Los esfuerzos del presidente Donald Trump por reformar los sistemas electorales de Estados Unidos se han visto frustrados por órdenes judiciales que determinaron que sus tácticas eran legalmente inválidas.
Durante su segundo mandato, Trump emitió dos órdenes ejecutivas sobre la integridad electoral. Entre otras disposiciones, exigían una prueba de ciudadanía y solicitaban a varias agencias federales que elaboraran una lista de votantes elegibles en cada estado.
Algunas cortes bloquearon sus medidas, argumentando que los requisitos vulneraban los derechos de privacidad de los estadounidenses y podían excluir a votantes elegibles. Sin embargo, al menos una corte falló a favor de Trump, lo que generó un conflicto entre dos jueces.
A continuación, le presentamos lo que debe saber sobre las iniciativas de Trump y las disputas legales que las rodean.
Las órdenes de Trump
La primera orden ejecutiva del presidente, firmada en marzo del año pasado, exigía presentar prueba de ciudadanía al registrarse para votar y bloqueaba los fondos destinados a los estados que no hicieran cumplir adecuadamente las leyes electorales.Trump también ordenó al secretario de Seguridad Nacional que brindara a los funcionarios estatales y locales acceso gratuito a "sistemas adecuados para verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de las personas que se inscriben para votar o que ya están inscritas".
La administración lo hizo modificando la base de datos del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE). Ese sistema ya se utilizaba desde 1986 para dar seguimiento al estatus de ciudadanía de los residentes nacidos en el extranjero en Estados Unidos.
El nuevo sistema permitía a los usuarios verificar simultáneamente los datos de varias personas, algo que el sistema anterior no permitía. Además, incorporó más datos de la Administración del Seguro Social.
Trump emitió una segunda orden en marzo de 2026, en la que ordenaba a varias agencias federales que elaboraran una lista de votantes elegibles en cada estado, y dispuso que el Servicio Postal de Estados Unidos enviara boletas electorales por correo únicamente a los votantes que figuraran en dicha lista.
Esa orden requería la cooperación de varias agencias para elaborar una lista de votantes elegibles en cada estado.
Lista Federal de Votantes
Tras la orden de Trump de compilar una lista nacional de votantes elegibles, varios estados y el Distrito de Columbia —encabezados por California— presentaron demandas. Mientras tanto, Florida, Texas y otros estados republicanos se sumaron a la causa en nombre del gobierno.La jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts, dictó un fallo el 25 de junio en el que señaló que "la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones", y que su orden ejecutiva no citaba ninguna ley que le otorgara ese poder.
En su fallo, afirmó que la Cláusula Electoral de la Constitución permite a los estados controlar sus leyes electorales, y que solo el Congreso tiene un poder limitado para anular dichas leyes, no el presidente.
"Ni el Congreso ni el presidente tienen competencia alguna en materia de elegibilidad de los votantes", escribió.
La nueva norma podría excluir accidentalmente a votantes elegibles, señaló Talwani, ya que "el gobierno federal podría desconocer los cambios de nombre (como cuando una mujer cambia de apellido al casarse) o los cambios de residencia (cuando un ciudadano se muda de un estado a otro)".
Asimismo, anuló una disposición de la orden de Trump que exigía a los estados conservar los registros electorales durante cinco años, ya que el Congreso ya había establecido el plazo de retención en 22 meses en virtud del Título III de la Ley de Derechos Civiles.
Base de datos actualizada para la verificación de la ciudadanía
Las preocupaciones relacionadas con los datos también llevaron a un juez de Washington a bloquear la base de datos actualizada de verificación de Trump.La jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan dictaminó el 22 de junio que el nuevo sistema violaba la Ley de Privacidad de 1974 y la Ley del Seguro Social.
“En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto. Esta Corte no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso sucede”, escribió en su fallo.
La Ley de Privacidad prohíbe "la divulgación sin consentimiento de cualquier información que se haya obtenido de un registro protegido", y la Ley del Seguro Social restringe el intercambio de números de seguro social.
Las leyes contienen excepciones para el "uso rutinario", pero Sooknanan señaló que estas no se aplican en este caso. Los datos del seguro social se recopilaron originalmente con fines de verificación laboral y de prestaciones, no para determinar la ciudadanía, afirmó.
Texas, que se sumó al caso en nombre del gobierno, argumentó que se aplicaba otra excepción: los registros podían utilizarse cuando formaran parte de una acción de aplicación de la ley. Sin embargo, Sooknanan señaló que dicha excepción exigía que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentara una solicitud por escrito a la Administración del Seguro Social, lo cual no ocurrió en este caso.
El gobierno argumentó que la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 prevalecía sobre las demás leyes.
Dicha ley establece que ninguna ley federal, estatal o local puede utilizarse para "prohibir o restringir de cualquier manera que una entidad o funcionario gubernamental envíe al Servicio de Inmigración y Naturalización, o reciba de este, información relativa a la ciudadanía o al estatus migratorio —legal o ilegal— de cualquier persona".
Sin embargo, la jueza Sooknanan dictaminó que dicha ley no era aplicable.
Conflicto entre cortes
En diciembre pasado, mientras el caso ante la jueza Sooknanan aún se encontraba en curso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró un acuerdo que permitía a Florida, Ohio, Idaho e Indiana utilizar el nuevo sistema.El 8 de julio, el juez federal de distrito T. Kent Wetherell afirmó que el gobierno debía acatar dicho acuerdo.
"Esta Corte no está sujeta a la orden de la jueza Sooknanan y, con el debido respeto, la Corte no está de acuerdo con las conclusiones de dicha orden", dictaminó.
"La Corte determinó implícitamente que las modificaciones no eran incompatibles con la ley federal al aprobar el acuerdo de conciliación. El hecho de que otro juez de distrito haya concluido posteriormente lo contrario no anula de ninguna manera esa determinación implícita".
En respuesta, la jueza Sooknanan se negó a suspender su fallo. En cambio, ordenó al gobierno que utilizara el sistema para esos cuatro estados.
También criticó al DHS por no haberla informado sobre el acuerdo de Florida y por utilizarlo, en la práctica, como una solución alternativa.
Prueba de ciudadanía
La jueza principal de distrito Denise J. Casper dictaminó el 24 de junio que la orden del presidente que exigía una prueba de ciudadanía para el registro de votantes tampoco se sostenía ante la ley.Al igual que Talwani, Casper señaló que la Constitución no otorgaba al presidente control sobre las elecciones.
Casper dictaminó que el requisito podría imponer una "barrera significativa para votantes que, de otro modo, serían elegibles", y que algunas secciones de la orden ejecutiva son inconstitucionales.
Los estados se niegan a entregar los censos electorales
El Departamento de Justicia (DOJ) también se encuentra actualmente involucrado en múltiples batallas legales para obtener de los estados listas de votantes sin censura. En abril, anunció una demanda contra Idaho, el trigésimo estado en enfrentar tal acción legal.El DOJ había invocado el Título III de la Ley de Derechos Civiles para obtener los censos electorales e inspeccionarlos en busca de votantes registrados indebidamente.
Dicha ley establece que los funcionarios electorales estatales deben conservar cualquier registro que "entre" en su poder durante 22 meses. Dichos registros deben entregarse al Fiscal General de Estados Unidos y "ponerse a disposición para su inspección", si el Fiscal General lo solicita por escrito y especifica "el fundamento y el propósito" de la solicitud.
En una decisión de 2 a 1, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito dictaminó que la ley no era aplicable porque la secretaria de Estado de Míchigan, Jocelyn Benson, había compilado ella misma los registros electorales a través de su personal; estos no habían "llegado" a su poder.
La mayoría también determinó que el Departamento de Justicia (DOJ) había expuesto el "fundamento y el propósito" de la solicitud, pero no los había expuesto en una sola carta.
El DOJ solicitó una nueva audiencia en pleno —es decir, ante la totalidad del Sexto Circuito— del caso.
