El presidente taiwanés, Lai Ching-te, instó el 19 de julio al partido gobernante de la isla a unirse contra lo que describió como el "terror rojo" de la China comunista, y advirtió de que la Taiwán democrática nunca debe convertirse en la "Taiwán de China".
En su intervención en el congreso nacional del Partido Democrático Progresista (PDP), Lai señaló que la recién promulgada Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso de China supone una escalada en la campaña de Beijing para someter a la isla autónoma a su control.
La ley representa un giro del Partido Comunista Chino (PCCh) de la "oposición a la independencia" hacia la "unificación forzada" bajo el pretexto de la unidad étnica, afirmó Lai.
Acusó a Beijing de intentar integrar a Taiwán en su sistema de política étnica, ampliar la persecución legal más allá de las fronteras de China y presionar a la población para que se autocensure.
Ley de "unidad étnica"
La Asamblea Popular Nacional de China aprobó la ley el 12 de marzo, y entró en vigor el 1 de julio.El texto legal completo somete la política de asuntos étnicos al liderazgo del Partido Comunista Chino y ordena a los organismos gubernamentales, centros educativos, medios de comunicación, empresas, organizaciones religiosas, familias y plataformas de Internet que promuevan una identidad nacional china definida por el Estado.
Una de las disposiciones insta a las autoridades chinas a ampliar los intercambios con Taiwán y a reforzar el sentido de pertenencia y la identificación de la población taiwanesa con lo que la ley denomina la "nación china".
Asimismo, insta a promover la idea de que las personas de ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a la misma nación china y son, ambas, chinas.
El artículo 63 establece que las organizaciones y personas fuera de China pueden ser consideradas legalmente responsables de conductas dirigidas contra China que Beijing defina como perjudiciales para la unidad étnica o que generen división étnica.
La disposición no especifica qué sanciones se aplicarían ni cómo las autoridades chinas harían valer tales reclamaciones en otros países.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán ha declarado que la ley pretende utilizar la legislación nacional china para ejercer una jurisdicción de "brazo largo" y una represión transnacional contra personas de Taiwán y de otros países. El ministerio también ha advertido de que sus restricciones, redactadas en términos muy generales, podrían fomentar la autocensura.
Contramedidas legislativas
Lai no especificó en su discurso las salvaguardias previstas, pero los diputados del DPP propusieron una resolución en tres partes en la que se esbozan posibles respuestas.La resolución condena la ley china e insta al gobierno de Taiwán a revisar sus protecciones legales, sancionar los actos ilícitos de asistencia, reforzar las advertencias de riesgo para viajar a China y a otros países, y ayudar a los ciudadanos y organizaciones taiwaneses a evaluar los peligros potenciales.
Identifica a los viajeros, las empresas, los académicos y los grupos cívicos entre quienes se enfrentan a posibles riesgos. También insta a la cooperación con países afines contra los intentos de los gobiernos autoritarios de extender su control político más allá de sus fronteras.
El Yuan Ejecutivo de Taiwán es el Consejo de Ministros, y el Yuan Legislativo es el órgano legislativo nacional. El DPP de Lai controla la presidencia, mientras que la oposición —el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP), que apoyan una eventual unificación a través del Estrecho— ostenta la mayoría legislativa.
Un primer intento de incluir la resolución en el orden del día legislativo fracasó el 3 de julio, cuando los diputados del KMT y del TPP votaron en contra de la moción del grupo parlamentario del DPP, impidiendo así su debate en esa sesión.
Posteriormente, la misma propuesta se incluyó en el orden del día del pleno. Según el acta de procedimientos del Yuan Legislativo, los diputados la sometieron directamente a una segunda lectura y la remitieron a negociaciones entre partidos el 14 de julio.
Medidas de protección existentes
Los diputados han interrogado por separado a los responsables gubernamentales sobre las medidas de protección que podrían aplicarse sin esperar a la resolución.Durante una audiencia celebrada el 1 de julio, la diputada del DPP Lin Chu-yin pidió a los responsables que evaluaran los riesgos a los que se enfrentan los viajeros comunes, los diplomáticos, el personal militar, los grupos de la sociedad civil y otras personas que podrían ser objeto de ataques mientras se encuentran en el extranjero.
La diputada taiwanesa Lin Chu-yin interroga a los funcionarios sobre una nueva ley china que, según ella, amplía la jurisdicción de "brazo largo" de Beijing y la represión transnacional contra Taiwán, el 6 de julio de 2026. (Yuan Legislativo de Taiwán).El viceministro del Consejo de Asuntos Continentales, Shen Yu-chung, afirmó que su organismo colaboraría con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las oficinas de representación de Taiwán en el extranjero para evaluar los riesgos en aquellos países que tengan acuerdos de asistencia jurídica o de extradición con China, o que mantengan estrechos vínculos diplomáticos con Beijing. El gobierno podría emitir advertencias sobre los riesgos de viaje cuando fuera necesario, añadió.
El ministro de Defensa, Wellington Koo, señaló que el personal militar destinado en el extranjero ya recibe formación en seguridad de las comunicaciones, contravigilancia y evaluación de riesgos.
El viceministro de Asuntos Exteriores, Chen Ming-chi, señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores coordinaría sus esfuerzos con los gobiernos extranjeros y otros organismos taiwaneses para proteger a los funcionarios y a los ciudadanos de a pie que viajen al extranjero.
En una audiencia separada celebrada el 6 de julio, el director general de la Oficina de Seguridad Nacional, Tsai Ming-yen, afirmó que la oficina estaba vigilando las acciones del PCCh en relación con la nueva ley y que aumentaría la concienciación pública sobre los riesgos para la seguridad nacional durante los viajes y otros intercambios con China.
La resolución del DPP sigue siendo objeto de negociaciones entre los distintos partidos, por lo que corresponde a los diputados decidir si se llevan adelante las revisiones legales, las advertencias de viaje, las sanciones y las medidas de protección en el extranjero propuestas en la misma.
