México afirmó este martes que ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018 sin que se haya concluida ninguna, y defendió su decisión de exigir información adicional en procesos contra mexicanos señalados por Washington, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico.
“Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir”, señaló durante la conferencia de prensa presidencial el canciller, Roberto Velasco.
Además, señaló que de los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición; mientras que de las 50 solicitudes de detención provisional aún abiertas, en 47 casos las autoridades estadounidenses pidieron información adicional.
“En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales”, sostuvo.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que solicitar pruebas complementarias en casos de extradición o detención provisional está previsto en el tratado entre ambos países.
“La conclusión jurídica (...) permite a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso que tiene varias fases, mayor información sobre las solicitudes de extradición”, afirmó.
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Velasco explicó que México está obligado a revisar exhaustivamente las solicitudes antes de proceder, especialmente cuando involucran a ciudadanos mexicanos.
“Nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano”, dijo.
Añadió que, si la descripción de un delito es insuficiente, el gobierno mexicano tiene la obligación legal de requerir más elementos.
“Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder”, apuntó.
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El gobierno mexicano defendió este criterio ante críticas surgidas tras las acusaciones de EE. UU. contra 10 mexicanos, incluido Rocha Moya, al insistir en que el procedimiento responde a obligaciones jurídicas.
Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, reclamó falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes.
“Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. (El caso) Ayotzinapa no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, añadió.
Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó hace poco más de dos semanas licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso.
El caso ha generado una fuerte controversia política en México y aumentado las tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.
