

Entre los contratos cancelados se encuentra uno del Departamento del Interior por valor de 857,000 dólares para un asesor técnico en Lagos, Nigeria, según DOGE.

Otro acuerdo cancelado era un contrato del Departamento del Tesoro por valor de 1.5 millones de dólares para “formación en procesamiento de textos y formateo de documentos” para la Oficina de Capital Humano y el IRS, así como para su división de pequeñas empresas y autónomos, según el DOGE.

También se canceló un contrato de consultoría del Departamento de Estado por valor de 785,000 dólares para la contratación de personal, añadió.

En una publicación del 17 de agosto en X, DOGE desestimó los informes de los medios de comunicación que afirmaban que el ahorro de costes que reporta utiliza una metodología errónea, ya que se basa en los valores máximos de un contrato —el gasto máximo permitido— y no en las cantidades reales ahorradas.

DOGE calificó estos informes como “un caso clásico de noticias falsas”.

“En los contratos federales, los límites máximos son importantes porque casi siempre se agotan”, afirmó DOGE.

Por ejemplo, “de los 5.4 millones de adjudicaciones al final del contrato en el año fiscal 2024, el 98.12 % se gastó hasta el límite máximo”, afirmó.

El gestor de fondos de cobertura Bill Ackman respaldó a DOGE en una publicación hecha el 18 de agosto en X.

“@DOGE está haciendo un gran trabajo. ¡Gracias, equipo DOGE!”, dijo.

Hasta el 15 de agosto, DOGE le había ahorrado al Gobierno federal unos 205,000 millones de dólares, según la página web de la iniciativa, lo que supone un ahorro de 1273.29 dólares por contribuyente estadounidense, según el departamento.

El ahorro se ha conseguido mediante la cancelación y renegociación de contratos y arrendamientos, la venta de activos y la cancelación de subvenciones.

Entre los departamentos y agencias que más han contribuido al ahorro se encuentran el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Defensa, la Administración de la Seguridad Social, la Administración de Pequeñas Empresas y la Oficina de Gestión de Personal.

La sección “Grandes éxitos” del sitio web del DOGE afirma que entre los “usos más extraños y desconcertantes” de los fondos públicos cancelados por DOGE se encuentra una subvención de 1.5 millones de dólares al Centro para el Avance de la Justicia Reproductiva y la Salud Conductual para “mujeres negras embarazadas o en posparto y personas que dan a luz”.

Otros contratos cancelados incluyen una subvención de 6.9 millones de dólares para el desarrollo de la salud mental desde “un enfoque antirracista” y una subvención de 10 millones de dólares para “descolonizar el plan de estudios”.

Acceso a los datos de DOGE

Los empleados de DOGE han accedido a datos confidenciales de varias agencias federales, entre ellas el IRS, la Administración de la Seguridad Social, el Departamento de Transporte y la Administración de Veteranos, a pesar de que el personal tenía “poca formación y escasas cualificaciones”, según el comunicado.

Dicho acceso supone “riesgos sustanciales” para los datos y el bienestar de los estadounidenses, según el comunicado. Los errores y vulnerabilidades dejados por el personal de DOGE al acceder a los sistemas ponen en riesgo el robo de datos confidenciales, según el comunicado del senador.

“Los chicos de DOGE se han colado en los sistemas de datos más confidenciales de los estadounidenses, alegando que persiguen el 'despilfarro, el fraude y el abuso', cuando en realidad son ellos los que crean despilfarro, fraude y abuso. Están destruyendo la confianza de los estadounidenses en unos sistemas gubernamentales que antes eran fiables y podrían estar vendiendo los datos robados a sus amigos de las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial”, afirmó Whitehouse.

“La ley Pick Up After Your DOGE Act protege a las personas mayores y a todos los estadounidenses al corregir cualquier error o puerta trasera que DOGE pueda haber creado de forma intencionada o por negligencia en la Seguridad Social, Medicare y otros sistemas de datos gubernamentales altamente sensibles”.

Mientras tanto, la administración Trump obtuvo una victoria en la cuestión del acceso de DOGE a los datos de los departamentos federales, ya que la Corte de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos levantó el bloqueo impuesto a dicho acceso el 12 de agosto.

La demanda fue presentada en febrero por un grupo de personas y sindicatos que argumentaban que DOGE estaba “irrumpiendo en sistemas de registros gubernamentales sensibles” y comprometiendo la seguridad de los datos personales de los estadounidenses.

A continuación, un juez de distrito dictó una orden judicial preliminar que prohibía a determinados organismos federales revelar datos a DOGE.

Sin embargo, en una decisión de 2 a 1, el tribunal de apelación levantó la prohibición, y el juez Julius Richardson sugirió que era imposible que los empleados de DOGE realizaran su trabajo sin acceso a los datos gubernamentales.

“Insistir en que los afiliados a DOGE expliquen por adelantado la información exacta que necesitan y por qué es exigirles algo que roza la clarividencia”, afirmó Richardson.

“Por lo tanto, no es descabellado pensar que un empleado encargado de modernizar el software y los sistemas informáticos de una agencia necesite acceso de administrador a dichos sistemas, incluidas las bases de datos internas, especialmente cuando se lleva a cabo el estudio inicial de los problemas tecnológicos de la agencia”.