La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz, Arizona, enfrenta críticas por presuntamente rechazar solicitudes de asistencia relacionadas con amenazas, violencia y daños a la propiedad durante protestas en los sitios de construcción del muro fronterizo.
En una carta abierta fechada el 9 de octubre, la Asociación de Sheriffs de Arizona (ASA) expresó su "profunda preocupación" por dichas acusaciones, citando informes de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal y estatal.
"También describieron la presencia de participantes enmascarados provenientes de fuera de Arizona. Estas acusaciones ameritan ser documentadas y objeto de una investigación adecuada", escribió la asociación.
La carta mencionaba al sheriff del condado de Santa Cruz, David Hathaway, alegando que él mismo declaró públicamente haber instruido a sus agentes para que no respondieran a llamadas relacionadas con las protestas del muro fronterizo, salvo en casos que implicaran violencia.
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"Sin embargo, colaboradores de las fuerzas del orden reportaron solicitudes de asistencia reiteradas —relacionadas con presuntos actos de violencia, amenazas y otras conductas delictivas— que no fueron atendidas", señala la carta. "Estos informes plantean serias preocupaciones sobre la seguridad pública y el cumplimiento de las responsabilidades del sheriff conforme a la legislación de Arizona".
El 18 de junio de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) adjudicó un contrato por valor de 309.46 millones de dólares para la construcción de 27 millas de nuevo muro fronterizo en el condado de Santa Cruz, como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para asegurar la frontera sur. El proyecto ha provocado numerosas protestas y detenciones.
El proyecto se financia con fondos de la CBP correspondientes al año fiscal 2021 y tiene como objetivo cerrar las brechas que quedaron inconclusas tras la cancelación de contratos durante la administración Biden.
"Continuar con la construcción del muro fronterizo en Tucson respaldará la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para impedir y obstaculizar los cruces fronterizos ilegales, así como las actividades de contrabando de drogas y tráfico de personas por parte de organizaciones criminales transnacionales", declaró la CBP.
El condado de Santa Cruz se encuentra dentro del Sector Tucson de la CBP, una zona que la agencia identifica como afectada por cruces fronterizos ilegales, contrabando de drogas y trata de personas.
La ASA afirmó que mantener la paz es una obligación de las fuerzas del orden que no debe "dejarse de lado simplemente porque un incidente involucre operaciones federales o circunstancias políticamente polémicas".
"El derecho a la protesta pacífica debe protegerse, pero los informes creíbles de actividades delictivas exigen la atención adecuada de las fuerzas del orden", declaró la organización.
"Los sheriffs de Arizona son funcionarios del condado elegidos de forma independiente que actúan como las máximas autoridades policiales de sus respectivos condados. Su autoridad y responsabilidades están establecidas por la Constitución de Arizona y la legislación estatal. La ASA respeta dicha autoridad.
"Una operación federal no anula automáticamente las responsabilidades independientes de un sheriff según la ley de Arizona", dice la carta. "Los sheriffs deben evaluar e investigar los informes sobre posibles infracciones de la legislación estatal".
El 12 de octubre, Hathaway envió a The Epoch Times una respuesta por escrito de dos páginas a las acusaciones de la ASA, describiéndola como una organización privada presidida por personas a las que calificó de republicanos activistas "sin autoridad gubernamental".
Hathaway acusó a la asociación de no mantener la neutralidad política y afirmó que, por ese motivo, dejó caducar su afiliación a la ASA.
En relación con las protestas en terrenos privados cerca del muro fronterizo en Lochiel, Arizona, Hathaway dijo que su oficina respondió "en múltiples ocasiones" a las llamadas de las autoridades federales que solicitaban la retirada de los manifestantes.
"Estas llamadas fueron poco sinceras y no implicaron ninguna amenaza para los empleados federales o los contratistas", señaló Hathaway.
"La Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz, de dimensiones muy reducidas, cuenta con 45 agentes juramentados para cubrir una superficie de 1238 millas cuadradas". "Nos superan en número 20 a 1 los agentes federales asignados al condado para trabajar en la frontera, por no hablar del personal militar en servicio activo asignado a la misma".
Hathaway declaró que su oficina determinó que los agentes federales en Lochiel no corrían peligro y alegó que tanto los agentes federales como los contratistas "querían eludir sus responsabilidades respecto a este asunto claramente federal".
El sheriff del condado de Santa Cruz describió a los manifestantes como "gente pacífica y desarmada que recuerda a los jóvenes pacifistas de la era de Vietnam".
"Adoptamos la postura de que los miles de agentes federales armados con ametralladoras, helicópteros, drones y armas químicas no debían delegar su propia labor de seguridad fronteriza en la pequeña oficina del sheriff del condado de Santa Cruz fingiendo tener miedo" de los manifestantes, afirmó.
Hathaway sostuvo que la única violencia en la zona provino de los agentes federales, quienes "atacaron con gases y arrastraron a los manifestantes".
Según relató, los manifestantes llamaron a su oficina solicitando protección frente a los agentes federales, pero él "no estaba dispuesto a iniciar una guerra con la CBP" haciendo que sus agentes se enfrentaran a los federales. Los manifestantes "se vieron sometidos a una ofensiva por parte de un ejército abrumador de agentes federales enmascarados", alegó.
"Los manifestantes están recogiendo sus cosas y marchándose. Otros propietarios de terrenos privados siguen desconcertados al ver cómo la CBP y los contratistas les han impedido acceder a sus propias tierras en Lochiel".
En su carta, la ASA manifestó que sus miembros están "listos" para colaborar con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona en la investigación del asunto, si así se les solicita.
"Nuestra disposición a colaborar no menoscaba la autoridad independiente del sheriff del condado de Santa Cruz ni autoriza un despliegue no solicitado. Refleja el compromiso compartido de las fuerzas del orden de proteger a los habitantes de Arizona", señaló la organización.
La ASA está integrada por sheriffs electos de los condados de Apache, Cochise, Coconino, Gila, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pinal, Yavapai y Yuma.
The Epoch Times contactó a la CBP para solicitar comentarios al respecto.
