El 2 de febrero, un juez federal dictaminó que la administración Trump no podía poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos haitianos en Estados Unidos, lo que afecta a la capacidad del gobierno para deportarlos.
La jueza federal de distrito Ana C. Reyes sostuvo que la decisión de la administración de poner fin al estatus de protección para los haitianos, mediante una orden anunciada en noviembre, violaba la ley federal.
La decisión impide que el TPS para los haitianos finalice el 3 de febrero, fecha en la que estaba previsto que expirara según la orden de la administración.
“La secretaria no consultó [con otras agencias gubernamentales]. Al poner fin a la designación del TPS de Haití sin consultar, actuó en contra de la ley y excedió su autoridad legal”, escribió Reyes en un dictamen publicado el 2 de febrero.
Reyes también escribió que "el presidente Trump ha hecho, libremente, a veces incluso con jactancia, varias declaraciones despectivas sobre los haitianos y otros extranjeros no blancos", lo que, según ella, era una prueba de la intención discriminatoria detrás de la decisión que la hacía ilegal.
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"Corte Suprema, allá vamos. Se trata de un activismo ilegal que será reivindicado", escribió la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en las redes sociales en respuesta a la decisión. "El TPS de Haití se concedió tras un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años, nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas".
"Temporal significa temporal y la última palabra no la tendrá un juez activista que legisla desde el estrado", añadió McLaughlin.
El caso fue iniciado por varios ciudadanos haitianos que habían recibido el estatus temporal y demandaron al departamento el 30 de julio para evitar la revocación.
Según el Foro Nacional de Inmigración, más de 300,000 haitianos han recibido la designación y se encuentran actualmente en Estados Unidos.
Los haitianos implicados en el caso argumentaron que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para ustedes no se ajustaba a la realidad de la situación actual de Haití.
Dijeron que dicha revocación violaba la Ley de Procedimiento Administrativo por ser "arbitraria [y] caprichosa", así como la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el gobierno no puede privar a una persona de su libertad sin el "debido proceso legal".
El Departamento de Seguridad Nacional inicialmente trató de poner fin al TPS para los ciudadanos haitianos el 2 de septiembre.
Sin embargo, el departamento tuvo que volver a emitir la notificación de terminación, con una fecha posterior del 3 de febrero, debido a la orden de un juez federal de distrito en un caso separado.
El 3 de febrero es la fecha en la que estaba previsto que finalizara el estatus de protección de los haitianos, tras haber sido prorrogado por la administración Biden en julio de 2024.
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"El trato desigual por motivos de nacionalidad está permitido en el ámbito de la inmigración", escribió el Departamento de Justicia en los documentos judiciales del caso.
"El ejecutivo puede decidir 'antagonizar a un país extranjero en particular centrándose en los nacionales de ese país', y los tribunales 'no están preparados para determinar' la autenticidad o la idoneidad de esas razones", añadieron, refiriéndose a los casos de la Corte Suprema que prohíben a los tribunales revisar las decisiones de política exterior por considerarlas "cuestiones políticas".
A continuación, el departamento argumentó que la administración estaba justificada para revocar el TPS por motivos de interés nacional.
En el caso separado, el juez federal sostuvo que cambiar la fecha perturbaría ilegalmente la vida de los beneficiarios haitianos del TPS.
“[Los beneficiarios del TPS] ‘ahora tienen menos de [tres] meses para organizar el transporte a Haití; encontrar una vivienda en la que puedan vivir a su regreso; buscar trabajos con los que puedan mantenerse después de regresar; organizar la atención médica para tratar las afecciones existentes y las que puedan contraer en Haití; y asegurar fuentes confiables de alimentos”, escribió el juez federal de distrito Brian Cogan en una orden en el caso independiente, que devolvió la fecha de cualquier terminación del TPS a no antes del 3 de febrero.
La administración Trump ha defendido su decisión basándose en las condiciones de Haití.
"Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal", escribió un portavoz del departamento en un comunicado de prensa tras el primer intento de revocación, el 27 de junio.
"La situación medioambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a su país de forma segura", añadieron.
Los beneficiarios haitianos del TPS que presentaron la demanda argumentaron lo contrario, que Haití sigue siendo demasiado violento e inseguro para su regreso.
"Haití es una nación sumida en el caos. En los últimos años, las pandillas violentas se han apoderado de Haití, estableciendo un modelo similar al de la mafia que está tan arraigado que el país apenas puede funcionar sin su consentimiento", escribieron los demandantes haitianos en su denuncia.
El estatus de protección temporal ha sido revocado para varios países durante el segundo mandato de Trump.
A los nacionales de Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur y Myanmar, entre otros, que se encuentran en Estados Unidos se les ha revocado el TPS.
Muchas de estas medidas han sido objeto de impugnaciones en los tribunales federales.
Según la legislación federal, el secretario de Seguridad Nacional debe revisar periódicamente las condiciones de los países para determinar si los beneficiarios del TPS pueden regresar de forma segura a sus países de origen.
