Una operación policial de varios meses ha dado lugar a la detención de 491 fugitivos que vivían en viviendas subvencionadas por el gobierno.
La iniciativa interinstitucional, denominada "Operación Clean House", fue llevada a cabo por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), junto con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y otros socios de las fuerzas del orden estatales y locales en 12 ciudades, entre ellas Memphis, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Columbus y Minneapolis, según informó el HUD en un comunicado del 8 de octubre.
"No permitiremos que los depredadores criminales y los estafadores utilicen las viviendas del HUD como refugio ni que vivan a costa del contribuyente", afirmó en el comunicado el secretario del HUD, Scott Turner.
"La Operación Clean House expulsó a peligrosos traficantes de drogas, violadores y delincuentes sexuales, y ha garantizado una verdadera rendición de cuentas. El presidente Trump prometió restaurar las ciudades estadounidenses que en su día fueron grandes, y estamos cumpliendo esa promesa haciendo que nuestras comunidades sean más seguras".
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Entre las personas detenidas se encuentran las buscadas por delitos graves como violación, asesinato, agresión con agravantes, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas, fabricación de artefactos incendiarios y delitos relacionados con armas, según indicó la OIG del HUD en un comunicado del 5 de octubre. Las autoridades incautaron 10 armas de fuego como parte de la operación.
La operación formaba parte de una iniciativa más amplia para garantizar la seguridad de las viviendas subvencionadas por el HUD.
En un comunicado del 28 de septiembre, la OIG había anunciado la detención de 41 fugitivos que vivían en la región de Filadelfia en viviendas subvencionadas por el gobierno federal.
Entre los delincuentes violentos se encontraban personas vinculadas a delitos contra menores, incendios provocados, robos a mano armada y tiroteos.
Lucha contra el fraude en el HUD
Como parte de los esfuerzos para combatir el fraude que afecta a los programas de vivienda, un gran jurado procesó el mes pasado a cuatro personas por una estafa hipotecaria de 7.3 millones de dólares dirigida contra los programas de la Administración Federal de Vivienda (FHA) y del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), según informó la OIG en un comunicado del 21 de septiembre.La acusación alega que los imputados conspiraron para que prestatarios no aptos cumplieran los requisitos para obtener préstamos hipotecarios de la FHA, la VA y préstamos hipotecarios convencionales, falsificando registros de empleo, ingresos y bancarios, así como otros documentos financieros.
"Poner fin al fraude en el Programa de Préstamos para la Vivienda de la VA no se trata solo de proteger los recursos, sino de salvaguardar las prestaciones que nuestros veteranos se han ganado", afirmó en el comunicado la inspectora general Cheryl L. Mason, del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Además, la OIG del HUD ha llevado a cabo auditorías sobre el uso de los fondos de los contribuyentes en programas de vivienda y ha identificado casos de pagos indebidos.
El 22 de septiembre, el organismo federal de control anunció los resultados de dos importantes auditorías que revelaron más de 2700 millones de dólares en pagos indebidos previstos anualmente en dos programas de ayuda al alquiler.
La OIG identificó 1290 millones de dólares en pagos indebidos en un programa de ayuda al alquiler para viviendas multifamiliares y 1430 millones de dólares en pagos indebidos en el programa de ayuda al alquiler basada en los inquilinos para viviendas públicas e indígenas.
El organismo de control destacó que estos pagos indebidos corresponden a fondos que no llegaron a personas mayores, familias con bajos ingresos y personas con discapacidad. Entre los errores detectados en los programas figuraban cálculos incorrectos del alquiler y de los ingresos, documentación obsoleta y falta de documentación que acreditara el derecho a recibir las ayudas.
Durante nueve años consecutivos, el HUD no presentó las estimaciones obligatorias de pagos indebidos para estos programas, tal y como exige la Ley de Información sobre la Integridad de los Pagos, señaló la OIG.
"Estas auditorías refuerzan el papel fundamental que desempeña la supervisión a la hora de proteger el dinero de los contribuyentes", afirmó en el comunicado la inspectora general adjunta de Auditoría, Kilah S. White.
"Los pagos indebidos a esta escala no son solo cuestiones contables; son oportunidades perdidas para apoyar a las familias estadounidenses. Nuestro trabajo garantiza que los recursos federales destinados a la vivienda se gasten de forma adecuada, eficiente y con integridad".
La OIG instó a los responsables del HUD a reforzar la supervisión de las agencias de vivienda pública, aplicar medidas de control de calidad para garantizar la recopilación de información precisa sobre los inquilinos, simplificar los requisitos onerosos y modernizar los procesos.
La OIG señaló que mejorar la precisión de los pagos en dichos programas es fundamental, ya que permitiría que las familias que cumplen los requisitos dispongan de más ayudas al alquiler.
