Un tribunal federal de apelaciones rechazó el intento de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de mantener fuera de línea una base de datos exigida por el Congreso.
El tribunal ordenó que el acceso web a la base de datos, la cual registra cómo gasta el Gobierno el dinero de los contribuyentes, se restablezca en unos días.
En una orden unánime del 9 de agosto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia denegó la solicitud de la OMB de suspender la ejecución de una sentencia de un tribunal inferior que consideraba que la eliminación de la base de datos de asignaciones públicas violaba la ley federal.
“En lo que respecta a las asignaciones, nuestra Constitución ha dejado claro que el poder del Congreso está en su apogeo”, escribieron los jueces.
“Dado que el Ejecutivo no ha presentado las pruebas necesarias para respaldar su solicitud de suspensión de la apelación, la moción debe ser denegada”.
Con su decisión, el tribunal de apelación disolvió su propia suspensión administrativa anterior, que temporalmente puso en suspenso la orden del tribunal inferior mientras los jueces examinaban el caso.
El tribunal de apelación dio ahora a la OMB un plazo hasta el 15 de agosto para volver a poner el acceso online a la base de datos y divulgar los materiales retenidos desde marzo.
La base de datos, creada en 2022 en virtud de la Ley de Asignaciones Consolidadas, exige a la OMB que publique los documentos de distribución —asignaciones formales de los fondos aprobados por el Congreso— en un plazo de dos días hábiles a partir de su aprobación.
El Congreso convirtió el requisito de divulgación pública en una obligación permanente del poder ejecutivo en 2023.
Sin embargo, la OMB alegó en una carta dirigida el 29 de marzo a los líderes del Comité de Asignaciones del Senado que el requisito de publicación “exige la divulgación de información sensible, previa a la toma de decisiones y deliberativa” que podría enfriar los debates internos y socavar la discrecionalidad presidencial sobre las asignaciones.
La agencia también citó posibles riesgos para “la seguridad nacional y la política exterior” y argumentó que la publicación automática en un plazo de dos días no dejaba tiempo para revisar o censurar información privilegiada.
“De hecho, estas disposiciones de divulgación ya han afectado negativamente a la franqueza de las comunicaciones de la OMB con las agencias y han socavado la eficacia de la OMB en la supervisión del gasto de las agencias”, escribió el director de la OMB, Russell Vought, en la carta, en la que anunciaba que el rastreador de gastos “ya no funcionaría”.
En respuesta a la desactivación de la base de datos, dos grupos de vigilancia, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) y Protect Democracy, presentaron una demanda en abril.
Los demandantes argumentaron que la ley es clara y que la decisión unilateral de la OMB de cerrar el sitio web obstaculizaba la supervisión de posibles violaciones de la Ley de Control de Embargos, que prohíbe a los presidentes retener fondos aprobados por el Congreso.
También dijeron al tribunal que la base de datos era “fundamental” para sus misiones, que incluyen “promover los controles y equilibrios y la separación constitucional de poderes, incluido el apoyo al poder del Congreso sobre el presupuesto, que los demandantes describieron como un “control fundamental contra los abusos de la autoridad ejecutiva”.
Protect Democracy señaló que, en apoyo de esta misión, había creado un sitio web personalizado, OpenOMB.org, que se basaba en la base de datos de asignaciones y que su desactivación obstaculizaba sus esfuerzos y era “flagrantemente ilegal”.
Un tribunal de distrito falló a favor de los grupos de vigilancia en julio.
El juez Emmet Sullivan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, escribió en un fallo de 60 páginas que “la ley es clara” al otorgar al Congreso la autoridad para exigir la divulgación pública de cómo el poder ejecutivo distribuye los fondos asignados por el Congreso.
La OMB apeló esa decisión, pero el tribunal de apelaciones confirmó el fallo del tribunal inferior en su orden del 9 de agosto.
“No se debe hacer esperar al Congreso mientras el Ejecutivo se entromete en su poder pleno sobre las asignaciones y su divulgación”, escribieron los jueces.
“El interés público se sirve mejor manteniendo el equilibrio de poderes establecido por la Constitución, y más aún si las leyes impugnadas mantienen a la ciudadanía al corriente de los gastos debidamente asignados”.
Además de la impugnación legal de CREW y Protect Democracy, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental también presionó para que se restableciera el rastreador de gastos en una carta dirigida a Vought, en la que afirmaba que la base de datos facilita la supervisión del gasto federal y es “fundamental” para sus investigaciones, que, según dijo, ayudan a garantizar el “uso responsable del dinero de los contribuyentes”.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la decisión del tribunal, incluyendo si tiene intención de solicitar una revisión adicional por parte del tribunal en pleno o de la Corte Suprema de Estados Unidos.
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