El 15 de mayo, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales relacionados con la solicitud de la Administración Trump de levantar las medidas cautelares nacionales impuestas a la orden del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento.
La decisión podría determinar cómo pueden abordar los jueces las acciones presidenciales.
Durante los argumentos, los magistrados plantearon preguntas sobre hasta dónde pueden llegar los jueces de cortes inferiores a la hora de dictar medidas cautelares contra determinadas políticas.
El fiscal general D. John Sauer le dijo a la corte que las medidas cautelares a nivel nacional exceden la autoridad de los jueces en virtud del artículo 3 de la Constitución.
Aunque los miembros de la Corte Suprema criticaron las medidas cautelares a nivel nacional en el pasado, parecían escépticos sobre la conveniencia de levantar las medidas cautelares en este caso.
La Orden Ejecutiva 14160 del presidente Donald Trump, firmada el 20 de enero, establece que «la Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado en el sentido de otorgar la ciudadanía universal a todas las personas nacidas en Estados Unidos».
La orden ejecutiva suscitó un debate sobre el significado de la cláusula de ciudadanía de la 14.° Enmienda, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
A continuación se presentan algunas conclusiones de los argumentos, así como consideraciones en torno a la sentencia de la Corte Suprema.
1. No se espera una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad
El argumento se derivó de una solicitud de emergencia presentada por la Administración Trump para limitar tres medidas cautelares a nivel nacional que bloqueaban la orden del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento.En una fase tan temprana del litigio, los jueces se refirieron más a consideraciones sobre procedimiento, como el alcance de la reparación, que con la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes ilegales.
Sin embargo, los jueces aún pueden considerar la probabilidad de que cada parte tenga éxito con sus argumentos sobre las cuestiones más sustantivas. La cuestión también podría llegar de nuevo a la Corte Suprema tras un nuevo examen en las cortes inferiores, lo que daría a los jueces la oportunidad de dictar una sentencia más definitiva sobre la ciudadanía por nacimiento.
Sauer podría haber pedido a la Corte Suprema que profundizara en las cuestiones constitucionales, pero no lo hizo. La jueza Amy Coney Barrett le presionó sobre este punto y le preguntó por qué quería que las cortes inferiores examinaran más a fondo la cuestión antes de que los jueces se pronunciaran al respecto.
«¿Entonces no está claro el fondo del asunto?», preguntó.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que si la orden de Trump es ilegal, permitir que la administración siga aplicándola sería incompatible con el estado de derecho.
«Me parece que su argumento dice que podemos seguir haciéndolo hasta que todos los que puedan verse perjudicados por ello averigüen cómo presentar una demanda, contratar a un abogado, etc.», dijo. «Y no entiendo cómo eso es remotamente compatible con el estado de derecho».
El candidato a fiscal general, D. John Sauer, se prepara para testificar durante su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado en el Capitolio, el 26 de febrero de 2025. (Chip Somodevilla/Getty Images)
2. Varios jueces critican la orden de Trump
Durante los argumentos del 15 de mayo, las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan parecieron considerar que la Administración había interpretado erróneamente la 14.° Enmienda al ordenar que se dejara de conceder la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales.«En mi opinión, esta orden viola cuatro precedentes de la Corte Suprema», dijo Sotomayor a Sauer.
Más tarde, Kagan sugirió a Sauer que la administración seguiría perdiendo en la defensa de su política ante las cortes inferiores. Preguntó qué incentivo tendría el gobierno para apelar el caso ante la Corte Suprema si otro juez no hubiera dictado una orden judicial a nivel nacional.
«Si yo estuviera en su lugar, no se me ocurriría llevar este caso a la Corte Suprema, así que seguiría perdiendo en las cortes inferiores, ¿y qué se supone que se haría para evitarlo?», preguntó.
3. Disputa sobre la autoridad histórica de las cortes
El juez Clarence Thomas pareció el más comprensivo con la posición de Sauer y sugirió que las órdenes judiciales a nivel nacional no tienen una base histórica sólida.Sauer había argumentado que la primera orden judicial a nivel nacional se dictó en 1963 y que la corte había dicho sistemáticamente que la reparación debía limitarse a los demandantes.
«¿Así que sobrevivimos hasta la década de 1960 sin órdenes judiciales universales?», preguntó Thomas.
Sotomayor, por su parte, le preguntó al fiscal general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum: «Hemos tenido mandatos judiciales universales de alguna forma, ¿verdad? Desde la fundación».
Ambos jueces preguntaron sobre la historia de las cortes que dictan órdenes conocidas como «leyes de paz», que resuelven disputas entre múltiples partes. Sauer describió la práctica como similar a una demanda colectiva moderna y diferente de un mandato judicial a nivel nacional. Sotomayor no estuvo de acuerdo con esa comparación.
4. ¿Existen alternativas a las órdenes judiciales a nivel nacional?
El juez Brett Kavanaugh sugirió que las demandas colectivas, o los juicios en los que varios demandantes demandan en nombre de un grupo más amplio de demandantes, podrían sustituir a las órdenes judiciales a nivel nacional.Si no se pudieran dictar órdenes judiciales a nivel nacional en este caso, se podrían presentar demandas colectivas, lo que «resolvería gran parte del problema de una manera que cumple con las normas», afirmó el juez.
Los jueces de la Corte Suprema Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, asisten a la ceremonia de investidura en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025. (Chip Somodevilla/Getty Images)Kelsi Corkran, abogada de grupos de defensa de los inmigrantes, no estuvo de acuerdo y dijo que ese enfoque «solo canaliza los problemas a través de un mecanismo diferente».
Kagan dijo que el estado de Nueva Jersey, parte litigante en el caso, argumenta que, sin la disponibilidad de medidas cautelares a nivel nacional, podría enfrentarse a «costes administrativos y... problemas de viabilidad» como consecuencia de la posible inconsistencia de las sentencias judiciales dictadas en diferentes estados sobre la cuestión de la ciudadanía.
Esto también podría dar lugar a un «problema imán», ya que «todo el mundo se trasladaría al estado donde existe la norma más favorable», afirmó Kagan.
5. Dificultades para demandar por la ciudadanía por nacimiento
Jackson afirmó que la propuesta del gobierno de restringir las medidas cautelares a nivel nacional dificultaría que las personas pudieran demandar para reivindicar sus derechos.«Su argumento parece convertir nuestro sistema judicial... en una especie de régimen del «atrápame si puedes»... en el que todo el mundo tiene que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas», afirmó.
Sauer no estuvo de acuerdo y dijo que, dada la situación actual, «el problema del «atrápame si puedes» funciona en sentido contrario, ya que es el gobierno el que tiene que ir de una jurisdicción a otra, teniendo que dejar todo claro para poder aplicar una nueva política».
«Muchos de nosotros hemos expresado nuestra frustración por la forma en que las cortes de distrito están llevando a cabo su labor», dijo Kagan.
El sistema actual fomenta la búsqueda del foro más favorable, dijo, refiriéndose a los demandantes que eligen presentar una demanda en una jurisdicción donde creen que el juez será favorable a su caso.
Durante la primera administración Trump, los litigantes buscaban sentencias favorables presentando sus demandas en cortes consideradas favorables en San Francisco, pero en la administración Biden que le sucedió, los litigantes presentaron sus demandas en Texas, dijo Kagan.
«Ese mecanismo crea un gran problema», afirmó.
La Corte Suprema en Washington, el 3 de abril de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
