El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) declaró el 23 de abril que no infringió una orden judicial que impedía al Gobierno deportar a inmigrantes ilegales.
El Gobierno estadounidense deportó a cuatro inmigrantes ilegales a El Salvador el 31 de marzo, tres días después de que el juez federal Brian E. Murphy prohibió al Gobierno deportar a inmigrantes ilegales a cualquier país que no sea su país de origen sin darles la oportunidad de presentar pruebas de que su expulsión pondría en peligro sus vidas.
Las personas, tres de las cuales fueron identificadas como miembros de la banda Tren de Aragua y todas ellas originarias de Venezuela, fueron deportadas a El Salvador por el Departamento de Defensa, según informó el Gobierno a Murphy en documentos judiciales.
No había personal del DHS a bordo del vuelo y el DHS no ordenó al Departamento de Defensa que expulsara a los inmigrantes ilegales, dijo Tracy Huettl, jefa de operaciones sobre el terreno en el suroeste de la división de Inmigración y Control de Aduanas del DHS responsable de la expulsión de inmigrantes ilegales, en uno de los documentos.
Huettl afirmó que todos los hombres fueron condenados por delitos y que los jueces de inmigración ordenaron su deportación y que permanecieron recluidos en Guantánamo, Cuba, hasta que fueron deportados.
Otros dos inmigrantes ilegales procedentes de Venezuela fueron deportados a México antes de la orden de Murphy, añadió. Los oficiales de inmigración preguntaron a uno de esos inmigrantes ilegales si temía ser enviado a México, según escribió Mary Larakers, abogada del Departamento de Justicia, en otro escrito.
"En ese momento, afirmó que no tenía miedo de regresar a México", dijo.
El hecho de que las deportaciones fueran llevadas a cabo por el ejército significaba que "el DHS no violó la orden judicial provisional", dijo Larakers.
El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.
Murphy dijo en su orden del 18 de abril que cuando el Gobierno de Estados Unidos envía a inmigrantes ilegales a un país que no es su país de origen, se les debe informar sobre el lugar al que se les envía y se les debe dar la oportunidad de plantear sus preocupaciones en materia de seguridad.
"Antes de expulsar a cualquier extranjero a un tercer país, es decir, a cualquier país que no figure explícitamente en la orden de expulsión del extranjero, los demandados deben: (1) notificar por escrito al extranjero —y a su abogado de inmigración, si lo tiene— el tercer país al que puede ser expulsado, en un idioma que el extranjero pueda entender; (2) proporcionar al extranjero una oportunidad significativa para plantear su temor a ser devuelto y poder acogerse a las protecciones de la [Convención contra la Tortura], (3) reabrir el procedimiento si el extranjero demuestra 'temor razonable' y (4) si se determina que el extranjero no demostro 'temor razonable', proporcionarle una oportunidad significativa, y un mínimo de 15 días, para que solicite la reapertura del procedimiento de inmigración para impugnar la posible expulsión a un tercer país", escribió el juez en ese momento.
Otros casos que impugnan la expulsión de inmigrantes ilegales por parte del Gobierno también están avanzando en las cortes desde que el presidente Donald Trump declaró en marzo que Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos y ordenó a los funcionarios estadounidenses deportar a los miembros de la pandilla.
El martes, la jueza federal Charlotte N. Sweeney ordenó que el Gobierno debe notificar con tres semanas de antelación a los venezolanos detenidos por presuntos vínculos con la banda antes de expulsarlos del país.
Los abogados del Gobierno afirmaron en una moción de emergencia para suspender la orden de Murphy, que esta impone requisitos que no se encuentran en la ley y que la corte de distrito carece de jurisdicción según la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dijo el miércoles que recibió la moción y ordenó a los abogados de los inmigrantes ilegales que demandaron al Gobierno que presentaran una respuesta antes de las 5 p. m. del 28 de abril.
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