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(De izq. a der.) El secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth asisten a una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, el 30 de abril de 2025. (Andrew Harnik/Getty Images)

(De izq. a der.) El secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth asisten a una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, el 30 de abril de 2025. (Andrew Harnik/Getty Images)

La administración Trump considera ampliar las restricciones de viaje a 36 países adicionales

Los ciudadanos de 19 países ya tienen restringida o prohibida la entrada en virtud de una proclamación presidencial anterior firmada por el presidente Donald Trump.

INMIGRACIÓNPor Joseph Lord
18 de junio de 2025, 2:03 a. m.
| Actualizado el18 de junio de 2025, 2:03 a. m.

La administración del presidente Donald Trump está considerando ampliar sustancialmente las restricciones de viaje para incluir a los ciudadanos de 36 países, que se suman a las prohibiciones de viaje ya existentes para 12 países.

«El Departamento de Estado señaló 36 países que son motivo de preocupación y que podrían ser recomendados para la suspensión total o parcial de la entrada si no cumplen los criterios y requisitos establecidos en un plazo de 60 días», dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un memorándum interno dirigido a los diplomáticos estadounidenses. Una fuente familiarizada con el tema confirmó el memorándum y afirmó que las conversaciones siguen en curso.

Los 36 países considerados, muchos de ellos situados en África, tienen hasta el 18 de junio para responder antes de enfrentarse a sanciones en materia de viajes, según la fuente. Estas sanciones podrían incluir prohibiciones totales, como las ya impuestas a una docena de países, o restricciones menos severas.

Según el memorándum diplomático, el motivo es que los países que se están considerando para la prohibición demuestran «una falta de gobierno competente o cooperativo», incluyendo la incapacidad de producir documentos y registros de identidad fiables y auténticos. Rubio mencionó específicamente la «seguridad cuestionable» de los pasaportes de los países afectados.

Según se informa, algunos de los países que se están considerando también se han mostrado poco cooperativos a la hora de colaborar con el gobierno federal para facilitar el regreso de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

La lista completa de países que se están considerando para las restricciones incluye Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Kirguistán, Liberia, Malaui, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

La noticia provocó algunas reacciones negativas por parte de los críticos, que alegaron que la lista se centraba injustamente en los países africanos.

Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, rechazó que ese fuera el motivo en sus comentarios durante una rueda de prensa celebrada el 17 de junio, afirmando que el motivo principal de la imposición de nuevas restricciones era «proteger a los ciudadanos de nuestro país manteniendo los más altos estándares de seguridad nacional y pública a través de nuestro proceso de visados».

«La geolocalización, la ubicación real del país, no es un factor, ni tampoco el continente en el que se encuentra», afirmó Bruce. «Se trata de aspectos muy específicos relacionados con si Estados Unidos considera que puede confiar en la información que recibe de esos países para determinar si se les concede o no un visado».

Bruce afirmó que la Administración quiere garantizar que el proceso de concesión de visados proteja la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos.

«Creo que se trata de un listón muy bajo, que todas las naciones deberían poder adoptar para proteger la seguridad nacional y los intereses nacionales de Estados Unidos y su pueblo», afirmó.

El gobierno está evaluando «la capacidad de seguridad de otros países, sus prácticas de intercambio de información y gestión de la identidad, y el uso indebido del sistema de visados estadounidense, como los índices de estancia ilegal y la falta de facilitación de la repatriación de sus ciudadanos expulsables».

Las restricciones previstas se producen después de que otros ciudadanos de 19 países ya tuvieran restricciones o prohibición de entrar a Estados Unidos en virtud de una proclamación presidencial del 4 de junio firmada por Trump. Dicha proclamación entró en vigor el 9 de junio.

Los países que actualmente se enfrentan a prohibiciones totales en virtud de la proclamación de Trump son Afganistán, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Birmania (también conocida como Myanmar), la República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen.

Otros siete países tienen sanciones parciales de viaje, entre ellos Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Trump suspendió la entrada de personas procedentes de esos siete países «como inmigrantes y como no inmigrantes» con visados B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, según la directiva. Es probable que otros países se enfrenten a restricciones similares en virtud de los planes actuales de la Administración.

La prohibición de viajar es consecuencia de una orden ejecutiva emitida por Trump el 20 de enero en la que se exigía a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que elaboraran un informe sobre las «actitudes hostiles» hacia Estados Unidos y sobre si la entrada de ciudadanos de determinados países representaba un riesgo para la seguridad nacional.

La Comisión de la Unión Africana expresó en su momento su preocupación por el «posible impacto negativo» de la medida.

«La Comisión de la Unión Africana insta respetuosamente a la Administración estadounidense a que considere la adopción de un enfoque más consultivo y entable un diálogo constructivo con los países afectados», afirmó la Comisión en un comunicado.

Emel Akan contribuyó a este reportaje.

Con información de Reuters


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