El senador Rick Scott (R-Fla.) presentó el 6 de agosto un proyecto de ley que crearía un marco legislativo que autorizaría el uso de aranceles para abordar los desequilibrios comerciales con los socios comerciales.
El proyecto de ley, denominado Ley de Eliminación del Déficit Comercial, exigiría que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) identifique cada año a los países con los que Estados Unidos presenta déficits comerciales y ajuste los aranceles sobre sus importaciones para reducir esa brecha, además de cualquier arancel ya existente.
“Las generaciones anteriores de estadounidenses nos legaron una superpotencia económica; es nuestro deber preservar lo que ellos construyeron y dejar a Estados Unidos en mejores condiciones de las que lo encontramos para nuestros hijos y nietos”, dijo Scott en un comunicado. "Eso significa que no podemos permitir que otros países nos exploten".
El proyecto de ley, copatrocinado por los senadores Kevin Cramer (R-N.D.) y Tim Sheehy (R-Mont.), también exigiría al USTR crear una lista de países identificados como "economías con déficit comercial" y permitiría a la agencia negociar acuerdos comerciales con esos países para abordar los desequilibrios comerciales.
Según el texto completo del proyecto de ley, el USTR seguiría estando obligado a consultar con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y con el Comité de Finanzas del Senado antes de imponer o modificar cualquier arancel.
Asimismo, incluye una disposición que permite exenciones arancelarias para productos considerados críticos para la seguridad nacional, cadenas de suministro esenciales y materiales que no pueden cultivarse o producirse en cantidad suficiente en Estados Unidos.
Cramer señaló que la legislación proporcionaría al presidente Donald Trump y al Representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, las herramientas necesarias para abordar los déficits comerciales con los socios comerciales, al mismo tiempo que preservaría las cadenas de suministro críticas y garantizaría acuerdos comerciales que beneficien a los fabricantes y trabajadores estadounidenses.
"El comercio debe ser justo, no unilateral, y es alentador contar con un presidente que no teme exigir responsabilidades a nuestros socios comerciales", dijo Cramer en el comunicado.
El año pasado, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a los socios comerciales, argumentando que eran necesarios para regular las transacciones internacionales en respuesta a lo que él denominó "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.
Posteriormente, la Corte Suprema invalidó los aranceles, al determinar que la ley no los autorizaba claramente. Desde entonces, la administración de Trump ha estado buscando vías legales alternativas para abordar los desequilibrios comerciales con los socios comerciales.
En febrero, Trump impuso un arancel global del 10 por ciento mediante una proclamación presidencial en la que invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. El arancel entró en vigor el 24 de febrero y expiró el 24 de julio.
Posteriormente, el presidente lo sustituyó por aranceles que oscilan entre el 10 por ciento y el 12.5 por ciento para 60 socios comerciales, debido a su supuesto incumplimiento a la hora de impedir las importaciones realizadas con trabajo forzado.
