La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles considerará declarar una emergencia local en respuesta a la aplicación de la ley federal de inmigración que, según las autoridades, sembró el miedo entre la población de inmigrantes ilegales de la ciudad.
En una votación de 4 a 1 durante una reunión realizada el 7 de octubre, la junta ordenó al personal que preparara una declaración formal para su consideración en la próxima reunión del 14 de octubre.
La declaración permitiría a la junta desbloquear una moratoria de desalojos para los inmigrantes ilegales de Los Ángeles afectados por las operaciones de control.
"Las familias ahora tienen miedo de ir al trabajo, asistir a la escuela o incluso comprar alimentos", dijo la supervisora Lindsey Horvath, coautora de la moción, en la reunión de la junta.
"A medida que se extiende este miedo, también lo hacen las dificultades económicas y, con ellas, el riesgo muy real de desalojo y de quedarse sin hogar".
Horvath describió las operaciones federales de control como operaciones en las que participan agentes en autos camuflados y sin tener en cuenta aparentemente los procedimientos estándar, lo que crea un ambiente en el que los inmigrantes ilegales del condado se muestran reacios a salir de sus casas para ir al trabajo, a la escuela o a la iglesia.
Un informe elaborado por expertos jurídicos del condado describía cómo una declaración de emergencia podría permitir una pausa temporal en los desalojos, siempre que incluyera disposiciones para la eventual recuperación del alquiler.
El personal del condado comunicó a los supervisores que la aplicación de dicha moratoria podría plantear dificultades tanto a los propietarios como a los inquilinos. Señalaron que podría obligar a los inquilinos a revelar su situación migratoria en documentos públicos, provocar pérdidas económicas sustanciales a los propietarios y exponer a los inquilinos a posibles demandas por parte de los propietarios que intentaran cobrar los alquileres impagados.
"Me preocupa la autodeclaración y la posición vulnerable en la que vamos a poner a nuestros inquilinos inmigrantes en lo que se refiere a verificar que necesitan la ayuda", dijo la supervisora Janice Hahn, coautora de la moción.
La supervisora Kathryn Barger, que votó en contra de la medida, dijo que era injusta para los propietarios.
"Estoy segura de que nos enfrentaremos a impugnaciones legales", afirmó, y añadió que "los propietarios tendrán que asumir la responsabilidad financiera [del alquiler impagado] cuando no es culpa suya, y aún así tienen que pagar las facturas y mantener a sus familias".
Si se aprueba, la proclamación no impondría automáticamente una moratoria de desalojos, lo que requeriría una votación separada. Sin embargo, facultaría al condado a buscar financiación adicional y aplicar medidas para ayudar a estabilizar y apoyar a los residentes afectados.
Daniel Yukelson, director ejecutivo y consejero delegado de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, dijo que las protecciones contra los desalojos perjudican a los propietarios, que siguen estando obligados a pagar la hipoteca de la propiedad.
"Cuando se trata de pequeños propietarios familiares, muchos de ellos siguen luchando desde hace varios años bajo las moratorias de la COVID", declaró Yukelson a The Epoch Times en septiembre.
"Muchos de ellos siguen teniendo alquileres impagados, lo que supuso un enorme golpe financiero".
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a cabo operaciones a gran escala en lugares de trabajo y barrios del sur de California desde principios de este año, deteniendo a cientos de inmigrantes ilegales y provocando protestas.
Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 8 de septiembre allanó el camino para que el ICE procediera con la aplicación de la ley, rechazando las denuncias de discriminación racial en las detenciones.
Investigadores de la Universidad de California-Merced documentaron una caída inmediata del 3.1 por ciento en el empleo en todo el estado tras las primeras redadas, atribuyéndola en parte al ausentismo provocado por el miedo a ser detenido.
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