El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró el 23 de febrero que las dos mayores navieras y operadoras portuarias del mundo asumirán la operación de los dos puertos más importantes del Canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló el contrato de concesión otorgado a una empresa china.
El 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el contrato de ley que desde 1997 otorgaba a la empresa china Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa en el lado del Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, abriendo una vía para que el gobierno panameño estableciera una nueva administración de estas importantes terminales.
Luego de poner en firme dicho proceso legal, el 23 de febrero Mulino emitió un decreto de ocupación en el que ordenó a la Autoridad Marítima del gobierno de Panamá tomar el control temporal de ambos puertos para iniciar una fase de operación transitoria de hasta 18 meses, que tendrá un operador temporal en ambas terminales.
"Para el puerto de Balboa será la empresa APM Terminals, subsidiaria del grupo MERS, y para el puerto de Cristóbal la empresa TiL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company, MSC", dijo Mulino.
"Hoy las dos mayores navieras, que además son dos de los mayores operadores portuarios del mundo, asumirán la operación", añadió.
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La empresa APM Terminals, con sede en La Haya, Países Bajos, es parte del grupo danés A.P. Moller - Maersk y es un proveedor líder de servicios portuarios y de carga terrestre que opera 60 puertos terminales en 33 países, y cuenta con la red geográfica de terminales más balanceada del planeta.
TiL, con sede en Ginebra, Suiza, es una empresa del grupo MSC (Mediterranean Shipping Company), que se enfoca en la gestión de terminales portuarias y tiene presencia en más de 70 terminales de 45 puertos estratégicos en 31 países.
Mulino declaró que "el Consejo de Gabinete aprobó ambas contrataciones y posteriormente la Autoridad Marítima procedió a la firma de los contratos con los representantes legales de las respectivas empresas, para su posterior refrendo por la Contraloría General de la República .
El mandatario panameño además dijo que la orden de tomar el control de los bienes muebles e inmuebles de ambos puertos, incluida en el decreto de ocupación, no corresponde a una expropiación.
"La Autoridad Marítima de Panamá, en representación del Estado, propietario de ambos puertos, tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial", dijo.
"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que corresponda", añadió.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la ciudad de Panamá el 2 de febrero de 2025. (Arnulfo Franco/AFP vía Getty Images)Estados Unidos construyó el Canal de Panamá entre los años 1904 y 1914, y tuvo su control y de la Zona del Canal circundante hasta 1977, cuando lo entregó oficialmente al gobierno panameño a través de los Tratados Torrijos-Carter.
Desde 1997, los puertos Balboa y Cristóbal fueron operados por la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, tras recibir una concesión del gobierno panameño por un período de 25 años, que había sido renovada en junio de 2021 por 25 años más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en su discurso de toma de posesión el 20 de enero de 2025 que los acuerdos entre Estados Unidos y Panamá por el Canal "habían sido totalmente violados", y que, "sobre todo, China está operando el Canal de Panamá".
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Ese mismo día, Mulino ordenó a la Contraloría General de la República de Panamá realizar una auditoría a las operaciones de la empresa Panama Ports Company (PPC) en ambos puertos, que posteriormente detectó varias irregularidades, y terminó en la sentencia de la Corte Suprema de Panamá de la invalidación del contrato de concesión.
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