Un proyecto de ley de California que autoriza a los médicos a recetar el fármaco abortivo mifepristona mediante citas virtuales y enviar las píldoras por correo fuera del estado fue aprobado por la Legislatura el 10 de septiembre y ahora está en el escritorio del gobernador Gavin Newsom para su aprobación final.
El Proyecto de Ley 260 de la Asamblea protege a proveedores de salud, farmacéuticos, clínicas y hospitales de sanciones por recetar o dispensar mifepristona y permite que un farmacéutico dispense medicamentos abortivos sin incluir el nombre del paciente, del médico que receta o el nombre y dirección de la farmacia en la etiqueta.
También ordena la cobertura de seguros para el aborto con medicamentos, incluido Medi-Cal, y amplía el acceso a las píldoras mediante servicios de telesalud. Los farmacéuticos deberán mantener un registro de recetas que no estará abierto a inspección por parte de las fuerzas del orden sin una citación, y se les prohibirá divulgar la información a personas en otro estado.
La líder de la Asamblea, Cecilia Aguiar-Curry, demócrata del condado rural de Yolo, en el norte de California, redactó la legislación porque dijo temer incertidumbre en el futuro.
“AB 260 trata de garantizar que los californianos tengan la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos sin miedo ni interferencia de agendas políticas”, dijo Aguiar-Curry en un comunicado el 22 de mayo, cuando el proyecto fue aprobado por la Asamblea. “Protege a los proveedores, fortalece el acceso a través de la telesalud y asegura que la mifepristona —un medicamento seguro, aprobado por la FDA por más de 20 años—, siga siendo legal y esté disponible en todo California, especialmente para quienes viven en áreas rurales y desatendidas”.
Si Newsom firma, AB 260 autorizaría al Departamento de Salud del estado a adoptar regulaciones específicas para la mifepristona y otros fármacos abortivos, incluso eximiéndolos de ciertos requisitos en caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) deje de aprobarlos.
“Esto es especialmente importante ahora que el gobierno federal intenta restringir el acceso y con los recortes propuestos al presupuesto estatal para la atención médica”, agregó Aguiar-Curry.
La iniciativa fue patrocinada por Planned Parenthood Affiliates of California.
Mientras tanto, críticos señalaron que el proyecto de ley ignora los riesgos para las mujeres.
El California Family Council se opuso a la iniciativa, citando complicaciones derivadas del uso del medicamento abortivo. Según el consejo, un estudio publicado en abril encontró que casi el 11 por ciento de las mujeres que tomaron mifepristona experimentaron efectos adversos graves como hemorragia, sepsis o infección.
“AB 260 no se trata de proteger a las mujeres; se trata de proteger una agenda abortista mientras se ignoran los riesgos para la madre”, dijo el vicepresidente del consejo, Greg Burt. “Cada vez surge más evidencia que muestra que los abortos químicos, aunque populares, están causando daños a las mujeres, pero los políticos quieren ocultar o hacer la vista gorda ante esa evidencia”.
La mifepristona, un fármaco utilizado en combinación con un segundo medicamento —misoprostol—, se toma para interrumpir un embarazo y fue aprobado por la FDA en el año 2000.
En mayo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., anunció que la agencia llevaría a cabo una revisión sobre la seguridad del medicamento.
Newsom criticó la decisión de Kennedy, alegando que se basaba en “investigación política falsa de una organización conservadora”.
Tabletas de mifepristona en una clínica de Planned Parenthood en Ames, Iowa, el 18 de julio de 2024. (Charlie Neibergall/AP)“Este es otro ataque más a la libertad reproductiva de las mujeres y a una atención médica revisada científicamente”, dijo Newsom. “California seguirá protegiendo el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones médicas y ayudará a garantizar que la mifepristona esté disponible para quienes la necesiten.”
El último proyecto de ley aprobado por la Legislatura forma parte del esfuerzo continuo de California por proteger el acceso al aborto tras la decisión Dobbs emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022. En dicha decisión, los jueces revocaron el fallo Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el aborto a nivel nacional, y devolvieron la decisión a cada estado para determinar si permitirían el aborto dentro de su jurisdicción.
Tras la decisión Dobbs, 12 estados han impuesto prohibiciones al aborto: Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental.
Un puñado de otros estados ha aprobado ciertas restricciones al aborto, mientras que California, Oregón, Washington, Minnesota, Illinois, Nueva York, Vermont, Connecticut, Maryland, Nueva Jersey y Hawái ampliaron el acceso al aborto.
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