El gobierno federal no puede invalidar los documentos de inmigración que le permiten a unos 5000 ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos permanecer en el país hasta octubre de 2026, según dictaminó el viernes una corte federal de California.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin a la designación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023, un estatus migratorio temporal que se concede a los extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen por motivos de seguridad, como conflictos armados, desastres medioambientales o epidemias.
La designación TPS protege a las personas de la deportación y les permite solicitar autorización para trabajar en Estados Unidos.
La Alianza Nacional TPS, que representa a los titulares del TPS en todo Estados Unidos, demandó al gobierno, y un juez federal de California dictó en marzo una orden judicial que bloqueaba la revocación del TPS para los venezolanos. El 19 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la orden judicial, confirmando la decisión de Noem.
Los demandantes se dirigieron entonces a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, solicitando una medida cautelar, en concreto que se permitiera a determinados venezolanos acogerse a las protecciones del TPS, lo que dio lugar a la orden judicial del 30 de mayo a favor de los demandantes.
La corte observó que el 17 de enero, la administración Biden había prorrogado la designación del TPS para Venezuela desde el 2 de abril de este año hasta el 2 de octubre de 2026. El 3 de febrero, Noem anuló la prórroga. A continuación, el 5 de febrero, puso fin a la prórroga del TPS para Venezuela hasta 2023. La terminación entró en vigor el 7 de abril.
Los demandantes solicitaron a la corte que reconociera la validez de la documentación del TPS emitida tras la prórroga del 17 de enero y que mantuviera los derechos de los venezolanos que recibieron documentos del TPS válidos hasta el 2 de octubre de 2026. Argumentaron que Noem se excedió en su autoridad legal cuando canceló los documentos del TPS el 3 de febrero, a pesar de que eran válidos hasta octubre del próximo año.
«La posición de los demandantes es meritoria», dijo la corte. «Nada en la ley del TPS permite a la secretaria tomar tal medida».
Los venezolanos que recibieron documentación basada en la fecha del 2 de octubre de 2026 son «especialmente propensos a sufrir un daño irreparable», ya que han confiado en dicha documentación para hacer sus planes con respecto a su estancia en Estados Unidos, dijo la corte.
Por lo tanto, la corte concedió una medida cautelar a los venezolanos con documentación relacionada con el TPS expedida hasta el 5 de febrero, fecha en la que Noem publicó el aviso de terminación del TPS.
«La medida cautelar no se extendería a todos los titulares de TPS venezolanos, sino a un subconjunto discreto, de alrededor de 5000 personas, según las estimaciones del gobierno», afirmó la corte.
Protección de los intereses nacionales
La orden de Noem del 5 de febrero que pone fin a la designación del TPS para Venezuela en 2023 afirma que esta medida es necesaria «porque es contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos (o los extranjeros sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en Venezuela) permanezcan temporalmente en Estados Unidos».En la ley del TPS, el Congreso «prohíbe expresamente» al secretario de Seguridad Nacional designar a un país para el TPS o prorrogar esta designación si determina que «permitir a los extranjeros permanecer temporalmente en Estados Unidos es contrario al interés nacional de Estados Unidos», según la orden.
En una entrevista con The Epoch Times, Ludmila Padrino, una abogada con sede en Estados Unidos que trabaja en estrecha colaboración con la comunidad de inmigrantes venezolanos, dijo que muchos venezolanos inocentes estaban siendo penalizados por un pequeño grupo de individuos que han cometido delitos.
«Las empresas están enviando notificaciones en las que indican que las personas solo tienen unos días para seguir trabajando», dijo. «La gente no puede renovar sus licencias. Es complicado, es angustiante... El mayor reto es mantener a sus familias».
La designación del TPS para 2023 se aplica a 350,000 venezolanos que viven en Estados Unidos.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que las políticas de la administración Trump están justificadas porque el TPS es, «por definición, temporal y está sujeto a la discreción del secretario del DHS».
«Las cortes de distrito no tienen derecho a impedir que el Poder Ejecutivo aplique nuestras leyes de inmigración», dijo. «La Administración Trump seguirá cumpliendo cada día las promesas del presidente al pueblo estadounidense».
La sentencia de la Corte Suprema del 19 de mayo que confirma la decisión de Noem de cancelar la designación del TPS para Venezuela en 2023 es «un importante punto de inflexión en la saga de decisiones ilegales de las cortes inferiores que incumplen la ley y legislan desde el estrado», afirmó Jackson.
Yeny Sora Robles contribuyó a este artículo.
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