El abogado chino de derechos humanos Zhang Ren, que ahora vive en Nueva York, ejerció la abogacía durante más de tres décadas en Beijing. Tras años de experiencia de primera mano, ha comenzado a pronunciarse en contra del Partido Comunista Chino (PCCh), calificando su sistema legal de "estafa".
"China necesita democracia y Estado de derecho", decía Zhang a la edición en chino de The Epoch Times el 18 de septiembre.
"Bajo el actual sistema [político], la ley es esencialmente una estafa".
Zhang comenzó sus estudios de Derecho en 1987 en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Suroeste, en la ciudad de Chongqing. Formó parte de la primera generación de profesionales del Derecho con formación reglada en China tras la Revolución Cultural (1966-1976).
El entonces líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, puso en marcha un violento movimiento político de masas para consolidar su poder y erradicar la cultura tradicional china y los ideales occidentales de democracia y libertad. Funcionarios, intelectuales, profesionales y otras personas inocentes fueron sometidos a desfiles públicos humillantes y palizas. Los historiadores estiman que hasta dos millones de personas murieron de forma no natural durante la Revolución Cultural.
Justo antes de que Zhang se graduara, en 1989 estallaron en la plaza de Tiananmen las protestas prodemocráticas lideradas por los estudiantes. Zhang se unió a las manifestaciones en Chongqing y más tarde en Hangzhou, mientras visitaba a su prometida.
Tras graduarse, a Zhang le ofrecieron un puesto en la Fiscalía Provincial de Zhejiang, pero lo rechazó. Sus experiencias durante las protestas y la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989 le llevaron a decidir no trabajar para instituciones afiliadas al PCCh. En su lugar, optó por ejercer la abogacía de forma independiente, convencido de que ese camino le permitiría defender a la gente corriente y luchar por la justicia.
"Si un abogado solo ve el trabajo como una forma de ganar dinero, más le vale dedicarse a los negocios", dijo Zhang. "Un abogado debe asumir una responsabilidad moral".
Un sistema legal al revés
Durante las últimas tres décadas, Zhang ejerció en los ámbitos del derecho penal, civil, administrativo y corporativo. En los últimos años, se especializó en la defensa de los derechos humanos, lo que le llevó a entrar en la lista negra del PCCh y a que le retuvieran el salario y los ingresos. Sus casos le han enseñado que, cuando los ciudadanos chinos de a pie desafían al régimen, no existe el debido proceso."En los juicios administrativos, como las disputas por demoliciones forzosas, los procedimientos y los derechos garantizados por la ley son falsos", dijo Zhang. "Cuanta más gente demanda, más injusticias sufre".
"Los litigios se convierten en una prueba de las conexiones [con el PCCh] y el dinero. El imperio de los hombres prevalece sobre el imperio de la ley".
Describió el código civil y penal de China como una "mezcolanza" de conceptos jurídicos occidentales, pero sin derechos fundamentales. Aunque la Constitución china garantiza nominalmente derechos básicos como la libertad de expresión, de reunión y de prensa, estos derechos quedan anulados por regulaciones restrictivas.
"Nunca se aprueba ni una sola solicitud de protesta", dijo.
Bajo el PCCh, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional —el órgano legislativo permanente de China que actúa como mero sello de goma— interpreta la Constitución y supervisa su aplicación, mientras que la Corte Suprema Popular, como máximo órgano judicial, no puede juzgar directamente los derechos constitucionales.
Zhang dijo que, a diferencia de los países democráticos occidentales, China no tiene una corte constitucional que supervise el cumplimiento del régimen. Los tribunales ordinarios tampoco pueden citar la Constitución al dictar sentencia en los casos, lo que convierte al documento en "letra muerta", dijo.
Puso como ejemplo los escándalos financieros. En el colapso de las plataformas de préstamos entre particulares (P2P) de China, los inversores civiles perdieron miles de millones. Sin embargo, en lugar de proteger a las víctimas, las autoridades del PCCh confiscaron los activos y desestimaron las demandas, dijo.
La Corte Suprema Popular básicamente reinterpretó la ley, dijo Zhang y las demandas civiles no pudieron continuar mientras el Estado perseguía penalmente a los infractores. En otras palabras, dijo, el PCCh confiscó todos los activos en cuestión, pero no dejó ninguna compensación para los inversores civiles que sufrieron pérdidas masivas en esos planes.
Defensa de los practicantes de Falun Gong
En 1999, Zhang se trasladó a Beijing, donde comenzó a defender a los practicantes de Falun Gong. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Se presentó por primera vez al público en China en 1992 y rápidamente ganó popularidad, con al menos 70 millones de personas practicándolo al final de la década, según las estimaciones oficiales de la época.Temiendo la popularidad de Falun Gong, el PCCh lanzó en julio de 1999 una brutal campaña para erradicar la práctica. Desde entonces, millones de personas han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas, trabajos forzados e incluso de sustracción forzada de órganos.
Cuando la Oficina Municipal de Justicia de Beijing ordenó a los abogados que no aceptaran casos de Falun Gong en ese momento, Zhang siguió trabajando en ellos a pesar de estar sometido a vigilancia policial.
Dijo que los practicantes de Falun Gong son "personas amables y decentes". Contó que un practicante anciano que una vez cuidó a su hijo, que entonces tenía 4 años, le enseñó valores morales. Zhang recordó que, a una edad temprana, su hijo aprendió a ceder su asiento en el autobús a otras personas, un recuerdo que Zhang atesora hasta el día de hoy.
Zhang rechaza la propaganda del PCCh contra Falun Gong, incluido el incidente de la "autoinmolación" de la plaza de Tiananmen, ampliamente reconocido por los expertos como un incidente falso organizado por el régimen para poner al público chino en contra de los practicantes de Falun Gong.
"No había ninguna base constitucional, legal o fáctica para la persecución", señaló Zhang. "La única razón era que los líderes del Partido sentían que su autoridad estaba siendo cuestionada".
Describió la persecución como "el mayor caso injusto de la historia de China", señalando su amplio alcance y su profundo impacto y apuntando a la práctica sancionada por el Estado de la sustracción forzada de órganos.
"Además, el PCCh ha creado el mayor escándalo del mundo: la legalización de los trasplantes de órganos [forzados]", dijo. "Esto es algo totalmente incompatible con la dignidad humana y los derechos humanos y su raíz se encuentra en la persecución de Falun Gong".
Por qué no puede arraigar el Estado de derecho
Para Zhang, el problema fundamental es el régimen autoritario del PCCh y su objetivo político de mantenerse en el poder por cualquier medio necesario, incluyendo la manipulación de la ley para lograr sus objetivos."El PCCh no es un régimen basado en el Estado de derecho", dijo. "La ley debería ser un contrato social entre las diferentes clases [de la sociedad]. En China, no es más que la voluntad de la élite gobernante".
Señaló que, incluso cuando las empresas constructoras demandan a las autoridades locales por facturas impagadas, las cortes chinas carecen de autoridad para hacer cumplir las sentencias sobre los gobiernos locales. Por lo tanto, los litigios administrativos tienden a centrarse más en hacer que el proceso legal parezca legítimo que en abordar realmente el problema en cuestión.
En última instancia, cree que sin democracia y un verdadero estado de derecho, las futuras generaciones de chinos seguirán sufriendo en un ciclo de represión y violencia.
"El PCCh defiende la violencia: tomar el poder mediante la violencia y mantenerlo mediante la violencia", dijo, "como resultado, la sociedad nunca puede estar en paz".
Con información de Li Yuanming.
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