Una Corte Federal de apelación permite a Texas aplicar la ley estatal de inmigración

Hace dos años, una corte federal de distrito boqueó la ley, alegando que habría interferido con la aplicación de las leyes federal en materia de inmigración

Estados Unidos Ingenieros de combate del ejército colocan alambre de púas en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México para reforzar la seguridad en El Paso, Texas, visto desde Ciudad Juárez, México, el 24 de julio de 2025. (José Luis González/Reuters)

Estados Unidos Ingenieros de combate del ejército colocan alambre de púas en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México para reforzar la seguridad en El Paso, Texas, visto desde Ciudad Juárez, México, el 24 de julio de 2025. (José Luis González/Reuters)

25 de abril de 2026, 3:58 p. m.
| Actualizado el25 de abril de 2026, 3:58 p. m.

Una corte federal de apelación decidió el 24 de abril permitir que en Texas se aplique una ley estatal que autoriza arrestar y procesar a personas que se considere han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito decidió por 10 votos contra 7 a favor de anular una orden judicial de 2024 que impedía la aplicación de la ley conocida como Proyecto de Ley del Senado 4. Inicialmente, la anterior administración Biden impugnó la ley, pero la segunda administración de Trump retiró la impugnación en marzo de 2025.

El proyecto de ley SB 4, que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó en diciembre de 2023, tipificaría como delito estatal la entrada o el reingreso ilegal a Texas desde un país extranjero, otorgando a los jueces estatales la autoridad para ordenar la expulsión de los infractores en Estados Unidos y para permitir penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplir.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito no se pronunció sobre el fondo del caso porque consideró que los grupos que impugnaban la ley —Américas Immigrant Advocacy Center y American Gateways— carecían de legitimación procesal para hacerlo.

La legitimación procesal se refiere al derecho de una persona a demandar ante una Corte. Las partes deben demostrar una conexión lo suficientemente sólida con la controversia que se presenta para justificar su participación en el juicio.

Los grupos habían argumentado que la Ley SB 4 quedaba invalidada o sustituida por la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad.

"Este caso trata sobre si el Estado de Texas, en ejercicio de sus poderes policiales históricos y soberanos, puede proteger legislativamente a sus ciudadanos de una oleada de inmigrantes ilegales en respuesta a una crisis fronteriza sin precedentes y a una invasión declarada", escribió el juez de circuito Jerry E. Smith en nombre de la mayoría.

"El juez de la corte de distrito [federal] y un panel dividido sostuvieron que no puede hacerlo. Dado que los demandantes que impugnan la nueva ley carecen de legitimación procesal, revocamos la orden judicial preliminar [de la corte de distrito] sin abordar el fondo de la alegación de preeminencia”.

La mayoría dijo que la ley SB 4 se promulgó para responder a "una inmigración generalizada, ilegal y perturbadora en el estado", que incluye a "más de 6 millones de inmigrantes ilegales, procedentes de más de 100 países", entre ellos 100,000 menores no acompañados, unos 2000 miembros de pandillas y 336 personas incluidas en la lista de vigilancia terrorista, que cruzaron en masa la frontera internacional de Texas entre 2021 y 2023.

La jueza de circuito Priscilla Richman presentó un voto discrepante, en desacuerdo con la decisión de la mayoría de denegar la legitimación procesal.

El Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, al menos, tendría legitimidad para solicitar una orden judicial, ya que si la ley estatal anulada entrase en vigor, tendría que utilizar sus recursos para representar a clientes en el sistema de inmigración estatal, dijo.

Richman señaló que habría analizado el fondo del asunto y respaldado la orden judicial de la corte de distrito que prohibe la aplicación de la ley.

"Las leyes federales vigentes permiten a Texas ayudar al gobierno federal a detener a inmigrantes ilegales si este lo solicita. Pero Texas no puede promulgar su propio régimen de inmigración", dijo.

Un panel de tres jueces del Quinto Circuito confirmó en julio de 2025 la orden judicial emitida por la corte de distrito en febrero de 2024, considerando que la ley SB 4 habría interferido en los esfuerzos del gobierno federal por hacer cumplir las leyes de inmigración del país.

Mientras tanto, en marzo de 2024, la Corte Supremo de los Estados Unidos autorizó brevemente la entrada en vigor de la ley. Poco después, la corte del Quinto Circuito bloqueó temporalmente la ley a la espera de una revisión más exhaustiva.

Posteriormente, el pleno del Quinto Circuito accedió a la solicitud del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, de reconsiderar el caso.

Paxton celebró la nueva resolución.

"Mi oficina ha conseguido otra gran victoria para Texas al defender la ley SB 4 ante el Quinto Circuito", declaró Paxton en un comunicado.

"El derecho de Texas a arrestar a inmigrantes ilegales, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir la ley de inmigración es fundamental. Esta es una gran victoria para la seguridad pública y el orden público", dijo.

The Epoch Times se puso en contacto con el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y American Gateways para recabar sus comentarios. No se recibió ninguna respuesta antes de esta publicación.

Con información de Reuters y Jack Phillips.


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