El Concejo Municipal de San José, en el norte de California, votó el 10 de junio a favor de que las personas sin hogar que rechacen tres ofertas de refugio incumplan las leyes de allanamiento y puedan ser detenidas.
Los miembros del concejo votaron 9 a 2 a favor de modificar el código de conducta de los campamentos de la ciudad con una disposición sobre la "responsabilidad de proporcionar refugio".
El alcalde de San José, Matt Mahan, demócrata, presentó la propuesta, que se encuentra entre las leyes contra los campamentos más estrictas introducidas desde que la Corte Suprema, en 2023, facilitó que las ciudades prohibieran acampar en espacios públicos. Mahan dijo que, si la ciudad ofrece suficientes refugios y viviendas temporales, se debe exigir a las personas sin hogar que se trasladen a ellos.
La vicealcaldesa Pam Foley dijo que el primer paso para ayudar a estas personas es darles un lugar donde vivir.
"No podemos esperar tratar adecuadamente las enfermedades mentales, la adicción o el desempleo de manera eficaz si alguien vive en la calle", dijo Foley durante la reunión del Ayuntamiento. "Un refugio estable, ya sea a través de viviendas provisionales, estacionamientos seguros o lugares seguros para dormir, no solo conecta a las personas con servicios esenciales y formación profesional, sino que, en última instancia, allana el camino hacia una vivienda permanente".
Foley dijo que el Código de Conducta actualizado demuestra que San José está comprometida con la reducción de la falta de vivienda y recuperar el acceso a los espacios públicos.
"Cuando hay refugios disponibles, decidir no ocupar esos espacios solo nos hace retroceder" afirmó. "Debemos asegurarnos de que se aprovecha al máximo cada oportunidad de trasladar a las personas a un lugar cubierto, tanto por su bien como por el bienestar de la comunidad de San José en general".
La ciudad no arrestará a nadie solo por rechazar un refugio. El arresto ocurrirá si se comete allanamiento. El objetivo del cambio al código es mejorar la relación con las personas sin hogar.
El concejal Peter Ortiz, que votó en contra de la propuesta, teme que la revisión del código de conducta pueda llevar a una situación en la que la ciudad criminalice de facto a las personas sin hogar, señalando que la política establece que alguien que simplemente rechace el refugio podría ser arrestado. Ortiz señaló que hay muchas razones por las que alguien puede rechazar un refugio, entre ellas las condiciones inseguras del mismo o la incompatibilidad.
"Creo que al incluir el término 'arresto' en esta política, podrían surgir consecuencias no deseadas", afirmó en la reunión del consejo municipal.
La concejal Pamela Campos, que también votó en contra, de la disposición, dijo que el problema de las personas sin hogar se ha simplificado demasiado.
"Al hablar con quienes atienden a personas sin hogar en los campamentos, entendí que se necesita tiempo y voluntad para crear vínculos de confianza y convencer a alguien de aceptar ayuda”, explicó Campos.
Cuando Mahan presentó la iniciativa "Responsabilidad de proporcionar refugio", dijo que las personas sin hogar también son responsables de buscar un lugar donde refugiarse.
"La responsabilidad es recíproca", dijo Mahan cuando presentó la propuesta en marzo de este año. "Nos hacemos responsables de duplicar la oferta de lugares seguros y dignos donde puedan ir las personas; es hora de que hagamos responsables a nuestros vecinos sin hogar que acepten vivir bajo un techo. Porque en San José, la falta de hogar nunca debería ser una opción".
El censo de personas sin hogar de San José en 2023 reveló que 9903 personas vivían en la calle, entre ellas 365 familias, 764 menores y 508 personas adultas solas. El recuento también reveló que el 24 % de las personas sin hogar perdieron su empleo antes de acabar en la calle, el 11 % citó el consumo de drogas y alcohol como la razón principal por la que se quedaron sin hogar, el 9 % citó un divorcio o una ruptura sentimental, el 8 % citó un desahucio y el 8 % huía de la violencia doméstica.
El 33 % era propietario o inquilino de una vivienda antes de quedarse sin hogar, el 31 % declaró padecer trastornos psiquiátricos o emocionales y el 29 % declaró sufrir trastorno por estrés postraumático.
A nivel estatal, el gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó en mayo que las ciudades prohibieran los campamentos.
"No hay nada compasivo en dejar que la gente muera en las calles", afirmó Newsom. "Los líderes locales pidieron recursos y nosotros les proporcionamos la mayor inversión estatal de la historia. Pidieron claridad jurídica y los tribunales se la dieron. Ahora les estamos dando un modelo que pueden poner en práctica de inmediato, con urgencia y humanidad, para resolver el problema de los campamentos y conectar a las personas con refugios, viviendas y atención. Se acabó el tiempo de la inacción. No hay más excusas".
El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, presentó en marzo la iniciativa «"reaking the Cycle" (Romper el ciclo) para cambiar la estrategia de la ciudad contra la falta de vivienda. También impuso restricciones de aparcamiento de dos horas a los vehículos recreativos (RV) y a los vehículos de gran tamaño, en un intento de impedir que la gente viva en ellos.
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