Un juez federal desestimó una demanda que impugnaba la decisión del presidente Donald Trump de reabrir millones de acres de aguas costeras a posibles perforaciones de petróleo y gas, las cuales sus predecesores habían declarado como zonas prohibidas.
La jueza principal de la Corte Federal de Distrito de Alaska, Sharon Gleason, dictaminó el 24 de agosto que una coalición de grupos de defensa ambiental carecía de legitimación, al menos por el momento, para continuar con el caso.
Los grupos no lograron demostrar que se enfrentaran a un daño inminente derivado de la revocación, en 2025, por parte de Trump, de las órdenes del expresidente Joe Biden que retiraban amplias áreas de la Plataforma Continental Exterior (OCS) de los arrendamientos de petróleo y gas, señaló Gleason.
Biden emitió las revocaciones poco antes de que Trump regresara al cargo para un segundo mandato. Las medidas prohibieron la concesión de licencias futuras para la explotación de petróleo y gas en amplias zonas de aguas federales en los océanos Ártico, Pacífico y Atlántico, así como en partes del Golfo de México, ahora denominado Golfo de América.
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Esta controversia forma parte de un tira y afloja que se ha prolongado durante años en torno a la política de perforación en alta mar. Algunas de estas medidas de protección tenían su origen en las restricciones impuestas durante la administración de Obama, que Trump intentó revertir durante su primer mandato.
La orden del 20 de enero de 2025, que formaba parte de una amplia gama de medidas ejecutivas adoptadas por el presidente desde su primer día en el cargo, allanó el camino para que la segunda administración de Trump ampliara el acceso a tierras y aguas federales con fines de desarrollo energético.
El pasado mes de noviembre, el secretario del Interior, Doug Burgum, puso en marcha un proceso en el que se proponían hasta 34 posibles subastas de concesiones de petróleo y gas en alta mar, incluidas 21 áreas frente a las costas de Alaska, siete en el Golfo de América y seis frente a la costa de California.
Por otra parte, el Departamento del Interior ha tomado medidas para abrir a la concesión de petróleo y gas la llanura costera de 1.56 millones de acres del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska.
En la orden del lunes en la que desestimó el caso, el juez Gleason señaló que, si bien parecía probable que el Departamento del Interior siguiera adelante con la exploración y el desarrollo adicionales de petróleo, aún tendrían que darse varios pasos antes de que los grupos ambientalistas pudieran demostrar que habían sufrido un daño directo.
"En la actualidad, el Tribunal solo puede especular sobre si alguna de las áreas de la Zona Continental Exterior (OCS) que se retiraron previamente se incluirá en algún nuevo programa de concesiones de petróleo y gas o en alguna venta de concesiones propuesta", concluyó el juez.
El fallo deja abierta la posibilidad de que los demandantes puedan presentar una nueva demanda si el gobierno aprueba la concesión de arrendamientos o la perforación en las áreas en cuestión.
Tampoco abordó la cuestión subyacente de si un presidente tiene la autoridad para revocar las restricciones a la perforación en alta mar impuestas por un predecesor.
La demanda, presentada en febrero de 2025, argumentaba que Trump carecía de dicha autoridad.
Los grupos ambientalistas también señalaron que el posible proyecto podría causar "impactos adversos significativos y de amplio alcance" a las especies en peligro de extinción, así como a los ecosistemas marinos y costeros en general de los que dependen las tribus nativas de Alaska para su subsistencia.
Earthjustice, cuyos abogados representaron a los grupos ambientalistas, afirmó que volvería a los tribunales si las autoridades federales avanzaran hacia la perforación en las áreas afectadas.
"Nos decepciona que el tribunal haya determinado que las actividades de perforación en alta mar no son inminentes", declaró George Torgun, abogado principal del Programa de Océanos de Earthjustice, en un comunicado a The Epoch Times. "Esta administración ha estado haciendo todo lo que está a su alcance para abrir nuestras costas a la explotación de combustibles fósiles.
“Seguimos sosteniendo que el intento del presidente Trump de abrir áreas retiradas para la concesión de concesiones petroleras es ilegal, y tenemos la intención de seguir adelante con esas demandas si se vislumbran actividades en alta mar”.
El Departamento de Justicia, que representó al gobierno federal en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
