El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 4 de septiembre que acusó a 12 personas por una presunta conspiración internacional que implicaba tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero, y que traía a miles de inmigrantes ilegales a Estados Unidos con fines lucrativos.
Según la acusación formal del DOJ, los acusados participaron en una operación que ayudó a ciudadanos cubanos a entrar ilegalmente en Estados Unidos mediante la preparación de solicitudes de visado, el blanqueo de millones de dólares y la explotación del proceso de inmigración. La red de tráfico ilegal operaba presuntamente a través de una empresa ficticia con sede en Tampa, que se hacía pasar por un servicio de inmigración legítimo, según el DOJ.
Durante una rueda de prensa en Tampa, Florida, la fiscal general Pam Bondi y otros funcionarios dieron crédito a la Fuerza Operativa Conjunta Alfa por la acción policial. La fuerza operativa se creó en 2021 para investigar y perseguir a los grupos que cometen delitos de trata de personas.
Su objetivo son las operaciones de tráfico ilícito que se sabe que explotan y abusan de los migrantes que intentan entrar en Estados Unidos.
"Este Departamento de Justicia está investigando y persiguiendo el tráfico de personas con más agresividad que nunca, y la Fuerza Operativa Conjunta Alfa es la punta de lanza", afirmó Bondi. "No descansaremos hasta que aquellos que se benefician del sufrimiento de personas vulnerables, entre ellas muchos niños no acompañados, se enfrenten a una justicia severa y exhaustiva".
Entre los acusados se encuentran cinco personas de Tampa, Florida: Yuniel Lima-Santos, de 30 años; Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, de 30 años; Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 31 años; Layra Libertad Treto Santos, de 31 años; y Gisleivy Peralta Consuegra, de 40 años, según el Departamento de Justicia.
También están acusados, según el Departamento de Justicia, Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 27 años, de Hialeah, Florida, acusado de residir ilegalmente en Estados Unidos; Erik Ventura-Castro, de 23 años, de Hialeah, Florida; Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 26 años, acusada de residir ilegalmente en Lebanon, Tennessee; Marianny Lucía López-Torres, de 25 años, de Cuba y anteriormente de Hialeah, Florida; Frandy Aragón-Díaz, de 33 años, de Cuba, acusado de residir ilegalmente en Tampa, Florida; Walbis Pozo-Dutel, de 30 años, de Katy, Texas; y Emanuel Martínez González, de 28 años, acusado de residir ilegalmente en Hialeah, Florida.
Todos los acusados, excepto Consuegra, están acusados de conspiración para cometer tráfico ilegal de inmigrantes con fines lucrativos. Lima-Santos y Aragón-Díaz también están acusados de tráfico ilegal de inmigrantes con fines lucrativos.
Lima-Santos, Vega-Pérez, Aragón-Díaz, Treto Santos y Consuerga están acusados de conspiración para cometer fraude de asilo.
Cabrera-Rodríguez, Lima-Santos, Vega-Pérez, Aragón-Díaz, Ventura-Castro, Vasconcelos, Escalona-Marrero y Treto Santos están acusados de conspiración para blanquear instrumentos monetarios.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de los acusados, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
"Desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados promocionaron servicios de visado falsos en Internet, afirmando que los ciudadanos cubanos podían garantizar su entrada en Estados Unidos mediante falsas declaraciones de ciudadanía europea", dijo el Departamento de Justicia. "Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas al Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, utilizando direcciones falsas y documentos falsificados".
Los fiscales afirmaron que los acusados cobraban a sus clientes entre USD 1500 y 40 mil, y en ocasiones fletaban aviones privados para trasladar a grupos de inmigrantes ilegales.
El Departamento de Justicia afirmó que la presunta operación de tráfico ilegal promocionaba sus servicios en las redes sociales y en plataformas de mensajería cifrada.
"Los registros muestran que gastaron más de USD 2.5 millones solo en vuelos y canalizaron más de USD 7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. Según un análisis financiero realizado de 27 cuentas conocidas asociadas con los acusados y sus cómplices, la organización de tráfico de extranjeros ingresó más de USD 18 millones durante el transcurso de la conspiración", afirmó el Departamento de Justicia.
Bondi agradeció al Departamento de Seguridad Nacional y a la secretaria Kristi Noem por colaborar con el Departamento de Justicia y el grupo de trabajo, que, según dijo, se está ampliando para incluir a otras agencias.
"Nuestra increíble compañera en el DHS, Kristi Noem, y yo estamos ampliando esto para incluir a nuestros agentes de la DEA, la ATF y el FBI en este grupo de trabajo para dotarnos de aún más personal", afirmó Bondi.
"Que quede claro: si trafica con seres humanos, será descubierto, procesado y llevado ante la justicia".
El Grupo de Trabajo Conjunto Alpha, que tramitó cientos de casos desde su creación, se centra ahora en la frontera norte, para lo cual cuenta con fiscales de la división penal del Departamento de Justicia que colaboran con las fiscalías de Vermont y del Distrito Norte de Nueva York para investigar y tramitar los casos, según informaron las autoridades.
"Se aprovechan de personas desesperadas y lo suficientemente desorientadas como para intentar entrar ilegalmente en el país", afirmó Michael Drescher, fiscal federal en funciones del distrito de Vermont, durante la rueda de prensa. "En la frontera norte, estos cruces ilegales suelen implicar atravesar bosques y pantanos en condiciones inhóspitas y peligrosas".
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