La Corte de Apelaciones de California frenó la prohibición del Distrito Escolar Temecula Valley Union de enseñar la teoría crítica de la raza (TCR) el 19 de mayo, revirtiendo la decisión de una corte inferior que permitía que la prohibición siguiera vigente.
Los jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito de California ordenaron a la corte inferior que emitiera una orden judicial preliminar que exige al distrito suspender la aplicación de su resolución de 2022 que prohíbe la enseñanza de ciertos conceptos relacionados con la TCR hasta que se resuelva la demanda.
"Consideramos que la resolución es inconstitucionalmente vaga en su redacción porque emplea un lenguaje ambiguo, carece de definiciones, no es clara en su alcance, parece incompatible con los requisitos educativos exigidos por el estado y no contiene directrices de aplicación", escribieron los jueces de apelación en su dictamen.
Uno de los conceptos de la TCR prohibidos por el distrito escolar era: "El racismo, es el prejuicio racial más el poder, un concepto que se utiliza a menudo para argumentar que (i) solo las personas clasificadas como 'blancas' pueden ser racistas porque solo las personas 'blancas' controlan la sociedad y (ii) las personas pertenecientes a minorías étnicas no pueden ser racistas porque no controlan la sociedad". Otro era: "El racismo es algo normal, la forma habitual de funcionar de la sociedad".
Los jueces afirmaron que no había pruebas de que se enseñaran los conceptos prohibidos en las escuelas del distrito.
El año pasado, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó un escrito amicus curiae en el caso, en apoyo de la Asociación de Educadores del Valle de Temecula, los estudiantes, los padres y los profesores que presentaron la demanda judicial en 2023 contra dos de las políticas del distrito: una directiva que obligaba al personal escolar a informar a los padres si los estudiantes cambiaban su identidad de género y la prohibición de enseñar la TCR.
Bonta aplaudió la sentencia el 20 de mayo.
En un comunicado, la oficina de Bonta afirmó que la decisión de la Corte de Apelaciones reconocía que la resolución de la junta escolar era "excesivamente amplia, ya que incluía disposiciones que podían interpretarse como una prohibición de impartir clases sobre las leyes discriminatorias de Jim Crow, la segregación, las desigualdades raciales en el sistema de justicia penal y el movimiento por los derechos civiles".
Advocates for Faith and Freedom, una organización con sede en California que defiende las libertades constitucionales y la libertad religiosa, defendió la prohibición de la TCR ante las cortes.
La organización declaró que planeaba seguir luchando por la política del distrito escolar.
Miembros de la comunidad asisten a una reunión de la junta del Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula en Temecula, California, el 22 de agosto de 2023. (John Fredricks/The Epoch Times)."Les pedimos que sigan orando mientras esta batalla continúa y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su apoyo y colaboración inquebrantables", publicó la organización en Facebook el 19 de mayo. "Esta sentencia no resuelve el fondo de las reclamaciones del demandante. Se trata de una decisión procesal que aborda la cuestión de si debe mantenerse la medida cautelar mientras se desarrolla el litigio".
"Creemos que, una vez que se presenten todos los hechos, las políticas en cuestión se mantendrán como legales y necesarias", añadió el grupo.
En febrero de 2024, un juez de la Corte Superior denegó la solicitud del estado de una orden judicial preliminar contra el distrito escolar de Temecula, permitiendo que la prohibición del distrito continuara.
Los profesores y otros demandados apelaron el caso.
Su demanda sostiene que el distrito pretende eliminar "cualquier concepto que entre en conflicto con los puntos de vista ideológicos [de los miembros de la junta], incluida la historia del movimiento por los derechos LGBTQ y la existencia del racismo en la sociedad actual".
Los demandantes afirman que la prohibición de la TCR por parte de la junta escolar es ambigua y viola la garantía de la Constitución de California del derecho fundamental a la educación.
El juez Eric Keen, de la Corte Superior del Condado de Riverside, dijo que no encontró ninguna ambigüedad en la prohibición de la TCR por parte de la junta.
"Una persona con inteligencia normal tendría una oportunidad razonable de saber lo que está prohibido, ya que lo que está prohibido se establece específicamente en la resolución", escribió el juez.
En diciembre de 2024, la junta escolar revocó su política que obligaba al personal escolar a informar a los padres cuando los estudiantes cambiaban de identidad de género.
En julio de 2024, se promulgó una ley estatal que prohíbe a los distritos adoptar este tipo de políticas. La nueva ley estatal está siendo investigada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que alega que la medida que entró en vigor el 1 de enero entra en conflicto con la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia.
Con información de Sophie Li.
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