México explicó el motivo por el cuál inmovilizó las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y los otros 9 políticos mexicanos acusados de vínculos con el narco luego de alertamientos de bancos mexicanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante su conferencia matutina este 18 de mayo, que el congelamiento de cuentas de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, respondió a un procedimiento preventivo derivado de acciones judiciales iniciadas en Estados Unidos. Asimismo, informó que en breve se emitiría el comunicado oficial por parte del gobierno.
El pasado viernes 15 de mayo, la presidenta fue cuestionada sobre el bloqueo de cuentas al gobernador en licencia de Sinaloa, a lo que respondió que no tenía conocimiento, pero que investigaría sobre ello.
La Secretaría de Hacienda de México informó el día de hoy, a través de un comunicado, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas ocurrieron "con carácter estrictamente preventivo", a partir de alertamientos emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
La UIF explicó que los bancos mexicanos, debido a sus relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, activaron alertas internas sobre clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Sheinbaum explicó que las alertas se activan automáticamente cuando instituciones bancarias mexicanas detectan riesgos asociados con señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses, información confirmada en el comunicado de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, el objetivo de la inmovilización preventiva de cuentas es "proteger la integridad del sistema financiero nacional".
La UIF también subrayó que estas acciones "no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna", sino que forman parte de medidas administrativas de carácter preventivo.
También precisó que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, incluida la Garantía de Audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales previstos en la legislación mexicana.
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En otros temas relacionados con la acusación realizada por parte de EE. UU. al grupo de funcionarios y exfuncionarios reclamados por Washington, la mandataria mexicana confirmó el día de hoy, que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregaron por voluntad propia a autoridades estadounidenses.
Mérida Sánchez y Díaz Vega son acusados específicamente de conspiración para la importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, según detalla el Departamento de Justicia en un comunicado.
Según las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses, los implicados habrían favorecido operaciones del Cartel de Sinaloa, mediante el intercambio de información y facilidades para el traslado de drogas hacia Estados Unidos a cambio de presuntos sobornos millonarios.
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Al ser cuestionada por la detención de estos funcionarios, Sheinbaum dijo que no ve un riesgo en lo que estos políticos declaren en Estados Unidos y que fue decisión de ellos entregarse a la justicia estadounidense.
El Cartel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense en febrero de 2025. Según Washington, se trata de uno de los cárteles más poderosos del mundo y uno de los mayores traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia el país norteamericano. Además, se le acusa de utilizar la violencia para asesinar y secuestrar a funcionarios de gobierno, periodistas y civiles.
El DOJ dijo a The Epoch Times Español a principios de mayo que mantiene la acusación contra los 10 políticos mexicanos y que presentará "pruebas claras en el juicio". La agencia hizo esta declaración en respuesta a la postura de México —reiterada de manera recurrente por la presidenta Sheinbaum— sobre que no "existen pruebas" contra Rocha Moya y los otros 9 señalados.
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