La Corte Suprema fijó el 5 de noviembre como fecha para las alegaciones orales en dos impugnaciones legales consolidadas contra los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, una sentencia que podría definir los límites de los poderes presidenciales en materia de comercio.
El alto tribunal ya había acordado a principios de este mes abordar la cuestión, y la orden del miércoles fija el calendario de lo que podría ser uno de los casos comerciales más trascendentales de las últimas décadas.
La sentencia final podría tener consecuencias económicas de gran alcance, remodelando los flujos comerciales y los ingresos federales de Estados Unidos. Estados Unidos informó de unos ingresos mensuales récord por aranceles de 31,000 millones de dólares en agosto, gracias a las políticas comerciales aplicadas por Trump. Además de generar ingresos, los aranceles también han dado al Gobierno influencia para obtener concesiones económicas de sus socios comerciales.
Los casos —Learning Resources Inc. contra Trump y Trump contra V.O.S. Selections Inc.— se centran en si Trump se excedió en sus facultades en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 destinada a las crisis de seguridad nacional. Los jueces ordenaron que las dos disputas se tramitaran conjuntamente.
Corte inferiores anularon la mayoría de los aranceles, sosteniendo que la IEEPA no otorga al presidente el poder unilateral de imponer o ajustar aranceles fuera de situaciones de emergencia. Los jueces dictaminaron que la autoridad arancelaria sigue recayendo en el Congreso, a menos que se delegue claramente.
Learning Resources, un fabricante de juguetes educativos con sede en Illinois, argumenta que los aranceles de Trump amenazan su supervivencia. El 29 de mayo, una corte federal de distrito se mostró de acuerdo y dictó una orden judicial preliminar en la que calificaba los aranceles de "amenaza existencial" para la empresa. La sentencia se suspendió en junio para permitir que el Gobierno apelara.
V.O.S. Selections, un importador de bebidas alcohólicas de Nueva York, impugnó los aranceles ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal. Un panel dividido se puso del lado de la empresa, alegando que Trump se había excedido en sus competencias al invocar la IEEPA. La corte señaló que la ley "otorga una autoridad significativa al presidente" en respuesta a situaciones de emergencia, pero no incluye "la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar".
La corte añadió que el Congreso no incluyó en la IEEPA las garantías procesales que normalmente limitarían las facultades comerciales del ejecutivo, por lo que es poco probable que los legisladores tuvieran la intención de otorgar al poder ejecutivo una autoridad ilimitada sobre los aranceles.
Trump ha defendido los aranceles como un pilar de su agenda económica, atribuyéndoles el mérito de haber repatriado la fabricación y obligado a los gobiernos extranjeros a renegociar las prácticas comerciales. "Sin los aranceles, este país se encuentra en serios, serios problemas", dijo a los periodistas el 2 de septiembre. "Hemos recibido casi 17 billones de dólares en inversiones... la mayor parte de ellas gracias a los aranceles".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el 7 de septiembre que, si la Corte Suprema falla en contra de la administración, el gobierno podría verse obligado a devolver aproximadamente la mitad de los aranceles recaudados hasta ahora, un resultado que calificó de "terrible para el Tesoro". Los ingresos por aranceles se han convertido en una importante fuente de ingresos en un momento de grandes déficits federales, señaló.
Aun así, Bessent dijo que la administración tiene "otras vías" para imponer aranceles si es necesario, aunque se negó a especificar cuáles son. Expresó su confianza en que la Corte Suprema acabará respaldando la política de Trump.
Con información de Jack Phillips y Matthew Vadum
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