El gobierno federal puede proceder con sus planes de recortar fondos en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (ED) después de que una corte federal de apelaciones fallara el 29 de septiembre en contra de una orden judicial de primera instancia que bloqueaba la medida.
En su apelación, la administración Trump citó un fallo de la Corte Suprema de julio que levantó un bloqueo de un corte inferior que impedía al ED proceder con los despidos planificados. Esta demanda fue presentada por un grupo de estados, distritos escolares y sindicatos de docentes liderados por demócratas.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que estos despidos se realizaron para garantizar que los recursos federales se dirijan a donde más importan: estudiantes, padres y docentes.
La administración argumentó que, dado el fallo de la Corte Suprema que ha permitido al departamento despedir a 1378 empleados, o el 33 por ciento de su plantilla, los recortes en la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación (ED) tampoco deberían bloquearse.
Dos estudiantes y el Centro Legal de Derechos de las Víctimas, que representa a víctimas de agresión sexual, impugnaron los recortes ante la oficina de derechos civiles, lo que les valió una orden judicial del juez de distrito estadounidense Myong Joun en junio.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. en Boston decidió suspender la orden judicial de Joun, que ordenaba al ED reincorporar al personal separado de la Oficina de Derechos Civiles mientras el caso se tramita en las corte.
El panel también denegó la solicitud de suspensión administrativa del demandante, argumentando que era irrelevante a la luz del fallo de la Corte Suprema sobre las "cuestiones superpuestas presentadas en ambos casos".
Tras el fallo de la Corte Suprema, el juez Joun emitió una orden judicial más restrictiva que impedía los despidos únicamente en la Oficina de Derechos Civiles, citando la competencia de esta oficina para hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles en las escuelas de todo el país.
Joun se negó a levantar dicha orden judicial tras la apelación del Departamento de Educación, citando el fallo de la Corte Suprema. Afirmó que la orden de julio del máximo tribunal fue "irrazonable", haciéndose eco de las críticas de otros jueces de tribunales inferiores sobre las breves órdenes emitidas en el expediente de emergencia.
El Departamento de Justicia afirmó que la "ignorancia del fallo de la Corte Suprema por parte de Joun representa una afrenta a la autoridad de la Corte Suprema".
El caso es Victim Rights Law Center contra el Departamento de Educación de los Estados Unidos (1:25-cv-11042).
Se contactó al Departamento de Educación y a los abogados de los demandantes que impugnan los recortes para obtener sus comentarios.
El Departamento de Emergencias reduce su personal
Los recortes de personal en el Departamento de Emergencias se produjeron tras el anuncio de McMahon en marzo de que la administración Trump implementaría medidas de reducción de personal para recortar alrededor del 50 por ciento del personal en el departamento federal, sin dejar de cumplir con todas sus obligaciones legales.El departamento declaró entonces que 259 empleados habían aceptado una oferta de ocho meses de licencia administrativa remunerada hasta el 30 de septiembre a través de su Programa de Renuncia Diferida, y otros 313 empleados habían aceptado el Pago de Incentivo por Separación Voluntaria (ED) de 25,000 dólares.
Trump defendió durante su campaña la eliminación total del ED para permitir que los gobiernos estatales dictaran plenamente sus propias políticas educativas.
Trump firmó la Orden Ejecutiva 14242 el 20 de marzo, en la que se comprometió a cerrar el ED, que, según él, "consolidó la burocracia educativa y ha buscado convencer a Estados Unidos de que el control federal sobre la educación es beneficioso".
El departamento "no educa a nadie" y "mantiene una oficina de relaciones públicas con más de 80 empleados, con un costo de más de 10 millones de dólares al año", según la orden ejecutiva.
Sin embargo, la disolución completa del departamento requeriría la autorización del Congreso.
Con información de Matthew Vadum y Reuters.
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