Una corte federal de apelaciones restableció temporalmente el 30 de octubre, una orden previa que reconoce la autoridad del presidente Donald Trump para federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal y emplearlas contra la violencia dirigida a las instalaciones federales de inmigración en Portland, Oregón.
En determinadas circunstancias, el presidente puede tomar el control, o federalizar, a las tropas de la Guardia Nacional de forma urgente.
Sigue en vigor una orden judicial de una corte inferior que bloquea temporalmente el despliegue.
La nueva orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. se produce mientras este prepara la revisión de si Trump puede federalizar las tropas de la Guardia Nacional de Oregón y utilizarlas en Portland para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., que según él están sitiadas por radicales.
Trump había dicho el 27 de septiembre en Truth Social que enviaba tropas "para proteger la devastada Portland y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos".
La medida del Noveno Circuito coincide también con el juicio que preside la jueza federal, Karin Immergut, quien emitió dos órdenes separadas que bloquean el despliegue, sobre la legalidad de esa federalización, un proceso que se espera que dure varios días.
Después de que el estado de Oregón y la ciudad de Portland presentaran una demanda, Immergut había resuelto previamente que Trump no tenía derecho legal a federalizar la Guardia Nacional de Oregón y que la situación en Portland no era tan grave como aseguraba el gobierno federal.
El 20 de octubre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito votó 2-1 a favor de suspender la orden de restricción temporal de Immergut que impedía el despliegue de la Guardia Nacional de Oregón, aunque no se pronunció sobre su segunda orden de restricción temporal que prohibía el despliegue de la Guardia Nacional de California en Oregón.
El panel consideró que "es probable que el Presidente haya ejercido legítimamente su autoridad estatutaria bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos [Sección] 12406(3), que autoriza la federalización de la Guardia Nacional cuando el Presidente no puede, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de Estados Unidos".
El 28 de octubre, la mayoría de los jueces del pleno del Noveno Circuito votó a favor de anular la decisión del panel. Esa orden, que también indicaba que la corte de circuito procedería a una audiencia en "banco", no indicó cuántos jueces votaron ni cómo lo hicieron.
Agentes federales, entre ellos miembros del Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y la policía, intentan contener a los manifestantes que se encuentran frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, Oregón, el 5 de octubre de 2025. (Spencer Platt/Getty Images)En las cortes federales de apelación, una audiencia en "banco" es aquella en la que todos los jueces del circuito vuelven a revisar un caso. El Noveno Circuito cuenta con tantos miembros, 29 jueces en activo, que resulta impráctico reunirlos a todos. En su lugar, seleccionará a 11 jueces para realizar lo que denomina una audiencia en "banco" limitada.
La jueza principal del Noveno Circuito, Mary Murguia, indicó en la orden del 30 de octubre que la suspensión administrativa concedida por el panel el 8 de octubre "permanece en vigor hasta nueva orden de la corte en banco”.
Murguia adjuntó una copia de la suspensión a la nueva orden, sin explicar los motivos por la que se emitió ésta última.
La suspensión administrativa es una medida cautelar temporal que otorga a los jueces más tiempo para estudiar un caso.
La suspensión dictada por el panel el 8 de octubre había paralizado la orden de restricción temporal emitida por Immergut el 4 de octubre.
Esa orden suspendió el memorando del Secretario de Guerra Pete Hegseth del 28 de septiembre dirigido al liderazgo de la Guardia Nacional de Oregón, en el que solicitaba el traslado temporal de 200 miembros al servicio federal, según lo permitido por la Sección 12406.
El panel declaró previamente en su resolución que "el efecto de conceder una suspensión administrativa preserva el statu quo en el que los miembros de la Guardia Nacional han sido federalizados pero no desplegados".
Aún no se sabe cuándo procederá el Noveno Circuito con su audiencia en "banco".
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