La administración Trump presentó una segunda apelación solicitando a la Corte Suprema que analice si la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento del presidente Donald Trump es constitucional.
La nueva petición del gobierno federal en el caso Trump v. Barbara fue registrada por la Corte el 29 de septiembre.
Esta se presentó luego que el gobierno presentara otra petición en un caso relacionado, Trump v. Estado de Washington, ante la Corte Suprema el 26 de septiembre.
La Orden Ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero, establece que "la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada para otorgar ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en los Estados Unidos".
Según la orden, una persona nacida en Estados Unidos no está “sujeta a su jurisdicción” si la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en el país y el padre de la persona no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.
También declara que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a un individuo cuya presencia de la madre era legal pero temporal y cuyo padre no fuera ciudadano ni residente permanente legal al momento del nacimiento.
Esta orden ejecutiva ha generado un debate sobre el significado de la cláusula de ciudadanía de la 14a Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
El 27 de junio, la Corte Suprema permitió parcialmente la orden ejecutiva en una decisión que señaló que las medidas cautelares universales probablemente excedieron la autoridad de las Cortes.
La decisión de 6 a 3 en el caso Trump v. CASA Inc. no resolvió definitivamente la constitucionalidad del intento del presidente de limitar la ciudadanía por nacimiento, sino que se centró en si tres medidas cautelares a nivel nacional que bloqueaban la política podían mantenerse.
En la nueva petición, el procurador General D. John Sauer solicitó a la Corte Suprema que revise una medida cautelar preliminar que bloquea la orden ejecutiva.
El juez federal de distrito Joseph Laplante, de New Hampshire, emitió la orden judicial el 10 de julio deteniendo la orden ejecutiva y permitiendo a los demandados en el caso de la Corte Suprema avanzar con una demanda colectiva contra la política de ciudadanía por nacimiento de Trump. La orden judicial suspende la política mientras se desarrolla el litigio en la Corte.
La demandante principal en el caso de la Corte Suprema se identifica simplemente como “Bárbara”, una ciudadana de Honduras que vive en New Hampshire con su esposo y sus tres hijos pequeños. Ella presentó una solicitud de asilo que ahora está pendiente ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y vive en el país desde 2024, dijo el juez Laplante en su orden.
El esposo de Bárbara, padre de sus hijos, no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. La pareja espera su cuarto hijo. Barbara tiene la intención de solicitar en nombre de su hijo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, anteriormente conocido como cupones de alimentos, Medicaid y otros beneficios disponibles para ciudadanos estadunidenses, según el juez.
Laplante señaló que los argumentos del gobierno de que bloquear la orden ejecutiva causaría un daño irreparable son “poco convincentes para la Corte”, especialmente considerando que el presidente promovió la política unilateralmente, sin legislación ni debate público.
La política de ciudadanía por nacimiento es “de constitucionalidad altamente cuestionable y negaría la ciudadanía a miles de personas que anteriormente la habían obtenido bajo una política indiscutiblemente establecida desde hace mucho tiempo ”, afirmó el juez.
Sauer argumentó en la nueva petición que los tribunales inferiores han malinterpretado el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898), una decisión clave de la Corte Suprema que estableció que los hijos de residentes permanentes legales tienen derecho a la ciudadanía bajo la cláusula de ciudadanía.
Sauer afirmó que esta cláusula no otorga ciudadanía a los hijos de visitantes temporales o inmigrantes ilegales.
Los precedentes de la Corte Suprema sostienen que la cláusula abarca a los niños que están “completamente sujetos” a la “jurisdicción política” de Estados Unidos, lo que significa “que deben ‘lealtad directa e inmediata’ a la nación y pueden recuperar su protección”, explicó Sauer.
En la petición del caso Trump vs Washington, Sauer pidió a la Corte Suprema que revise dos fallos de Cortes inferiores que detuvieron la orden ejecutiva.
“Las decisiones de las Cortes inferiores invalidaron una política de suma importancia para el presidente y su administración, de una manera que socava la seguridad de nuestras fronteras”, afirmó Sauer.
“Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas".
Un panel de tres jueces de la Corte de apelaciones del Noveno Circuito dictaminó el 23 de julio que la orden ejecutiva era “inválida porque contradice el lenguaje claro de la concesión de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda a todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción".
Antes de eso, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington falló en contra de la orden ejecutiva el 6 de febrero. Ese tribunal concedió una medida cautelar que bloqueó la orden porque “sujeta” a los estados que impugnan la orden a “daños económicos y administrativos inmediatos".
La Corte dijo que la orden ejecutiva obligaba a los estados a descalificar a muchas personas que consideran ciudadanos, perdiendo en el proceso fondos federales a los que de otro modo serían elegibles. Los estados probablemente tengan éxito en su afirmación de que la orden ejecutiva viola la 14a Enmienda, agregó la Corte.
La Corte Suprema ordenó a los abogados de Barbara y al fiscal general del estado de Washington que presenten una respuesta a las respectivas peticiones antes del 29 de octubre.
The Epoch Times se puso en contacto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que forma parte del equipo legal de Barbara, y a la oficina del fiscal general de Washington para solicitar comentarios.
No se recibieron respuestas antes de la publicación.
Sam Dorman contribuyó a este informe.
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