Una corte federal de apelaciones anuló su propia sentencia, dicho dictamen había bloqueado temporalmente una ley de Iowa que penalizaba la reentrada de personas a las que se les había denegado anteriormente la admisión en Estados Unidos y ordenaba su deportación por orden del estado, después de que el Departamento de Justicia (DOJ) desestimara voluntariamente una demanda de la era Biden contra el estado que pretendía bloquear la ley de forma permanente.
En una orden del 15 de abril, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos desestimó la apelación del DOJ por considerarla irrelevante, anuló su dictamen anterior que confirmaba una medida cautelar y ordenó a la corte inferior que desestimara el caso. La medida se produjo tras la notificación de desestimación voluntaria presentada el 14 de marzo por el DOJ bajo la presidencia de Donald Trump.
La administración Biden había presentado anteriormente una demanda para bloquear la ley y argumentó que era inconstitucional al crear un sistema de inmigración estatal que chocaba en ese momento con las normas federales.
La ley de Iowa en cuestión, la SF 2340, fue firmada por la gobernadora Kim Reynolds el 10 de abril de 2024. Esta ley tipifica como delito que cualquier persona no ciudadana que haya sido deportada o a la que se le haya denegado la entrada al país se encuentre en Iowa, independientemente de que haya recibido desde entonces autorización federal para permanecer en Estados Unidos. La ley faculta a los jueces estatales para emitir órdenes de devolución —en la práctica, deportaciones impuestas por el estado— y prohíbe a las cortes suspender los procesos judiciales, incluso cuando estén en curso procedimientos federales de inmigración.
«La Administración Biden no ha hecho cumplir las leyes de inmigración de nuestro país, poniendo en peligro la protección y la seguridad de los habitantes de Iowa», declaró Reynolds al promulgar la medida. Cuando el Departamento de Justicia presentó su notificación de desestimación, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, acogió con satisfacción la medida y la calificó como «una gran victoria para los habitantes de todo el estado».
Los defensores de los inmigrantes ilegales y los refugiados criticaron la ley y la retirada del Departamento de Justicia, advirtiendo que expondría incluso a personas que se encuentran legalmente en el país, incluidos niños, a ser procesados penalmente y expulsados.
«Esta ley increíblemente inhumana pondría en peligro vidas y familias», afirmó Erica Johnson, directora ejecutiva fundadora del Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa, en un comunicado. «Arrancaría de aquí a personas, incluidos niños, que han vivido aquí pacíficamente y han contribuido a sus comunidades, a veces durante décadas, y las condenaría a la deportación».
Aunque la desestimación del Departamento de Justicia pone fin oficialmente a la impugnación legal del Gobierno federal, no abre todavía la puerta a la aplicación de la ley de inmigración de Iowa. La SF 2340 sigue bloqueada debido a una orden que concede una medida cautelar en una demanda separada presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la ACLU de Iowa y el American Immigration Council.
El 15 de abril, el mismo día en que el Octavo Circuito desestimó la apelación del Departamento de Justicia, también concedió una nueva audiencia en el caso liderado por la ACLU y anuló su decisión anterior, restableciendo efectivamente la medida cautelar de la corte inferior. Esto significa que la ley sigue sin poder aplicarse mientras la demanda independiente sigue su curso en las cortes.
La acción del Departamento de Justicia en Iowa formaba parte de un cambio de política más amplio introducido el 14 de marzo por la administración Trump, que también llevó al departamento a retirar una demanda similar contra la ley HB 4156 de Oklahoma. Esa ley autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener, procesar y ordenar la expulsión de inmigrantes ilegales en virtud de un nuevo delito estatal denominado «ocupación no permitida».
Aunque las leyes de Iowa y Oklahoma fueron bloqueadas el año pasado por las cortes federales de distrito por entrar en conflicto con la ley federal de inmigración, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump ha dado marcha atrás, sugiriendo que considera que tales medidas complementan, en lugar de socavar, las prioridades federales en materia de aplicación de la ley.
Tras regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump firmó diez órdenes ejecutivas sobre la aplicación de la ley en la frontera, poniendo fin a la llamada política de «captura y liberación», cerrando la aplicación CBP One, declarando una emergencia fronteriza y aumentando las deportaciones.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó 8326 detenciones en febrero, el primer mes completo de Trump en el cargo, lo que supone el total mensual más bajo jamás registrado. Bajo el mandato de Biden las detenciones mensuales alcanzaron un máximo de casi 300,000.
Trump denunció lo que describe como «fronteras abiertas» durante los años del presidente Joe Biden, cuyo mandato ha registrado cifras récord de cruces ilegales.
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