YREKA, California — Un convoy de agentes del sheriff se adentra en una vasta red de plantaciones ilegales de marihuana en las faldas del monte Shasta, en el condado de Siskiyou, California.

Llegan en coche a un campamento polvoriento, lleno de basura y montones de vacíos envases plásticos de fertilizante, una mancha en el pintoresco paisaje.

La redada matutina no es nada nuevo para el sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue.

Miles de invernaderos improvisados, conocidos como "casas de túnel" —cada uno con cientos de plantas de cannabis cultivadas ilegalmente—, están en funcionamiento en el condado en cualquier momento dado, dijo LaRue a The Epoch Times, mientras sus agentes rastreaban la urbanización Mount Shasta Vista, a 20 minutos en coche al noreste de Weed, California.

La oficina del sheriff ha contabilizado 2732 invernaderos tipo túnel utilizando imágenes satelitales y aéreas solo en la urbanización.

Cuando llegó al lugar de los hechos el 4 de junio, todos los ocupantes ya habían huido.

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En estos cultivos ilegales, los vigilantes —a veces armados con fusiles AK-47 y rifles, según los residentes de la zona— alertan a los trabajadores para que abandonen el campamento cuando ven que se acercan los agentes del sheriff.

A excepción de unos cuantos gallos, un pastor alemán anciano y un par de cachorros curiosos, el lugar estaba abandonado. Los ocupantes ya se habían marchado cuando un equipo de investigación se acercó al campamento esa misma mañana.

Ya saben cómo funciona.

Toda la marihuana fue destruida. Según la oficina del sheriff, no se realizó ningún arresto.

El equipo había ejecutado una orden de registro en la misma propiedad el pasado mes de agosto y arrestó al propietario, Haizhou Wang, de 56 años en ese momento, que se encontraba en el lugar.

Los expertos de la industria del cannabis estiman que en Estados Unidos se cultivan anualmente más de 30 millones de libras de marihuana ilegal.

Según la oficina del sheriff, solo en el condado de Siskiyou se producen alrededor de 17.8 millones de libras de marighuana ilegal cada año, con un valor estimado local en la calle de aproximadamente 3600 millones de dólares, basado en ventas a 200 dólares la libra.

Según la oficina del sheriff y el Departamento de Control del Cannabis de California, una libra típica de marihuana procesada puede venderse en el mercado negro por un par de cientos de dólares en California, pero podría alcanzar los 1500 dólares en los mercados del Medio Oeste y de la Costa Este, y mucho más en otros países.

En las últimas dos décadas, las organizaciones criminales chinas y de otros países asiáticos se han hecho con el control del comercio ilegal de marihuana.

“Estos grupos del crimen organizado, así como los cárteles mexicanos, se benefician tanto del cultivo y la venta ilegales como de la explotación del mercado ‘legal’”, afirma la agencia en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025.

Según la ley federal, el cultivo y la venta de marihuana siguen siendo ilegales, pero en los estados que han legalizado o despenalizado el cannabis, el crimen organizado no ha hecho más que proliferar, en lugar de disminuir como prometieron los defensores del cannabis.

Según la DEA, las organizaciones criminales transcontinentales chinas dominan actualmente el cultivo y la distribución de marihuana en todo Estados Unidos, desde California hasta Maine, y la compra de terrenos para cultivos tanto al interior como en el exterior se financia a través de conexiones familiares y comunitarias en China y Estados Unidos.

Según la evaluación, “inmigrantes chinos indocumentados, muchos de los cuales pasaron años en México y fueron atraídos a Estados Unidos con ofertas de empleo legal, trabajan en muchos de los cultivos de marihuana junto con inmigrantes mexicanos indocumentados en circunstancias similares. Los miembros de la organización criminal transcontinental china que poseen y administran los cultivos los vigilan de cerca”.

La mayoría de los cultivos ilegales se ubican en estados donde la industria del cannabis es "legal", aunque la mayoría no sigue el proceso de licenciamiento establecido o ha obtenido sus licencias mediante falsificación. Al ser descubiertos, se enfrentan a penas de prisión mínimas, si es que las reciben, y a menudo se trasladan a otro lugar dentro del mismo estado o a otro estado donde el cannabis es "legal".

Un funcionario del condado de Siskiyou obtiene evidencia del uso de pesticidas en plantaciones ilegales de marihuana en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. Se utilizan pesticidas altamente tóxicos, prohibidos y de origen extranjero para cultivar cannabis del mercado negro en aproximadamente el 80 por ciento de las plantaciones del condado. (John Fredricks/The Epoch Times)

Según la evaluación, una extensa red de lavado de dinero que involucra "cultivos de marihuana registrados que utilizan testaferros, casinos y fraude hipotecario", alimentada por el sistema bancario clandestino chino, con un centro principal en la ciudad de Nueva York, se utiliza para enviar las ganancias ilícitas del cannabis a China continental.

En 2024 Oklahoma concentró el 66 % de la marihuana ilícita incautada en todo el país, mientras que California el 15 %, seguida de Maine, Missouri e Indiana con un 3 % cada una.

Dentro de Estados Unidos los grandes cargamentos de marihuana suelen transportarse en semirremolques, mientras que las cantidades más pequeñas se transportan en vehículos particulares utilizando un método más fragmentado para minimizar el riesgo.

Según la evaluación, "el método de 'envío masivo' consiste en enviar varios vehículos, que normalmente transportan no más de un par de cientos de libras de marihuana cada uno, al mismo destino para evitar la pérdida de un único envío grande".

Un agente del Departamento del Sheriff del Condado de Siskiyou detiene un vehículo en las afueras de Montague, California, el 7 de mayo de 2024. Si bien los grandes cargamentos de marihuana pueden transportarse en semirremolques, las cantidades más pequeñas suelen transportarse en vehículos particulares para minimizar el riesgo de perder un cargamento grande. (John Fredricks/The Epoch Times)

(A la izquierda) Plantas, preparadas para su destrucción por agentes de policía, están atadas con hilo ultrafino en un cultivo ilegal de marihuana en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. Esta técnica es un método de cultivo tradicional utilizado por cultivadores hmong-americanos en operaciones de cultivo al aire libre e invernaderos en California, Oregón y Washington. (A la derecha) Plantas de marihuana ilegales crecen dentro de invernaderos cubiertos en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. Cada invernadero alberga cientos de plantas de marighuana en floración. (John Fredricks/The Epoch Times)

“Este es un paquete nuevo con el que no estoy familiarizado”, dijo.

Según dijo LaRue a The Epoch Times, en aproximadamente el 80 % de estos lugares se utilizan pesticidas extranjeros altamente tóxicos y prohibidos, que en su mayoría se introducen de contrabando a Estados Unidos desde China para cultivar cannabis en el mercado negro.

Según LaRue, los pesticidas son tan tóxicos que representan un riesgo extremo, no solo para quienes los utilizan, sino también para quienes cultivan el cannabis y para los agentes del orden que están expuestos a ellos.

“Lo erradicamos in situ”, dijo. “Lo destruimos aquí mismo porque es tan tóxico que no queremos arriesgarnos a tocarlo nosotros mismos”.

Los campamentos están llenos de latas de cerveza y refrescos a las que les han cortado la parte superior para introducir paquetes de un material tóxico parecido al aserrín, que se quema en los invernaderos.

“Le prenden fuego. A veces, usan pequeñas mechas como si fueran fusibles, y así se fumiga el interior del invernadero”, dijo el sheriff. “Está diseñado para matar todos los insectos de las plantas”.

Pero las toxinas permanecen en las plantas después de la cosecha, y el cannabis contaminado llega tanto al mercado legal como al mercado negro, así como a los consumidores que lo fuman o lo ingieren, explicó.

Se han realizado suficientes análisis para determinar que el cannabis contaminado está llegando a dispensarios autorizados. Según indicó, se ha rastreado cannabis cultivado ilegalmente en el condado de Siskiyou que contiene estos peligrosos pesticidas altamente tóxicos hasta instalaciones autorizadas en California y Oregón.

Aunque el cannabis cultivado legalmente está certificado como seguro, LaRue afirma que el estado no realiza pruebas para detectar todos los pesticidas.

Algunos de los pesticidas prohibidos pueden ser mortales si se inhalan y pueden causar irritación cutánea grave, problemas respiratorios y, si se ingieren, afecciones neurológicas, afirmó.

Los investigadores han encontrado 27 pesticidas en plantaciones ilegales, 17 de los cuales no están sujetos a las pruebas obligatorias del Departamento de Control del Cannabis de California, según la oficina del sheriff. De estos pesticidas, 12 están catalogados como inhibidores de la acetilcolinesterasa, que afectan al sistema nervioso y, según el Instituto Nacional de la Salud, pueden causar convulsiones, coma e insuficiencia respiratoria.

Según la oficina del sheriff, en virtud de la Ley de Agua Potable Segura y Control de Sustancias Tóxicas de 1986, una ley estatal también conocida como Proposición 65, ocho de estos pesticidas están catalogados como carcinógenos, siete están prohibidos en los Estados Unidos, seis están catalogados como contaminantes de las aguas subterráneas y los que se utilizan como fumigantes están catalogados como contaminantes tóxicos del aire.

Según informó la oficina del sheriff, el pesticida hallado en la redada del 4 de junio resultó ser un fumigante a base de isoprocarb, un inhibidor de la acetilcolinesterasa no aprobado para su uso en Estados Unidos.

Entre 2016 y 2019, cuando California comenzó a flexibilizar sus leyes sobre la marihuana, unas 2000 personas, en su mayoría de la etnia Hmong, se trasladaron al condado de Siskiyou para cultivar y vender cannabis ilegalmente en el mercado negro, según LaRue.

Según explicó, compraron terrenos baratos, con suelo volcánico inadecuado para la mayoría de los usos agrícolas, y zonificados para uso residencial.

Los terrenos varían en tamaño desde una hectárea hasta 100 hectáreas, e incluso las parcelas más pequeñas cuentan con al menos dos invernaderos y cultivos al aire libre.

Cada terreno produce un promedio de 2017 plantas, que se pueden cosechar de tres a cuatro veces al año, y cada planta puede producir entre una y cinco libras de flor por ciclo de cultivo, según la oficina del sheriff.

Plantas de marihuana ilegales crecen en invernaderos a las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. Una libra típica de marihuana procesada del mercado negro puede venderse por un par de cientos de dólares en California, pero alcanza un precio mucho mayor en otros lugares. (John Fredricks/The Epoch Times)

Según la oficina del sheriff, los líderes comunitarios que representan a los cultivadores estiman que entre 5000 y 8000 personas trabajan en estos cultivos ilegales del condado.

El pueblo hmong es un grupo étnico con fuertes lazos culturales con China, a donde se remontan sus antiguas raíces. Muchos hmong emigraron a Estados Unidos desde las regiones montañosas de China, Laos, Vietnam y Tailandia.

La CIA reclutó a miles de hombres hmong en Laos para luchar contra las fuerzas comunistas durante la guerra civil laosiana, conocida como la Guerra Secreta.

Según explicó, la ley estatal, incluido el proyecto de ley del Senado número 54, prohíbe a los alguaciles y a los agentes del orden estatales preguntar a cualquier persona sobre su estatus migratorio, lo que puede resultar problemático a la hora de determinar si los trabajadores de los campamentos son inmigrantes ilegales.

En muchos casos, son tanto víctimas como delincuentes, afirmó.

Según LaRue, han sido engañados y les han prometido mucho más de lo que jamás recibirán, pero la mayoría no habla con la policía por temor a represalias.

Recuerda una carta que recibió de alguien que escapó de uno de los campos de concentración.

“Huyeron en plena noche”, dijo. “Los amenazaron con matarlos si intentaban marcharse”.

El sheriff y sus ayudantes inspeccionan las viviendas de los trabajadores en los campamentos en busca de pruebas para determinar quiénes pueden haber sido obligados a quedarse, y cuando encuentran trabajadores que son víctimas de trabajo forzoso, "los sacan de esa situación y los atienden", dijo.

“No todo el mundo quiere estar en estos lugares de cultivo, y ese es nuestro trabajo como investigadores: asegurarnos de que no estén siendo víctimas de trata para saldar deudas”, dijo LaRue. “La mayoría no quiere contarnos toda la historia de por qué están allí. Tienen miedo”.

Según explicó, la escasa ropa y algunas pertenencias personales que se encuentran en las chozas de madera contrachapada suelen ser todo lo que poseen los trabajadores, una señal de que "probablemente fueron traídos aquí" y viven en los campamentos sin un hogar al que ir.

Dentro de una caravana en el campamento, el sheriff encuentra un tanque de propano exterior utilizado como calefactor, lo que supone un riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono, y una tarjeta de visita de una empresa que transporta agua en camiones cisterna.

El hecho de que una choza comunitaria esté bien abastecida de agua embotellada sugiere que los residentes no utilizan agua transportada en camiones cisterna para cocinar o beber, ya que probablemente esté contaminada.

La Fundación ACLU del Norte de California, Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus y el bufete de abogados Covington and Burling LLP interpusieron una demanda en nombre de cuatro estadounidenses de origen asiático en agosto de 2022, alegando que los funcionarios del condado "llevaron a cabo una campaña sistemática de hostilidad y persecución racista, que incluyó la restricción del derecho de los estadounidenses de origen asiático al agua y la realización de detenciones de tráfico, registros e incautaciones ilegales".

El 30 de junio, la Junta de Supervisores del Condado de Siskiyou acordó la conciliación de 650,000 dólares para resolver las reclamaciones restantes en el caso Mathis et al. contra el Condado de Siskiyou et al., tras un acuerdo parcial de 350,000 dólares alcanzado el pasado mes de diciembre.

El sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, participa en operaciones de control de marihuana en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. El departamento del sheriff está sobrecargado de trabajo, con personal limitado para cubrir casi 6300 millas cuadradas. (John Fredricks/The Epoch Times)

En la zona de Mount Shasta Vista, los cultivadores ilegales son una mezcla de aproximadamente un 60 % chinos y un 40 % hmong, dijo LaRue.

Según explicó, la mayoría de las plantaciones a gran escala —de 80 a 100 acres— están dirigidas por operadores chinos que se dedican a la "producción masiva" de cannabis ilegal.

Según él, la jerarquía detrás de los cultivos ilegales es "una red de individuos muy misteriosa" que probablemente esté vinculada a China continental, pero es difícil saberlo con certeza.

“Sin duda, ha habido vínculos entre el dinero de nuestro condado y China”, dijo LaRue.

La mayoría de las escrituras de propiedad enumeran varios nombres como propietarios.

“Suelen llenar estos paquetes con un montón de nombres que pueden ser reales o no, y tienen diferentes direcciones correspondientes en distintos lugares del país, lo que dificulta su localización”, dijo.

“Así que siempre existe este distanciamiento, y cuando ejecutamos una orden de registro, es raro que las personas con las que contactamos en la propiedad también figuren en la escritura.”

El 4 de junio de 2026, varios hombres esperan a que los agentes de policía se retiren tras investigar plantaciones ilegales de marihuana en las afueras de Montague, California. Según los residentes de la zona, los agentes a veces van armados con fusiles AK-47 o rifles. (John Fredricks/The Epoch Times)

Según LaRue, cuando los ayudantes del sheriff abordan a los trabajadores, estos afirman trabajar para otra persona o estar ocupando ilegalmente el terreno.

“Todo empezó con gente cultivando la tierra, y decían ser parientes del dueño”, explicó. Pero cuando se contactaba con los dueños, afirmaban no tener ni idea de quién estaba en la propiedad.

“Lo que aparece en los documentos no refleja lo que sucede en la práctica en lo que respecta a las personas asociadas con las propiedades".

“Es un gran juego de engaños. Es intencional”.

Según él, los hmong parecen estar colaborando con los agricultores chinos y ahora utilizan los mismos pesticidas prohibidos.

“Cuando los pesticidas chinos comenzaron a aparecer en el condado de Siskiyou, comenzamos a verlos en los cultivos chinos, pero luego también los vimos en algunos cultivos hmong, y nos enteramos de que los hmong estaban comprando el pesticida con etiqueta china a los chinos”, dijo LaRue.

“Creo que simplemente están colaborando, ya sea literalmente o tolerando dos modelos de negocio diferentes. No hay muchas luchas de poder en el sector”.

El 4 de junio de 2026, el sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, incautó pesticidas con etiquetas chinas en un cultivo ilegal de marihuana en la urbanización Mount Shasta Vista, en el norte de California. Algunos pesticidas utilizados en los cultivos de marihuana pueden ser mortales si se inhalan o causar irritación cutánea grave, problemas respiratorios y afecciones neurológicas. (Brad Jones/The Epoch Times)

El estado afirma estar protegiendo el medio ambiente, pero no está tomando medidas contra los cultivadores ilegales de cannabis que están "contribuyendo descaradamente" al daño ambiental y a los problemas de salud pública, dijo.

“Se está ocultando el problema, y ​​eso es hipocresía”, dijo. “Incluso cuando se le señala al estado, no responde adecuadamente. Se niegan a abordarlo”.

El mercado negro es claramente visible y se le permite operar abiertamente, pero, según él, los líderes estatales no quieren reconocer la magnitud del problema ni admitir que "se equivocaron" porque fue "su creación".

“Es mala publicidad”, dijo LaRue.

Según afirmó, en cualquier mercado que no sea el del cannabis, las plantaciones ilegales se considerarían una amenaza para la salud pública y una "catástrofe medioambiental", y los propietarios enfrentarían fuertes multas y cargos penales.

“Todas las agencias estatales están evitando abordar este tema”, dijo. “Eso es lo más absurdo: persiguen a cualquiera, pero cuando se trata de marihuana, se hacen de la vista gorda. Es un doble rasero”.

Los ganaderos y agricultores legítimos de las cuencas de los ríos Shasta y Scott han enfrentado graves restricciones en el uso del agua, pero el estado se ha negado a tomar medidas enérgicas contra cualquier uso ilegal por parte de personas que extraen agua ilegalmente de los ríos o que, en esencia, roban agua subterránea.

“Si la usaban para cultivar marihuana ilegalmente, no les imponían multas ni les ordenaban que dejaran de usarla. Pero sí acabaron con la agricultura legítima”, dijo LaRue.

“Cuando hay gente que intenta ganarse la vida y se les dice que no pueden usar el agua, pero al mismo tiempo existe toda una red criminal del mercado negro que no rinde cuentas, eso es hipocresía y resulta frustrante”.

Con una plantilla limitada para cubrir más de 6300 millas cuadradas, el departamento del sheriff está desbordado, especialmente si se tiene en cuenta la enorme "huella" de marihuana que se extiende por diferentes zonas del condado.

Según el sheriff, los delitos violentos relacionados con los cultivos ilegales de marihuana han aumentado significativamente en estas poblaciones, incluyendo cinco homicidios en cinco años, agresiones, agresiones sexuales, secuestros y violencia doméstica.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, declaró en un comunicado de prensa del 8 de julio que desde que se estableció el Grupo de Trabajo Unificado para el Control del Cannabis en 2022, se han incautado y destruido más de 841,000 libras de cannabis ilícito, han sido erradicadas más de 89,000 plantas de cannabis y se han desarticulado operaciones del crimen organizado en 10 condados.

En un comunicado de prensa de abril, la oficina de Newsom afirmó que el estado ha erradicado más de un millón de plantas ilegales, ha "resuelto más de 215,000 condenas relacionadas con el cannabis" y ha "frustrado 1200 millones de dólares en actividades ilícitas relacionadas con el cannabis" desde que este se legalizó en 2016 mediante la Proposición 64, un referéndum estatal.

En julio de 2023, el grupo de trabajo ejecutó 24 órdenes de registro en el condado de Siskiyou e incautó 68.5 millones de dólares en cannabis ilícito, una docena de armas de fuego y pesticidas ilegales. Tras la redada, también se impusieron multas por un valor aproximado de 30,000 dólares.

Aunque LaRue elogió hace tres años los esfuerzos del grupo de trabajo, nunca regresó al condado de Siskiyou para ayudar en las labores de erradicación de la marihuana ni para llevar a cabo otra redada importante, afirmó.

Según LaRue, si el grupo de trabajo hubiera regresado, la oficina del sheriff y la agencia de control del cannabis podrían haber reducido significativamente la producción y las ganancias del mercado negro ese verano.

LaRue ha pedido reiteradamente al gobernador y a las agencias estatales que lleven a cabo más operaciones dirigidas por el estado, incluyendo redadas y arrestos, al margen de las iniciadas por la oficina del sheriff, en lugar de limitarse a erradicar el cannabis ilegal.

Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Siskiyou participaron en una operación contra plantaciones ilegales de marihuana en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. El sheriff declaró que los delitos violentos relacionados con el cultivo ilegal de marihuana habían aumentado significativamente. (John Fredricks/The Epoch Times)

La oficina del gobernador no respondió directamente a la consulta, sino que la remitió al Departamento de Control del Cannabis de California y al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Alicia de la Garza, subdirectora de asuntos públicos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, escribió en un correo electrónico a The Epoch Times que, desde que Newsom puso en marcha el grupo de trabajo en 2022, más de 700 órdenes de registro en 36 condados de California han dado lugar a 76 arrestos y a la incautación de más de 2.5 millones de dólares en efectivo y unas 230 armas de fuego, según los últimos datos.

Los agentes del departamento “lideraron la ejecución” de cuatro órdenes de arresto y colaboraron en operaciones coordinadas por grupos de trabajo en el condado de Siskiyou en 2025, cuando fueron ejecutadas más de 100 órdenes de arresto adicionales. En esas redadas se incautaron aproximadamente 842 plantas de cannabis ilícitas y 7 libras y media de cannabis procesado, según se indicó en el correo electrónico.

La agencia también ejecutó 12 órdenes de registro adicionales en el condado de Siskiyou en 2025, que resultaron en la incautación de 8750 plantas de cannabis ilícitas, aproximadamente 1368 libras de cannabis procesado y un arma de fuego, además de dos arrestos.

En 2025, los agentes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre apoyaron operaciones dirigidas por otras entidades en el condado de Siskiyou, que incluyeron la ejecución de 97 órdenes judiciales y la incautación de 125,180 plantas de cannabis ilícitas, 13,944 libras de cannabis procesado y 16 armas de fuego. Estas operaciones resultaron en 35 arrestos.

Pero la oficina del sheriff refuta esas afirmaciones, acusando al estado de tergiversar los datos y de atribuirse gran parte del mérito de su trabajo.

Plantas de marihuana ilegales crecen en invernaderos cubiertos en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. (John Fredricks/The Epoch Times)

Jordan Traverso, subdirector de asuntos públicos del Departamento de Control del Cannabis de California, reconoció que el cultivo ilegal en el condado de Siskiyou es "un grave problema de seguridad pública, medioambiental y de impacto en la comunidad" y que "sigue siendo una prioridad para las fuerzas del orden", en una respuesta enviada por correo electrónico a una consulta del Epoch Times.

Traverso negó que el estado esté permitiendo que los cultivadores ilegales de cannabis utilicen ilícitamente los recursos hídricos, mientras que las asignaciones de agua para ganaderos y agricultores están restringidas.

“Si una operación ilegal de cultivo de cannabis roba agua, la desvía sin autorización, daña los cursos de agua o viola las restricciones de uso del agua, esa conducta es ilegal. No está autorizada, excusada ni aceptada porque el cultivo sea cannabis”, escribió.

“A los operadores ilegales de cannabis no se les está dando permiso para tomar agua. Están infringiendo la ley”.

Traverso también desestima las críticas de que el estado ha ignorado el uso de pesticidas prohibidos, fumigantes ilegales, robo de agua, contaminación ambiental y otras condiciones peligrosas en los cultivos ilegales.

“No se está haciendo la vista gorda con los cultivadores ilegales, y [el Departamento de Control del Cannabis] no acepta la afirmación de que el estado está haciendo la vista gorda ante las violaciones ambientales relacionadas con el cultivo ilegal de cannabis”, escribió en el correo electrónico.

Aproximadamente 150 agentes son responsables de hacer cumplir las leyes sobre el cannabis en todo el estado; unos 75 están asignados a cada uno de los departamentos de Control del Cannabis y de Pesca y Vida Silvestre.

Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Siskiyou recolectan evidencia de una plantación ilegal de marihuana en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. El sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, afirma que el volumen de marihuana ilegal erradicada es insignificante en comparación con la cantidad que se cultiva y vende en el mercado negro. (John Fredricks/The Epoch Times)

La prioridad de Control del Cannabis es investigar la actividad delictiva organizada que se esconde tras el mercado negro, incluyendo quién controla las propiedades, quién financia la actividad y hacia dónde se mueven el cannabis y el dinero, dijo Traverso.

Aunque al estado le preocupa la trata de personas con fines laborales, no se considera un problema relacionado con las licencias de cannabis ni con el trabajo, sino más bien un delito grave que debe ser investigado por las fuerzas del orden locales y, cuando haya pruebas que lo respalden, procesado, dijo.

"Los trabajadores explotados en estos campamentos pueden ser víctimas, testigos, sospechosos o una combinación de estos", escribió Traverso. "Si las personas son obligadas, amenazadas, confinadas, coaccionadas o exigidas a saldar deudas en plantaciones ilegales de cannabis, no deben ser tratadas como daños colaterales ni reducidas a su estatus migratorio".

Según explicó, los organismos policiales locales "no son meras agencias de remisión" y tienen la autoridad para investigar presuntos casos de blanqueo de dinero, delincuencia organizada, trata de personas, detención ilegal y delitos financieros; documentar pruebas; realizar detenciones y presentar casos para su enjuiciamiento.

“Son la principal autoridad encargada de hacer cumplir la ley en lo que respecta a los delitos que ocurren dentro de sus jurisdicciones y son socios fundamentales en cualquier respuesta estatal o federal más amplia”, dijo Traverso.

Según explicó, los operadores ilegales se adaptan, se reubican, reconstruyen sus instalaciones, utilizan testaferros y distribuyen sus productos a través de diferentes canales, por lo que responder a un solo caso a la vez no desmantelará la red criminal en general.

Botas de trabajadores en plantaciones ilegales de marihuana sobre un vehículo en las afueras de Montague, California, el 4 de junio de 2026. Se estima que entre 5000 y 8000 personas trabajan en plantaciones ilegales en el condado de Siskiyou. (John Fredricks/The Epoch Times)

Traverso afirma que la agencia investiga la actividad delictiva transnacional y niega las acusaciones de que el estado no haya considerado las plantaciones ilegales como crimen organizado. Confirmó que la agencia cree que, en muchos casos, redes delictivas chinas y de otros países asiáticos están involucradas en el cultivo ilícito de marihuana y el lavado de dinero en California.

Se debe investigar a los propietarios de terrenos involucrados en cultivos ilegales y delitos ambientales conexos, pero la mera propiedad no constituye "prueba más allá de toda duda razonable", escribió, y "la frustración pública no reemplaza los requisitos probatorios exigidos en un caso penal".

Según Traverso, la aplicación de la ley es solo una parte de la responsabilidad de la agencia, que también incluye fortalecer el mercado legal y hacer que el mercado negro sea menos rentable, accesible y tolerado.

“El objetivo no es simplemente castigar la actividad ilegal una vez que se produce. El objetivo es lograr que el mercado legal sea más estable, más competitivo y más confiable, al tiempo que se reduce la rentabilidad y la accesibilidad del mercado ilícito”, afirmó.

“Los votantes crearon un mercado legal y regulado de cannabis, y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que funcione según lo previsto. Esto significa seguir combatiendo con firmeza las operaciones ilegales de cannabis que amenazan la seguridad pública, explotan a los trabajadores, dañan al medio ambiente y perjudican a las empresas legales que cumplen con las normas”, dijo Newsom.

“Este financiamiento proporciona a las comunidades locales los recursos que necesitan para reforzar la aplicación de la ley, prevenir el acceso de los jóvenes a las drogas, mejorar los resultados en materia de salud pública y hacer que los barrios sean más seguros”.

Ninguno de esos fondos irá a parar al condado de Siskiyou, dijo Jana Sanford-Miller, directora de comunicaciones de la Junta Estatal de Correcciones Comunitarias, a The Epoch Times en un correo electrónico.

“El condado de Siskiyou no reúne los requisitos para recibir la subvención de la Proposición 64 porque el condado no permite la venta minorista de cannabis en establecimientos comerciales”, dijo Sanford-Miller.

Aunque muchas de las subvenciones parecen estar destinadas a programas de educación juvenil sobre el cannabis y el abuso de sustancias, dijo que 135 millones de dólares del total de 227 millones se asignan específicamente a la seguridad pública y al cumplimiento de la ley.