Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con las fuerzas del orden locales de Florida, detuvieron a casi 800 inmigrantes ilegales en todo el estado en los últimos cuatro días, según anunció la agencia el 26 de abril.
Aunque el ICE lleva a cabo operaciones de control de la inmigración de forma rutinaria en todo Estados Unidos, la agencia se refirió a la iniciativa de Florida, denominada Operación Tidal Wave, como una iniciativa «sin precedentes» que aúna los recursos de las autoridades federales de inmigración con los de las fuerzas del orden estatales y locales.
En su comunicado de prensa del sábado, el ICE propuso a otras agencias policiales la idea de colaborar con la agencia, incluyendo un enlace a una página que promueve el programa 287(g).
El programa 287(g) concede a las fuerzas del orden locales acceso a los recursos del ICE y les proporciona financiación para la formación en materia de control de la inmigración. Las fuerzas del orden participantes pueden entonces identificar y tramitar los casos de inmigrantes ilegales susceptibles de ser expulsados que ya se encuentran registrados en sus cárceles y centros de detención, ejercer algunas competencias federales limitadas en materia de inmigración durante sus funciones policiales habituales y colaborar con los agentes del ICE en la ejecución de órdenes de detención.
«Esta es una advertencia para todos los extranjeros ilegales criminales: vamos por ustedes», escribió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X el sábado, coincidiendo con las operaciones de detención.
«[El Departamento de Seguridad Nacional], el ICE y nuestros socios estatales los perseguirán, detendrán y deportarán. Es una promesa».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también destacó las operaciones de detención.
«¡Florida es líder en la nación en cooperación activa con la administración Trump para la aplicación de la ley de inmigración y las operaciones de deportación!», escribió el gobernador republicano en una publicación de X el 26 de abril.
Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump intensificó las operaciones de detención y deportación de inmigrantes ilegales.
El ICE informó de la detención de unos 308 inmigrantes ilegales en el primer día completo de Trump de vuelta al cargo en enero.
Algunas de las operaciones de detención y deportación del ICE se han centrado en inmigrantes ilegales y personas acusadas de participar en actividades delictivas adicionales o de mantener vínculos con el crimen mientras residían en Estados Unidos.
Las recientes operaciones de deportación también se han dirigido contra estudiantes internacionales residentes en Estados Unidos que han participado en protestas y actividades a favor de Palestina, algunas de las cuales, según las autoridades federales, han cruzado la línea del apoyo al terrorismo.
Algunas de estas medidas de deportación han sido objeto de críticas y recursos legales. La semana pasada, un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno estadounidense que permitiera a un venezolano de 20 años regresar a Estados Unidos después de haber sido deportado a El Salvador.
La semana pasada, el FBI también detuvo a Hannah Dugan, una jueza de circuito del condado de Milwaukee, Wisconsin, acusada de intentar obstruir y engañar a las autoridades de inmigración que buscaban detener a un ciudadano mexicano previamente deportado, Eduardo Flores-Ruiz. Ruiz fue posteriormente detenido por agentes federales «tras una persecución a pie» fuera de la corte donde había comparecido por cargos de violencia doméstica, según la declaración jurada.
El sábado, el juez federal de distrito Terry Doughty, de Luisiana, expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades federales hubieran deportado a una ciudadana estadounidense de dos años a Honduras junto con su madre, inmigrante ilegal, sin el debido proceso. Doughty ordenó una audiencia para el 16 de mayo para examinar el asunto más a fondo.
El abogado de una mujer de origen cubano llamada Heidy Sánchez también expresó su preocupación el sábado después de que Sánchez, que se casó con un ciudadano estadounidense mientras estaba bajo un documento conocido como I-220B, que exige presentarse periódicamente ante los funcionarios del ICE, fuera deportada de Florida la semana pasada.
La abogada de Sánchez, Claudia Cañizares, señaló que su cliente es madre de una niña de un año que aún toma leche materna. Cañizares dijo que presentó un recurso contra la orden de deportación de Sánchez el 24 de abril, pero se enteró de que su clienta ya había sido expulsada del país en ese momento.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
