El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 16 de septiembre que demandará a Oregón y Maine por no proporcionar información sobre cómo sus oficinas electorales mantienen los registros electorales válidos.
La División de Derechos Civiles del DOJ dijo en un comunicado que ambos estados se habían negado a cooperar con las solicitudes del departamento de acceder sin restricciones a los registros electorales y a los procedimientos de mantenimiento, a pesar de haber proporcionado supuestamente a una organización privada acceso a "información idéntica".
"Los estados no pueden simplemente elegir qué leyes federales van a cumplir, incluidas nuestras leyes electorales, que garantizan que todos los ciudadanos estadounidenses tengan el mismo acceso a las urnas en las elecciones federales", dijo el fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon.
"Los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a confiar en la integridad de nuestro proceso electoral, y la negativa de ciertos estados a proteger a sus ciudadanos contra la dilución del voto tendrá consecuencias legales".
Los estados tienen amplia discreción sobre cómo llevan a cabo las elecciones estatales y federales. Existen algunas leyes federales, como la Ley del Derecho al Voto, la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) y las leyes que establecen una fecha uniforme para las elecciones federales, que regulan el proceso y que los estados deben cumplir al celebrar elecciones.
En los últimos meses, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió solicitudes de información relacionada con el registro de votantes a al menos 24 estados, incluida la solicitud de una lista completa de todos los votantes registrados de al menos 22 estados.
En la demanda, el Departamento de Justicia acusó a los estados y a sus secretarios de estado de violar la NVRA, la Ley de Ayuda al Voto en Estados Unidos (HAVA) y la Ley de Derechos Civiles de 1960 (CRA) al negarse a compartir información sobre la supervisión electoral.
El departamento afirmó que Oregón y su secretario de Estado, Tobias Read, "se niegan a presentar la copia electrónica actual sin censurar de la lista de registro de votantes del estado, a proporcionar información sobre el programa de mantenimiento de la lista de votantes del estado y a revelar la información de registro de cualquier votante no elegible".
Acusó a Maine y a su secretaria de Estado, Shenna Bellows, de "negarse a proporcionar datos sobre la eliminación de personas no elegibles y a presentar una lista de registro de votantes estatal informatizada y sin censurar".
Bellows, demócrata, criticó la acción legal.
"Es absurdo que el Departamento de Justicia se cebe con nuestro estado cuando secretarios republicanos y demócratas de todo el país están luchando contra este abuso de poder federal al igual que nosotros", dijo en un comunicado. "Respaldo la integridad y la profesionalidad de los dedicados funcionarios electorales estatales de Maine".
También acusó al Departamento de Justicia de mentir al afirmar que su oficina compartió la información que solicitaba con una organización privada.
Read, también demócrata, dijo que su oficina se compromete a proteger la privacidad de los votantes frente al intento federal de supervisión.
"Si el presidente quiere utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes políticos y socavar nuestras elecciones, espero verlos en la corte", dijo Read en un comunicado. "Mantengo mi juramento al pueblo de Oregón y protegeré sus derechos y su privacidad".
The Epoch Times se puso en contacto con ambas oficinas estatales para recabar sus comentarios.
La demanda contra Maine se produce después de que el Comité Nacional Republicano presentara la semana pasada una denuncia ante el Departamento de Justicia alegando que Bellows se negó a proporcionar información adecuada sobre cómo el estado mantiene sus listas de votantes.
A principios de este mes, funcionarios estatales de Carolina del Norte reconocieron en un acuerdo con el Departamento de Justicia que no habían recopilado de algunos votantes el número de permiso de conducir u otro número de identificación, tal y como exige la Ley de Ayuda al Voto de 2002.
Los funcionarios dijeron que subsanarían esta situación recabando la información exigida por la ley federal de los votantes registrados.
Trump dijo el 30 de agosto que firmaría una orden ejecutiva que exigiría una identificación de votante para votar.
Con información de Reuters y Associated Press.
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