El 27 de enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solicitó a una corte federal que suspendiera una demanda presentada por Luisiana, cuyo objetivo es revertir la desregulación impulsada por la administración Biden respecto a la píldora abortiva mifepristona.
La agencia pidió a una corte federal que "suspenda todos los procedimientos en el asunto" mientras estudia su política actual que permite enviar mifepristona por correo a las pacientes sin necesidad de una visita en persona al médico.
En un documento adjunto, la FDA indicó que este tipo de procesos "a menudo suelen tardar aproximadamente un año o más en llevarse a cabo", aunque expresó su intención de "completar el estudio ‘antes de ese plazo’".
"Dado este debate generalizado sobre la seguridad de la mifepristona, la FDA ha concluido que el mejor camino a seguir es que la agencia reconsidere las restricciones sobre este medicamento basándose en toda la evidencia disponible", señaló la FDA en su escrito.
"[Luisiana] ahora amenaza con interrumpir el proceso ordenado de revisión y estudio sobre los riesgos de seguridad de la mifepristona por parte de la agencia, al solicitar a esta corte una suspensión inmediata [de la política]", añadió.
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El informe de la FDA también argumentó que, como Luisiana no sufre ningún daño continuo a causa de la política, el estado carece de legitimación para demandar.
En 2024, Luisiana designó a la mifepristona, (una versión genética de la píldora abortiva), como una "sustancia controlada", lo que en la práctica prohibe su venta y posesión en el estado.
Sin embargo, a pesar de esta prohibición se han seguido enviado pastillas por correo a Luisiana.
"[La política no] requiere que [Luisiana] haga algo o se abstenga de hacer algo", se lee en el informe de la FDA.
"Aunque la disponibilidad de venta minorista en farmacias y por correo hace que la mifepristona sea más difícil de controlar, esa carga logística para las fuerzas del orden no constituye un perjuicio reconocible en virtud del Artículo III".
El artículo III de la constitución requiere que las partes demuestren un daño real para tener legitimación en una demanda.
Luisiana ha argumentado que la política federal obstaculiza sus esfuerzos por prohibir el aborto en todo el estado y que, supuestamente facilita abusos.
"El presidente Biden ordenó a su administración 'identificar todas las formas' de garantizar el acceso al aborto en aquellos estados que, tras la sentencia Dobbs, optaron por proteger la vida de los no nacidos", escribió Luisiana en su demanda inicial.
"Desde que la FDA permitió efectivamente la dispensación 'a ciegas' sin la atención presencial de un médico, actores malintencionados han podido obtener medicamentos abortivos aprobados por la FDA a través de prescriptores en otros estados y luego mezclarlos secretamente en las bebidas de las mujeres sin su conocimiento u obligarlas a tomarlos en contra de su voluntad".
Susan B. Anthony, de Pro-Life America, criticó a la administración Trump por defender la disponibilidad del medicamento.
"La administración Trump-Vance se niega a restablecer las mínimas barreras de seguridad en los medicamentos abortivos letales enviados por correo", dijo la presidenta Marjorie Dannenfelser en un comunicado del 27 de enero.
Algunos médicos han argumentado que la píldora no es segura para las mujeres.
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"Esta combinación de medicamentos [mifepristona] se promociona incorrectamente como tan 'segura como el Tylenol', una narrativa falsa que se ha utilizado para justificar la eliminación de importantes salvaguardas sobre el aborto químico, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres y las niñas", dijo la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida en su sitio web.
En 2021, la FDA desestimó estas preocupaciones.
"Los estudios no muestran un aumento en problemas graves de seguridad", escribió entonces la comisionada interina de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock, en una carta dirigida a profesionales médicos.
Luisiana es el único estado del país donde la posesión de mifepristona sin receta médica está prohibida y conlleva sanciones penales. Además, el estado mantiene una prohibición casi total de los procedimientos abortivos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha condenado los esfuerzos de Luisiana por prohibir el medicamento.
"El ataque [de Luisiana] tiene un único propósito: dificultar al máximo que las personas en todo el país puedan acceder a un aborto", escribió Julia Kaye, abogada de la ACLU, en una declaración .
