Los agentes federales de inmigración del sur de California tienen ahora prohibido hacerse pasar por policías locales o utilizar otras tácticas engañosas para llevar a cabo arrestos domiciliarios, en virtud de un acuerdo judicial aprobado esta semana en una demanda colectiva que impugnaba las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El juez federal Otis Wright aprobó el 4 de agosto el acuerdo en un caso presentado en 2020 por un beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y dos grupos de defensa: la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la Coalición Interior para la Justicia Inmigrante (ICIJ).
"Tras examinar cuidadosamente los documentos, la corte aprueba y firma la orden de aprobación definitiva", reza una entrada del registro judicial del 4 de agosto.
Los demandantes alegaban que el ICE se hacía pasar habitualmente por la policía local, agentes de libertad condicional u otras autoridades para entrar en los domicilios o atraer a los residentes al exterior para detenerlos. La demanda alegaba violaciones sistemáticas de las garantías constitucionales contra los registros y confiscaciones ilegales durante las detenciones domiciliarias sin orden judicial.
"Las prácticas del ICE violan los derechos de la Cuarta Enmienda tanto de los residentes no ciudadanos como de los ciudadanos de la vivienda, así como las propias normas y reglamentos del ICE", afirma la demanda original. "La Cuarta Enmienda no permite a los agentes del ICE coaccionar el "consentimiento" para entrar en la vivienda haciéndose pasar por otro funcionario del gobierno y tergiversando el propósito de su visita".
En 2023, el juez certificó dos clases de demandantes: la "clase Ruse", abordada en el acuerdo, y otra clase separada, la "clase Tocar y Hablar", que se resolvió en junio de 2025, cuando la corte dictaminó que el ICE no podía entrar en el área privada alrededor de una vivienda, conocida como curtilage, sin una orden judicial o el consentimiento para llevar a cabo una detención sin orden judicial.
El acuerdo del 4 de agosto sobre la "clase Ruse" se aplica a la Oficina Local del ICE en Los Ángeles, que supervisa la aplicación de la ley de inmigración en siete condados: Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. No se extiende a todo el país, pero podría influir en litigios o políticas similares en otros lugares.
En virtud del acuerdo, los agentes del ICE asignados a la oficina local de Los Ángeles están obligados a identificarse con precisión cuando llevan a cabo detenciones domiciliarias. El acuerdo prohíbe a los agentes presentarse como policías locales, agentes de libertad condicional u otras autoridades no federales.
Si los agentes llevan equipo marcado con la palabra "POLICÍA", también deben mostrar marcas igualmente visibles que los identifiquen como "ICE", para evitar confusiones entre los residentes sobre la verdadera afiliación de los agentes.
El acuerdo también prohíbe el uso de artimañas engañosas durante las operaciones policiales. Los agentes no pueden inventar amenazas a la seguridad pública, afirmar falsamente que están llevando a cabo una investigación criminal o utilizar fotos o nombres ajenos al caso para persuadir a los residentes a que abran la puerta o salgan a la calle. Estas tácticas, fundamentales en las alegaciones de la demanda, se consideraron una violación de las garantías constitucionales de los residentes y contribuyeron a la desconfianza generalizada en las comunidades de inmigrantes.
Además, el acuerdo exige nuevas medidas de formación y supervisión. El ICE debe revisar la formación sobre la Cuarta Enmienda que imparte a los agentes de la zona de Los Ángeles, actualizar los procedimientos para reflejar los requisitos del acuerdo y documentar cómo se identifican los agentes durante las detenciones en domicilios particulares. Durante tres años, el ICE proporcionará a los abogados de los demandantes datos semestrales sobre las medidas de control en domicilios particulares para garantizar el cumplimiento de los términos aprobados por la corte.
Los defensores elogiaron el acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, como un control positivo del poder del ICE.
"Este acuerdo deja claro que los agentes de inmigración no están por encima de la Constitución y que se les exigirán responsabilidades por sus prácticas engañosas", dijo Diana Sánchez, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California, en un comunicado.
La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, dijo que el acuerdo "crea una comunidad más segura" al poner fin a supuestas tácticas como la de los agentes del ICE que afirmaban falsamente que había un problema con el vehículo de un residente para inducirlo a salir.
El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niegan haber cometido ninguna irregularidad, pero aceptaron llegar a un acuerdo para evitar los gastos y la incertidumbre de un litigio continuado, según los términos del acuerdo.
The Epoch Times se puso en contacto con el DHS para saber si la agencia tiene previsto modificar sus prácticas fuera del área de Los Ángeles o apelar algún aspecto de la sentencia.
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