Trump promete emitir nueva orden ejecutiva para exigir identificación de votantes

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"¡La identificación de votantes debe ser parte de cada voto. ¡Sin excepciones!" escribió Trump en una publicación en Truth Social. "¡Voy a emitir una orden ejecutiva con ese fin!"

Trump también reiteró sus llamados previos para eliminar las votaciones por correo, aunque esta vez no indicó si seguirían siendo objeto de alguna acción ejecutiva.

"¡Además, no hay votación por correo, excepto para los muy enfermos y el personal militar en lugares lejanos. ¡Usen solo boletas en papel!" dijo.

Esta medida, al igual que la promesa de Trump de eliminar las votaciones por correo, podría poner a prueba los límites de su autoridad presidencial, ya que los estados han tenido tradicionalmente jurisdicción sobre sus propias elecciones.

Esto es lo que debe saber:

Identificación de votantes

Actualmente, las leyes estatales varían sobre el tema. Algunos estados tienen normas estrictas que exigen una identificación con foto para votar, mientras que otros permiten cierta flexibilidad aunque también requieran identificación con foto. Algunos estados solo solicitan una prueba de identidad, sin exigir foto, y otros no requieren identificación en absoluto.

Un hombre comprueba la identificación de un votante antes de entregarle una papeleta en un centro de votación anticipada en Fairfax, Virginia, el 18 de septiembre de 2020. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP a través de Getty Images).

Trump y otros republicanos solicitaron la adopción de la identificación de votantes durante años, describiendo la medida como un paso de sentido común para garantizar que solo los ciudadanos puedan votar en elecciones federales, y argumentando que prescindir de estos requisitos aumenta la probabilidad de fraude.

Las posturas de los demócratas sobre estos requisitos varían, pero muchos han criticado estas leyes, alegando que limitan el acceso a las urnas de los ciudadanos de clases bajas debido a barreras como el costo de obtener una identificación de votante.

Hablando sobre el tema en julio, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), sugirió que las leyes de identificación de votantes reducirían la participación de votantes pobres, minoritarios y demócratas.

Los republicanos rechazaron estos argumentos, señalando que la identificación con foto se exige en diversas áreas de la vida, como conducir, trabajar o comprar alcohol.

Lo que dice la Constitución

El artículo I, sección 4 de la Constitución otorga a los estados el poder de elegir los "Tiempos, Lugares y Modalidades" de sus elecciones, aunque al Congreso se le concede la autoridad para regular el tiempo o la forma.

Expertos dijeron a The Epoch Times que son escépticos sobre la autoridad de Trump para hacer cambios amplios en las leyes electorales sin la aprobación del Congreso.

"El presidente no tiene poder para dictar a los estados cómo llevar a cabo elecciones nacionales", dijo Rick Pildes, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, a The Epoch Times, en respuesta a una pregunta sobre el llamado de Trump a prohibir las votaciones por correo salvo en contadas excepciones.

En cambio, probablemente sería necesario que el Congreso aprobara tales cambios mediante legislación. Aunque Trump impulsa estas reformas, el intento de los republicanos de imponer requisitos de prueba de ciudadanía para votar se estancó en el Senado.

El edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 2 de septiembre de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).

En abril, la Cámara aprobó la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés), que exigiría a los votantes presentar documentos para confirmar su estatus de ciudadanía al registrarse para votar.

El proyecto se estancó en el Senado, donde necesitaría el apoyo de al menos siete demócratas para superar el umbral de 60 votos requerido para vencer un Obstruccionismo.

En un comunicado tras la aprobación del proyecto en la Cámara, Schumer calificó la iniciativa de "escándalo", diciendo que obligaría a los estados a implementar políticas que "efectivamente impedirían que millones de ciudadanos estadounidenses voten, dificultarían el registro automático de votantes y descarrilarían las campañas de registro presencial".

Acciones previas

Afirmó que los cambios estaban destinados a proteger "elecciones libres, justas y honestas" frente a lo que describió como "fraude, errores o sospechas".

"El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados y tabulados correctamente, sin dilución ilegal, es vital para determinar al ganador legítimo de una elección", escribió Trump en la orden.

Trump argumentó en el documento que su objetivo era garantizar la aplicación de leyes federales  como la sección 105 y la sección 611 del título 18 del código de EE. UU. que prohíben a extranjeros registrarse para votar en elecciones federales.

Afirmó que varios estados, durante años, no han verificado correctamente el estatus de ciudadanía de los registrados, al tiempo que acusó al Departamento de Justicia de no "priorizar ni dedicar recursos suficientes" al tema.

Desafíos legales

En abril, el Partido Demócrata presentó una demanda contra la orden, lo que resultó en que un juez bloqueara temporalmente sus disposiciones de prueba de ciudadanía.

Elias Law Group, que representó a los demócratas en el caso, alegó que la orden ejecutiva "privaría del derecho al voto a electores elegibles al agregar barreras ilegales e innecesarias al proceso de registro".

"El mensaje de la Constitución no podría ser más claro: son el Congreso y los estados, no el presidente, quienes determinan cómo se realizan las elecciones federales", dijo un representante del despacho en un comunicado.

En junio, la juez del Distrito de EE. UU. Denise Casper también otorgó una medida cautelar preliminar contra la aplicación de la orden, dando la razón a 19 fiscales generales demócratas que habían presentado la demanda contra la administración.

Casper ordenó inicialmente una prohibición a nivel nacional de la implementación de la orden. Tras un fallo de la Corte Suprema en junio que limitó las medidas cautelares nacionales, modificó la decisión para que solo aplicara a los 19 estados que  presentaron la denuncia.

No está claro cómo se estructurará el nuevo intento de Trump para abordar el tema, dado los desafíos legales que enfrentó la orden ejecutiva de marzo.