El 12 de septiembre, una corte federal de apelaciones autorizó a la Administración Trump seguir adelante con la revocación del estatus legal temporal de más de 400,000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La sentencia dictada por una corte compuesto por tres jueces de la Corte de Apelación del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló una orden de la corte de distrito que mantenía la libertad condicional humanitaria de la era Biden para esos grupos. Los jueces reconocieron las dificultades a las que se enfrentan los beneficiarios de la libertad condicional una vez que pierden su estatus, pero concluyeron que era poco probable que prosperaran sus reclamaciones.
"Reconocemos los riesgos de daños irreparables expuestos de forma convincente en la orden de la corte de distrito: que los beneficiarios de la libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre marcharse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye separarse de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen", escribieron los jueces.
"Sin embargo, a falta de una demostración sólida de la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión", añadieron.
El programa Cuba-Haití-Nicaragua-Venezuela (CHNV), puesto en marcha en enero de 2023, permitía la entrada en Estados Unidos de hasta 30,000 migrantes al mes procedentes de esos cuatro países, generalmente durante dos años con permiso de trabajo. Para poder optar al programa, los solicitantes debían contar con un patrocinador financiero con sede en Estados Unidos y superar controles de antecedentes y seguridad.
En su primer día de vuelta al cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin al programa, lo que desencadenó una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. A finales de mayo, la Corte alta aceptó una apelación de emergencia presentada por el Departamento de Justicia, devolviendo el caso al Primer Circuito y levantando la orden judicial de la corte de distrito.
Los demandantes que querían salvar el programa, entre los que se encontraban beneficiarios y grupos de defensa de los inmigrantes, instaron a la corte de apelación a que confirmara la resolución de la corte de distrito según la cual la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no podía poner fin categóricamente a las protecciones, sino que tenía que evaluar cada caso individualmente.
El fiscal general D. John Sauer respondió que la limitación de caso por caso solo se aplica cuando se conceden permisos, no cuando se rescinden. Exigir revisiones individualizadas para poner fin a la libertad condicional, dijo, sería una "tarea titánica" que paralizaría la aplicación de la ley de inmigración.
Sauer argumentó además que la corte de distrito de Boston carecía de autoridad para intervenir en primer lugar. Señaló que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe explícitamente a las cortes revisar las decisiones que la ley deja a la discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"La concesión y la revocación de la libertad condicional son precisamente esas facultades discrecionales", escribió Sauer en su escrito a la Corte Suprema.
Los grupos de defensa calificaron la sentencia del viernes como un "golpe devastador" y advirtieron que también podría amenazar otros programas de libertad condicional humanitaria de estructura similar, como Unidos por Ucrania, que proporciona refugio temporal a los ucranianos desplazados por la guerra en curso con Rusia, y Operación Bienvenida de los Aliados, que admitió a los afganos evacuados tras la toma del poder por los talibanes.
"Seguimos firmes en nuestra convicción de que la administración Trump está incumpliendo de forma innecesaria y flagrante la legislación estadounidense, y no permitiremos que este revés nos impida luchar en las cortes para conseguir justicia para nuestras comunidades", afirmó Anwen Hughes, directora jurídica de Derechos Humanos Primero, coasesora en el caso.
La sentencia supone una victoria para la administración Trump, que en junio envió notificaciones de rescisión a los inscritos en el CHNV informándoles que sus permisos de trabajo y protecciones de libertad condicional quedaban revocados de forma inmediata.
"[La administración Biden] permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que no fueron sometidos a un control adecuado, y sus familiares directos entraran en Estados Unidos a través de estos desastrosos programas de libertad condicional; les concedió la oportunidad de competir por puestos de trabajo estadounidenses y socavar a los trabajadores estadounidenses; obligó a los funcionarios de carrera a promover los programas incluso cuando se detectó el fraude; y luego culpó a los republicanos del Congreso por el caos que se produjo y los delitos que siguieron", dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración en ese momento.
"Poner fin a los programas de libertad condicional CHNV, así como a la libertad condicional de quienes los explotaron, supondrá un necesario retorno a las políticas de sentido común, un retorno a la seguridad pública y un retorno a Estados Unidos Primero".
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