La administración Trump debe proporcionar a los venezolanos que sean arrestados por presuntos vínculos con la banda Tren de Aragua (TdA) un aviso con tres semanas de antelación antes de deportarlos del país, dictaminó una jueza federal el 11 de abril.
Una orden de restricción temporal de la jueza de distrito de EE. UU., Charlotte N. Sweeney, se aplica a todos los no ciudadanos en Colorado que hayan estado, estén o vayan a estar sujetos a la proclamación de marzo del presidente Donald Trump, que declara una invasión a Estados Unidos por parte del TdA y ordena la deportación de sus miembros.
Según la orden, los funcionarios del gobierno deben proporcionar un aviso de 21 días a los no ciudadanos informándoles que el gobierno tiene la intención de deportarlos, que pueden contratar a un abogado y que tienen derecho a solicitar una revisión judicial.
El aviso “debe estar escrito en un idioma que la persona entienda”, escribió Sweeney.
La jueza también ordenó al gobierno no deportar a ninguno de los no ciudadanos afectados desde Colorado, al menos hasta el 6 de mayo. Para entonces, la orden de restricción podría ser extendida o convertirse en una orden judicial preliminar, que es una medida de protección a más largo plazo.
Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a dos ciudadanos venezolanos que fueron detenidos bajo la proclamación de Trump y dijeron temer ser deportados.
Los abogados de la ACLU también pidieron al tribunal que certifique una demanda colectiva que incluiría a todos los no ciudadanos en Colorado que hayan estado, estén o vayan a estar sujetos a la proclamación de Trump.
Los funcionarios del gobierno argumentaron que los dos hombres que presentaron la demanda fueron evaluados y se determinó que no están cubiertos por la proclamación. Eso significa que los hombres no han recibido avisos de deportación y, según ellos, el tribunal no tiene jurisdicción para conocer el caso.
Sweeney no ha certificado la demanda colectiva, pero, el martes dijo que su orden cubre a todas las personas que formarían parte de dicho grupo, en parte porque la Corte Suprema de EE. UU. exigió recientemente al gobierno no deportar a ningún presunto miembro del Tren de Aragua en el norte de Texas, a pesar de que en ese litigio tampoco se ha certificado al grupo propuesto.
“Cuando la Corte Suprema prohibió al gobierno remover a miembros de una clase putativa que un tribunal de distrito determinó que no estaban en riesgo de daño inminente o irreparable —según las declaraciones del gobierno—, este tribunal debe hacer lo mismo”, escribió la jueza.
Sweeney también señaló que los inmigrantes venezolanos cumplieron con los requisitos para una orden de restricción temporal, incluyendo que la Ley de Enemigos Extranjeros no respalda la declaración de Trump de que el TdA, con asistencia del gobierno venezolano, está invadiendo Estados Unidos.
Según la jueza, el gobierno no ha presentado pruebas de que una nación o gobierno extranjero haya invadido el país, lo cual es un requisito bajo dicha ley.
“Como mínimo, ‘invasión’ significa algo más que la descripción de la Proclamación sobre la ‘infiltración,’ ‘guerra irregular’ y ‘acciones hostiles’ del TdA contra Estados Unidos”, escribió la jueza, aunque reconoció “la descripción concluyente de la Proclamación sobre ‘los efectos devastadores de la invasión del TdA’”.
También afirmó que tiene jurisdicción en el asunto, señalando una decisión de la Corte Suprema en un caso distinto relacionado con la Ley de Enemigos Extranjeros. En ese fallo, los jueces determinaron que las personas sujetas a detención y deportación bajo dicha ley tienen derecho a una revisión judicial.
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